El legado del régimen militar
Para quienes nacieron, crecieron, llegaron a la mayoría de edad y recibieron sus primeros derechos bajo el imperio de la Constitución de 1980 les puede resultar muy difícil emitir un juicio respecto de ella, más aún si éste cuestiona su legitimidad.
La Carta fundamental que hoy rige nuestros destinos generan polémica tanto por su emisión como por su contenido. Este documento dicta como un país debe regirse ejecutiva, judicial y legislativamente, por lo que el contexto de su creación es de suma importancia.
El once de septiembre de 1980, mediante un plebiscito, fue aprobada una nueva institucionalidad. Era necesaria una constitución más apegada a la realidad del país, con una tradición presidencialista muy marcada, característica que ha perdurado a pesar de las 15 reformas a las que se ha visto sometida.
De esto se desprenden diversos puntos de vista, hay quienes afirman que su legitimidad se ve inmediatamente invalidada por haber sido hecha en dictadura, otros opinan que, a pesar del contexto de su origen, ha estado sujeta a profundos cambios y que al día de hoy se parece mucho más a una constitución democrática que a una propia de tiranía.
¿Se siguieron los pasos correctos para ser formulada y aprobada?
Se parte del hecho de que ésta fue impuesta en un país que se encontraba en Estado de Sitio, es decir, sin ninguna garantía ni derecho constitucional en vigor, sin listas electorales ni sindicatos. De origen espurio.
El pueblo es quien debe votar una Constitución para sí mismo; solamente de esa manera será suya y la sentirá como propia. Será democráticamente legítima una nueva, si y sólo si, se basa en el poder constituyente del pueblo.
Debe ser la ciudadanía quien de manera libre decida tal o cual forma de organización o de estructuración del proceso político. Debe existir un proceso legal y representativo, ya que, la carta fundamental que rige hoy está marcada por su contexto histórico y se le conoce como la Constitución de Pinochet.
¿Qué medidas dejó la Constitución?
El sistema binominal fue el modelo de elección de parlamentarios que rigió en Chile desde el retorno a la democracia hasta el 2015, cuando el gobierno de Michelle Bachelet lo reemplazó por un sistema de mayor representación. El antiguo modelo, heredado de la dictadura, fue una escollo en la vida democrática del país porque según sus opositores mantenía el estatus quo, no permitía el ingreso a la competencia política de nuevos actores y excluía a las minorías.
El sistema binominal obligaba a competir en bloques y a establecer alianzas entre sectores que, muchas veces tenían profundas diferencias (el caso más llamativo era la alianza entre la Democracia Cristiana y el partido Comunista).
Los defensores del binominal destacaban que aportaba estabilidad al país, ya que impedía fuertes fluctuaciones en la administración. También, exigía llegar a grandes acuerdos en el Congreso para aprobar las leyes más importantes.
En este escenario era imposible que las minorías tuvieran alguna forma de participación en la administración del país, por lo que esta fórmula resultaba demasiado injusta para los tiempos de inclusión que rigen actualmente.
La Constitución actual puede considerarse ilegítima, no tanto por su contenido, ya que ha sido profundamente reformada, sino por su origen y objetivos. Nació con el fin de conservar el orden impuesto y que éste se mantuviese en años posteriores.
La concepción de ella no cambiará, por más que esta se reforme, siempre será asociada con el apellido Pinochet, para que el pueblo se sienta identificado con su carta fundamental, esta debe ser votada por la ciudadanía en condiciones que se consideren legítimas.
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