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Columna de Opinión

¿Por qué se considera necesaria la separación de los poderes?

El Estado Moderno


Para entender de mejor manera el concepto de Estado Moderno debemos remontarnos a la definición de nación, la cual se refiere a una comunidad social-política común, que comparte un territorio. Ahora, cuando esta estructura se desarrolla y se le otorga un orden social, jurídico y económico, podemos referirnos a un Estado. El Estado Moderno es hoy la representación de la soberanía popular traspasada a una administración que se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno de ellos autónomos e interdependientes, lo que establece una relación fiscalizadora.

Actualmente, este sistema es el que predomina en el mundo, aunque hay otros modelos como el totalitario, que rigen en países como Cuba y China. En estos Estados en vez de dividir los poderes, se tienden a concentrar en una sola estructura.

¿Por qué se considera necesaria la separación de los poderes del Estado?


La situación actual en Venezuela, según la OEA, representa un ejemplo del problema que supone ignorar las normas básicas del Estado Moderno, porque a pesar de estar compuesto en base a los tres poderes, el ejecutivo interviene en los demás y toma el control absoluto optando por medidas extremas, tales como disolver el Congreso o encarcelar a sus opositores. 

Uno de los precursores más reconocidos del Estado Moderno, Charles Louis de Secondat “Montesquieu”, en su obra “El espíritu de las leyes” desarrolla el valor de la división de los poderes del Estado. “Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente”.

Haciendo alusión al problema que conlleva albergar todos estos poderes en un organismo, Montesquieu declara que “el poder de decidir la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador” 

Por su parte, el otro gran precursor de este fundamento, Jean Jacques Rousseau postula, apuntando a los Estados totalitarios, que Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud y regir una sociedad.”

Los poderes del Estado en Chile


La división de los poderes del Estado en nuestro país se implementó en la Constitución de 1828, y se ha mantenido de esta manera, siendo reconocida aún en la carta fundamental de 1980, que se representa en 3 niveles:

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Ejecutivo: Liderado por el presidente de la república, quien administra el Estado, vela por el orden público y propone proyectos de ley.

Legislativo: Representado por el Congreso, dividido en 2 cámaras, de Diputados y Senado, que representan a la ciudadanía, aprueban y rechazan leyes, además de fiscalizar actos de Gobierno.

Judicial: Está integrado por la Corte Suprema, las cortes de Apelaciones (una por región), el Ministerio Público, la Defensoría y tribunales de familia, garantía, entre otros. Todos ellos determinan qué le corresponde a cada persona ante la ley.

“En una democracia, el Poder Judicial tal como ocurre con los poderes Legislativo y Judicial, está dotado de autonomía e independencia.”

Ya entendido lo que es el Estado y qué se necesita para su correcto funcionamiento, podemos preguntarnos: ¿Funciona correctamente en Chile? La primera respuesta a esta interrogante es que sí existe una marcada separación de los 3 poderes que cumplen la función de fiscalizarse entre ellos, un claro ejemplo son las interpelaciones que el Congreso hace a los ministros que son parte del ejecutivo.

Asimismo, cabe destacar que tras los escándalos derivados por financiamiento irregular de campañas políticas de parlamentarios de todos los sectores políticos (poder legislativo), se realizaron las correspondientes investigaciones y acusaciones del Ministerio Público. Estas terminaron con condenas de los tribunales correspondientes (poder judicial) a los honorables involucrados.

Sin embargo, existen situaciones como la del caso Caval, donde emergen ciertas dudas respecto de la independencia del poder judicial y el ejecutivo cuando el fiscal a cargo de la investigación, Luis Toledo, desestimó procesar a Sebastián Dávalos (hijo de la Presidenta de la República) y más tarde fue nombrado notario por orden superior. Más tarde se revocó su nombramiento

Estos casos demuestran que, en Chile, como en toda democracia existe imperfecciones en el sistema pero en definitiva hay independencia de los poderes del Estado y fiscalización entre ellos.

 

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Michel Nahas Miranda

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