Durante la jornada de mañana miércoles diputados de oposición presentarán las firmas necesarias para interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices, por el protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Casuales.
Así lo confirmó la diputada radical Marcela Hernando, quien encabeza la iniciativa, asegurando que “existen razones fundas suficientes para pedirles razones al ministros sobre por qué se pasa por sobre el espíritu de la ley”.
“Hay algunos temas en lo que vamos a tener que defender cosas que habíamos dado por finiquitadas, pero eso no significa que nos detengamos en la búsqueda de consenso”, comentó la parlamentaria.
Esta, como indicó, sería una de las estrategias que están siguiendo para que en definitiva el gobierno retire el mencionado protocolo y que se establezca “un reglamento que interprete lo que de verdad quisimos legislar en el Congreso”.
En ese sentido, se mostraron a favor de la causa que presentó el PS y el PPD ante la Contraloría General, a fin de que también revisen la legalidad de los cambios realizados.
Desde el Ministerio, en tanto, aseguraron que “aún no existe una información oficial sobre la interpelación”, por lo que declinaron entregar detalles.
Los Cambios
A dos semanas de asumir la nueva administración, aparecieron publicados en el Diario Oficial los cambios que realizó este gobierno al protocolo, entre los cuales se decidió eliminar el numeral dos respecto de la objeción de conciencia institucional, que hacía alusión a los convenios con el Estado. Asimismo, redujo los requisitos para las instituciones, excluyendo la necesidad de justificar “en base a creencias, valores idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos”, la decisión de objetar.
El ministro de Salud, Emilio Santelices, aclaró que tanto la ley como el reglamento no han sufrido modificaciones, sino que un documento administrativo como es el protocolo, añadió que se concluyó que mantener ese documento como estaba, podría acarrear problemas en la atención de algunos pacientes
Esto, ya que si las clínica que tenían convenio con el Minsal en prestaciones exclusivamente ginecoobstétricas, decidían finalmente ser objetoras de conciencia, debía dejar de mantener dicho convenio, lo que iba en directo perjuicio de los pacientes públicos.
Santelices indicó que “el fundamento que prevaleció es que no existiendo una vulneración de la ley, ni del reglamento, no existiendo una pérdida de los derechos de las mujeres y no habiendo un costo adicional para ellas, mantener el protocolo como estaba generaba una figura en donde podrían verse muchas personas perjudicadas por no poder acceder a la atención pública en estas instituciones”.
En esa línea, Santelices calificó como un “error administrativo” de la administración anterior el haber relacionado la objeción de conciencia a un ámbito contractual entre instituciones.
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