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SMA sanciona con $556 millones a Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A.

La empresa, titular del Plantel de Cerdos Rucapequén, fue multada por deficiencias en el manejo de purines, tras recibir más de 450 denuncias ciudadanas.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) impuso una sanción de 703 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $556 millones, a la empresa Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A., titular del “Plantel de Cerdos Rucapequén”, debido a deficiencias en el tratamiento, manejo y disposición de purines.

El caso se originó por más de 450 denuncias ciudadanas vinculadas a olores molestos provenientes de las instalaciones del proyecto, ubicadas a 15 kilómetros al sur poniente de la ciudad de Chillán. Estas molestias han generado dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolores de garganta en la comunidad colindante.

La SMA ha llevado a cabo una serie de fiscalizaciones y requerimientos de información al titular del proyecto. También ha ordenado medidas provisionales pre procedimentales y procedimentales. En abril de 2022 y marzo de 2023, la Superintendencia inició dos procedimientos sancionatorios, resultando en cinco infracciones contra la empresa.

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El Plantel de Cerdos Rucapequén comprende dos sectores: Rucapequén 1, con 40 pabellones y una capacidad de albergue de 47.000 cerdos, y Rucapequén 2, con 47 pabellones y capacidad para 65.800 cerdos. El proyecto incluye un sistema de tratamiento de purines mediante biodigestión, que acumula los efluentes en una laguna de 90.000 m3 para ser utilizados en riego como digestato.

Entre los principales cargos imputados se encuentra el tratamiento, manejo y disposición deficiente de purines, ya que la empresa no cumplió con los límites máximos comprometidos en la evaluación ambiental para el efluente aplicado en riego, generando emisiones atmosféricas significativas. La empresa también realizó riego con digestato que no cumplía con las exigencias de la RCA 347/2015.

Declaraciones oficiales

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “el cumplimiento de las normativas ambientales es un requisito para el funcionamiento de cualquier actividad y para ser parte de un Estado de Derecho“. Añadió que “en este caso se presentaron más de 450 denuncias, se realizaron diferentes fiscalizaciones y diligencias asociadas al proyecto, donde se constataron incumplimientos a las autorizaciones ambientales, provocando malos olores. Lo cual, dio origen al procedimiento administrativo sancionatorio respectivo”.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el pago de la multa deberá realizarse en la Tesorería General de la República dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.

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