El PSOE propone limitar el rol de la acusación popular y reformar el Poder Judicial para frenar “acoso judicial”
En medio de una creciente presión judicial sobre figuras cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PSOE presentó en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica que apunta a limitar el alcance de las investigaciones judiciales y restringir el rol de la acusación popular, especialmente para partidos políticos y asociaciones sin vínculo con los casos.
La propuesta incluye medidas como:
- Restricción de la acusación popular: Los partidos políticos solo podrán participar en la fase inicial del juicio o recurrir sobreseimientos, dejando la instrucción en manos del Ministerio Fiscal.
- Inadmisión de querellas sin pruebas contundentes: Se busca eliminar la apertura de procesos basados únicamente en recortes de prensa o sin indicios claros.
- Supresión del delito de ofensas religiosas: Una reforma que elimina el artículo 525 del Código Penal, utilizado en casos recientes contra artistas y figuras públicas.
- Recusación de jueces con manifestaciones políticas: La Ley Orgánica del Poder Judicial será modificada para evitar que magistrados con opiniones públicas sobre partidos políticos participen en procesos relacionados con estas organizaciones.
Contexto político y reacciones
El portavoz socialista, Patxi López, justificó la propuesta como una forma de frenar el “uso político de los tribunales” por parte de sectores de derecha y extrema derecha. “El objetivo es proteger el prestigio y neutralidad del Poder Judicial frente a injerencias que buscan fines políticos”, señaló López en una rueda de prensa.
Sin embargo, desde la oposición, el PP y Vox han denunciado la iniciativa como un intento de “blindar la impunidad” del entorno de Sánchez. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, afirmó que su partido “utilizará todos los instrumentos a su alcance” para bloquear la norma, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparó la medida con prácticas propias de una dictadura.
Implicaciones de la reforma
La propuesta llega en un momento crítico, con varias investigaciones en curso que afectan al entorno de Sánchez, incluidas causas contra su hermano, su esposa Begoña Gómez y figuras como el exministro José Luis Ábalos. Aunque estas investigaciones han sido avaladas por tribunales superiores, el PSOE insiste en que muchas se basan en “filtraciones interesadas” y carecen de fundamento sólido.
La reforma también pretende acelerar su tramitación mediante una proposición de ley, que no requiere informes previos de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial.
Críticas desde la sociedad civil
La eliminación del delito de ofensas religiosas ha generado reacciones mixtas. Grupos progresistas y defensores de la libertad de expresión celebran la medida, pero sectores conservadores la ven como una cesión ante movimientos que promueven la “ofensa deliberada”.