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Internacional

Alejandro Giammattei: Corrupción e inseguridad son los retos del nuevo presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei es un ex director de sistema penitenciario cuyo mandato se vio empañado por el asesinato de siete prisioneros en 2006 durante una redada policial. Fue acusado, pero nunca enfrento cargos relacionados con esas muertes.

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CNN Español

El próximo presidente de Guatemala será Alejandro Giammattei, un derechista ex director del sistema penitenciario nacional.


Con el 58% de los votos, Giammattei venció a la ex primera dama Sandra Torres por 16 puntos en la segunda ronda de las elecciones de Guatemala el 11 de agosto. Fue su cuarta candidatura a la presidencia.

Como candidato, Giammattei habló de crear empleos y de luchar contra el crimen en este país centroamericano pobre y asolado por la violencia. Pero su campaña ofreció pocas propuestas políticas excepto adoptar mano dura contra las pandillas como la MS-13 que operan con impunidad en Guatemala, construir nuevas cárceles y restablecer la pena de muerte.

Giammattei aún no ha acordado implementar el polémico acuerdo reciente de su país con la administración Trump para evitar que los migrantes centroamericanos atraviesen Guatemala.

Entre los partidarios de Giammattei, de 63 años de edad, se incluyen ex militares, la extrema derecha, evangélicos y líderes empresariales — esencialmente el mismo electorado que llevó al poder al presidente saliente Jimmy Morales. Pero las encuestas sugieren que Giammattei ganó principalmente gracias a la extrema impopularidad de su oponente, que tiene un historial de acusaciones de corrupción.

Muchos guatemaltecos expresaron su temor de que, independientemente de quién ganara la segunda ronda, esta elección representaría el final de la década de lucha de Guatemala por erradicar la enorme corrupción gubernamental.

No habrá más justicia


Giammattei es aliado del presidente Morales, quien es objeto de investigación por financiamiento ilícito de campaña.

Su círculo de allegados de ex generales y miembros de la élite que han gobernado el país durante décadas también respaldaron al desacreditado ex presidente Otto Pérez Molina, quien renunció durante un escándalo en 2015 y fue encarcelado horas después por corrupción.

Giammattei está estrechamente ligado a los viejos grupos de inteligencia militar que han dominado la política guatemalteca entre bambalinas desde el fin en la década de 1990 de una sangrienta guerra civil que duró 36 años.

Su mandato como director del sistema penitenciario nacional se vio empañado cuando siete presos fueron asesinados en circunstancias sospechosas en 2006 en la prisión guatemalteca de Pavón, un sitio célebremente problemático.

Según los fiscales, los asesinatos los cometió un escuadrón de la muerte de la prisión que trabajaba dentro de las cárceles, con la aprobación explícita de los administradores, para exterminar la “escoria” de la sociedad y los “enemigos del estado”. Tres de los asesinos fueron condenados por asesinato en Guatemala por las muertes en las prisiones.

Giammattei fue acusado de conspiración, pero fue absuelto en 2013. El año pasado, un tribunal suizo de apelaciones condenó a su cómplice acusado, el ex director de la Policía Nacional, Edwin Sperisen, a 15 años de prisión por los asesinatos.

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverria

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverría

No se esperaba que Giammattei se convirtiera en el presidente de Guatemala.

Al principio de la contienda, la favorita era Thelma Aldana, la ex fiscal general de Guatemala, con un excelente historial en la lucha anticorrupción. Pero en mayo quedó excluida del proceso electoral por presunta malversación financiera. Eso llevó a Sandra Torres al primer lugar, y dejó a Giammattei en un distante segundo lugar.

Muchos consideraron que el dictamen contra Aldana tuvo motivos políticos.

Como fiscal general de 2014 a 2018, Aldana trabajó estrechamente con el panel anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas conocido como CICIG. Desde su creación en 2007, la CICIG ha enjuiciado a tres ex presidentes y a más de 600 altos funcionarios en Guatemala por varios delitos, desde lavado de dinero y malversación de fondos hasta lazos con el crimen organizado.

Cuando el presidente Morales expulsó al Comisionado de la CICIG a principios de este año, Aldana protestó vehementemente. Posteriormente, abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

Giammattei dice que continuará la lucha contra la corrupción endémica, pero se opone a la CICIG, la cual apoyó su enjuiciamiento en el caso de la prisión de Pavón. A pesar de un apoyo popular del 72%, la comisión se desintegrará en septiembre.

Giammattei no ha ofrecido ningún plan concreto para continuar la limpieza del gobierno de Guatemala. Sin los investigadores y fiscales de la CICIG, es poco probable que Giammattei saque el país del pantano de la cleptocracia, la violencia y la pobreza extrema que provoca que miles de guatemaltecos desesperados huyan a otros países cada año.

Problemas en el futuro, problemas en el pasado


Mediante el soborno, la coerción y la amenaza de violencia, los carteles criminales se han infiltrado en el gobierno de Guatemala en los últimos 20 años.

Una investigación de la CICIG reveló que la mitad del financiamiento de los partidos políticos proviene del crimen organizado y la corrupción. En el congreso de Guatemala, a los diputados corruptos, a quienes se les conoce por aceptar sobornos, se les conoce localmente como el “Pacto de corruptos”.

El bloque más grande en el congreso entrante, que asumirá el cargo el 1 de enero, será del partido Unidad Nacional de la Esperanza de Torres. Apenas 17 de los 158 diputados guatemaltecos pertenecen al Partido Vamos de Giammattei.

Un pequeño bloque de diputados procederá de un nuevo partido de centroizquierda llamado Semilla, el cual nominó a Aldana como su candidata a la presidencia. La presencia de Semilla garantiza que Giammattei tendrá una oposición vocal en el congreso.

Se espera que una mayoría conservadora de diputados intente nuevamente aprobar una polémica ley de amnistía que perdonaría a ex militares condenados por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil de Guatemala y evitaría que se enjuicie a los acusados de violaciones de derechos humanos.

Dados sus vínculos con el ejército, Giammattei probablemente apoyaría esa ley de amnistía.

Los jueces guatemaltecos que, con el apoyo de la CICIG, han encarcelado a ex militares y políticos corruptos y genocidas han enfrentado investigaciones infundadas contra ellos y amenazas a su seguridad. Lo mismo les ha sucedido a los activistas defensores de los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente.

Estos ataques al estado de derecho en Guatemala normalmente generarían críticas del gobierno estadounidense. Pero por el momento no reciben respuesta alguna, ni de la administración Trump ni del nuevo presidente electo de Guatemala.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Internacional

Soleimani y la peligrosa escalada de asesinatos estadounidense

Se trata del último y más avance dramático encuadrado en la guerra subsidiaria que continúan librando EE UU e Irán.

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El Gobierno de los Estados Unidos asesinó al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds (el ala de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán), en un ataque aéreo que tuvo lugar en las primeras horas del día 3 de enero.


Se trata del último y más avance dramático encuadrado en la guerra subsidiaria que continúan librando EE UU e Irán. Gran parte de este conflicto se ha desarrollado en territorio iraquí, incluido el ataque reciente a la embajada estadounidense en Bagdad, cuya responsabilidad, según la Administración Trump, fue de la República de Irán. Como respuesta, las autoridades iraníes, con el ministro de Asuntos Exteriores Javad Zarif a la cabeza, acusando al país norteamericano de cometer un acto de “terrorismo internacional” al acabar con la vida de Soleimani en lo que han calificado como una “escalada extremadamente peligrosa y estúpida ”.

Si bien es demasiado pronto para predecir las consecuencias de esta última operación, la eliminación del general iraní supone un paso más en la política de crímenes y asesinatos selectivos de los Estados Unidos, amén de establecer un precedente arriesgado en el marco de la política internacional.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado en el que justifica el ataque con drones afirmando que Soleimani estaba “planificando activamente ataques a diplomáticos estadounidenses y miembros de las tropas en Irak y en toda la región”. En la declaración se recuerda con especial énfasis que el Gobierno americano considera a la Fuerza Quds una organización terrorista extranjera, además de subrayar que la acometida se escuda en la protección de las tropas desplazadas y en la determinación por impedir futuros ataques.

Sin embargo, Soleimani era, fundamentalmente, un poderoso militar extranjero que, por otra parte, no suponía ninguna amenaza inminente para los ciudadanos estadounidenses (o, al menos, no se conocen detalles sobre tal cuestión). Estos dos puntos, el tipo de objetivo eliminado y la naturaleza de la presunta amenaza, han sido siempre elementos cruciales en cualquier decisión del Gobierno de los Estados Unidos referente a llevar a cabo un asesinato selectivo o un ataque preventivo.

La justificación de los ataques: de Reagan a Obama


Desde mediados de la década de los 70, una orden ejecutiva prohibió a los organismos gubernamentales estadounidenses llevar a cabo asesinatos. No obstante, aunque mantuvo dicho mandato, la administración Reagan se esforzó por crear el espacio legal y político que necesitaba para eliminar terroristas cuando lo creyera conveniente. El criterio de la CIA y el Pentágono en ese momento valoraba el uso de la fuerza contra el terrorismo como un asunto completamente distinto, por lo que quedaba exento de responder ante la prohibición firmada por el presidente Gerald Ford.

Un elemento esencial para la justificación del Gobierno de Reagan, como quedó claro en la Directiva de Seguridad Nacional 138, se apoyaba en la consideración de las medidas como preventivas y siempre desplegadas en defensa propia contra objetivos que supusieran una amenaza inminente para los intereses y las tropas estadounidenses.

En perspectiva, podemos observar como un importante precedente para el asesinato de Soleimani el hecho de que algunos miembros del Gabinete de Reagan defendieran que los objetivos no tenían por qué ser terroristas, sino que podrían dirigirse ataques contra autoridades de Estados que apoyasen el terrorismo.

En este sentido, y aunque no existe un reconocimiento unánime, varias fuentes primarias y secundarias coinciden en que la administración Reagan intentó asesinar al líder libio Muamar el Gadafi mediante un ataque aéreo sobre su cuartel general y su casa, pero Gadafi sobrevivió al bombardeo. Los miembros del Gobierno estadounidense de la época negaron torpemente que el presidente libio constituyera un objetivo, pero esperaban, al igual que hace Trump en la actualidad, que el ataque funcionase como una medida disuasoria.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la persecución de terroristas y presuntos terroristas se convirtió en una prioridad de la política antiterrorista de Estados Unidos. Tanto es así que la cifra de ataques perpetrados con drones aumentó de manera considerable durante la primera legislatura de Barack Obama en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En su segunda legislatura, sin embargo, Obama realizó un tardío y poco convincente esfuerzo por adaptar la política antiterrorista estadounidense a los estándares legales internacionales en el desarrollo de acciones en defensa propia. La iniciativa se fundaba, en parte, en la premisa de que los terroristas controlados suponían una amenaza inminente para Estados Unidos. Lo cierto es que la administración Obama le dio un significado un tanto vago al concepto de “inminente”, y la justificación legal sentó unos precedentes internacionales que otros Estados, como Turquía o Pakistán, no han tenido ningún problema en seguir.

Aun así, el ataque con drones que mató a Soleimani va más allá incluso de la política reciente desplegada por el país norteamericano, y parece demostrar algo que permaneció implícito a lo largo de los años en los que Reagan ostentó el poder. Las acciones ejecutadas por Estados Unidos han dejado claro que la prohibición de llevar a cabo asesinatos excluía a terroristas no de Estado que supusieran una amenaza inminente. Soleimani estaba al frente de la guerra subsidiaria no declarada entre Estados Unidos e Irán, y es la ausencia de declaración la que podría haber convertido a Soleimani en un objetivo legítimo (como fue el caso del general Yamamoto en la Segunda Guerra Mundial). Al ocupar un cargo militar extranjero, su asesinato parece chocar con la prohibición o, cuanto menos, desafiar la orden ejecutiva.

La estrategia de Trump


La justificación oficial del Departamento de Defensa es un compendio detallado de las acciones elaboradas por Soleimani en el pasado:

Durante los últimos meses, orquestó ataques a bases de la coalición en Irak (entre los que se incluyen la ofensiva del 27 de diciembre) que provocaron que varios miembros de las tropas estadounidenses e iraquíes sufrieran graves heridas y algunos de ellos fallecieran. Asimismo, el general Soleimani aprobó los ataques sobre la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

De cualquier modo, no existen pruebas que demuestren la inminente amenaza que Soleimani supuestamente suponía. Esto puede parecer un asunto sin importancia, pero es la piedra angular que sostiene la justificación legal del ataque aéreo. Todo parece indicar que no fue asesinado por ser una figura amenazante, sino como represalia por los últimos acontecimientos y para evitar hipotéticos ataques en el futuro.

De hecho, Agnes Callamard, relatora de la ONU experta en ejecuciones extrajudiciales, ha expuesto que es muy probable que Estados Unidos haya procedido al margen de la legalidad en este caso.

El Gabinete de Trump se ha negado hasta el momento a desgranar y justificar su política de asesinatos selectivos, pero esta última operación socava aún más las leyes domésticas e internacionales, y lo que es peor: sienta un precedente peligroso para que se sucedan los asesinatos selectivos dentro del contexto internacional.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Dictadura 4.0: la prisión a cielo abierto de Argelia

Revisa las estrategias que tienen los candidatos políticos en las redes sociales con el fin de montar una realidad muy alejada de la verdad, para así acercar al votante a las urnas.

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Pixabay

La república islamista de Argelia celebró sus últimas elecciones presidenciales el pasado 12 de diciembre. El vencedor, Abdelmadjid Tebboune, ha reemplazado al anterior presidente del país, Abdelaziz Bouteflika.


A sus 82 años, enfermo y tras 20 años en el poder, Buteflika fue apartado de su posición en abril de 2019 vía un golpe de estado por el general y jefe de estado Ahmed Gaïd Salah. Este último falleció de un infarto el pasado 23 de diciembre.

Argelia es un régimen autocrático y militar que desde la primavera de este año se encuentra sumido en una revolución política y social, similar a las primaveras árabes de 2011.

Esta revolución liderada por la Hirak busca derrocar una duradera democracia de fachada personificada en una élite militar y política conocida como le pouvoir. Hasta abril de 2019, su mayor exponente fue Buteflika.

Se trata de una élite militar totalmente apartada de la realidad democrática, de su pueblo y sus gentes. Pretende hacer creer a la opinión publica occidental y a sus países vecinos que, en el fondo, lo que está intentando establecer es una democracia constitucional y parlamentaria apartada del régimen islamista militar. Pero nada más lejos de la realidad.

Los resultados de los últimos comicios han provocado numerosas protestas. Los manifestantes denuncian que Bouteflika solo perpetuará el gobierno de sus predecesores.

Control a través de la tecnología


Las intenciones son claras y evidentes: le pouvoir pretende mantener su hegemonía a toda costa y a través de cualquier medio.

Desde 2006 está manipulando y hackeando la arquitectura de la información en internet. El poder interviene y controla la Web 2.0 y 3.0, las tecnologías móviles como 3G y 4G, las redes sociales como Facebook o Instagram, YouTube, Vimeo, la prensa generalista y los mass media.

El estado de emergencia ha sido declarado en el país. Todos los movimientos son controlados, rastreados, geolocalizados, observados y monitorizados.

Le pouvoir ha encarcelado y asesinado a activistas, abogados e intelectuales que utilizan estos medios para denunciar las repetidas violaciones de los derechos humanos.

Estudio durante el Ramadán 2019


Durante el Ramadán de 2019, llevé a cabo un estudio de campo en Argelia, donde entrevisté a los principales actores de la revolución, activistas y abogados defensores de los derechos humanos tanto en la capital (Argel) como en la región autónoma del Kabyle.

Entre los entrevistados figuran la presidenta del Consejo Mundial Amazigh, Kamira Nat Said; el abogado y presidente de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), Salah Dabouz y los activistas mozabíes bereberes Hammou Aksil Chekebkeb y Salah Abbouna.

Las respuestas fueron ecuánimes: “Argelia es una prisión a cielo abierto”, una “dictadura 4.0”, que apoya el islamismo radical. Un estado cómplice donde las violaciones de los derechos humanos a minorías como los amazigh o los mozabíes bereberes -considerados ciudadanos de segunda- y su patrimonio cultural son una realidad.

Dos jóvenes sunitas durante la violencia intercomunal entre árabes sunitas de rito Malikit y miembros de la minoría amazigh o bereber Mzab de rito Ibadi, en la región de Ghardaïa (julio de 2014). Miguel Oliveros/Ligue Algérienne pour la Defense des Droits de l'Homme, Author provided

En la tierra de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, donde llevan comerciando como nómadas durante generaciones, el Gobierno autócrata, las fuerzas del ejército, la Policía y la Gendarmería son cómplices junto a los terroristas de ataques a mausoleos, negocios, propiedades, industrias y terrenos.

Imagen fue tomada durante la violencia intercomunal entre los árabes sunitas de rito Malikit y miembros de la minoría amazigh o bereber Mzab de rito Ibadi, en la región de Ghardaïa en julio de 2014. Miguel Oliveros/Ligue Algérienne pour la Defense des Droits de l'Homme, Author provided

Las evidencias digitales de estas violaciones, difundidas en internet, son borradas de manera sistemática por el brazo cibernético del poder. El régimen ejerce un control absoluto sobre las tecnologías de la información y su libre flujo, una violación directa al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Vehículo antibarricadas construido por la Societé Nationale de Vehicules Industrieles, fabricado originalmente en Argelia. Miguel Oliveros/Ligue Algérienne pour la Defense des Droits de l'Homme, Author provided

Piensen por un momento en lo difícil que es salvaguardar las imágenes y documentar estos procesos, en hacerlos accesibles y de carácter libre. En lo difícil que es enfrentarse sin estas pruebas a aquellos que apoyan la violación directa del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por eso, les pido que tomen conciencia. Apoyen a los defensores de derechos humanos y activistas que usan las tecnologías en red y la cultura del compartir con el fin de ejercer la libertad de opinión y expresión en la era de las prisiones a cielo abierto y las dictaduras 4.0.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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¿Cómo será el Brexit tras la aplastante victoria de Boris Johnson?

A veces ha dado la sensación de que el primer ministro británico quería el puesto principal solo para ostentarlo. Pero ahora tiene por delante cinco años para ejercerlo.

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Boris Johnson llega al palacio de Buckingham para ser investido primer ministro. / HANNAH MCKAY

La victoria de los conservadores en las elecciones generales del Reino Unido es, a la vez, un momento decisivo de claridad y un presagio de incertidumbre. El primer ministro Boris Johnson convocó elecciones con la promesa de “hacer efectivo el Brexit” y, ahora que acaba de obtener la mayoría parlamentaria, está en condiciones de cumplir a rajatabla su promesa.

La forma del Brexit ya se ha definido en el acuerdo de retirada que Johnson negoció con la Unión Europea en octubre, según el cual el Reino Unido abandonará la unión aduanera y el mercado único y celebrará un acuerdo de libre comercio más adelante.

Según ha afirmado Johnson reiteradamente durante la campaña electoral, su acuerdo de retirada está “listo para el horno”, no le hacen falta más negociaciones, y solo necesita que el Parlamento lo apruebe. Salvo que se produzcan contratiempos de última hora, el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de enero de 2020.

Pero hasta aquí llegan las certezas. La principal promesa electoral del Gobierno se habrá cumplido tras solo siete semanas en el cargo, lo que deja por delante otros cinco años para gobernar. Parte de ese tiempo se rellenará negociando acuerdos de comercio con la Unión Europea y otros países.

Sin embargo, a los gobiernos se los juzga normalmente por sus programas nacionales, y, como demostró la campaña electoral, los votantes han manifestado su deseo de que se afronten problemas como la atención sanitaria, los servicios públicos y los impuestos. ¿Qué se puede esperar del Gobierno de Johnson después de enero?

Aparte de su política marcadamente personal sobre el Brexit, resulta difícil saber con certeza qué medidas va a proponer Johnson.

Más que en el caso de ningún otro político reciente, el ascenso de Johnson a la cima de la política británica se vio impulsado por la ambición personal, no por la ideología. En ocasiones ha dado la impresión de ambicionar el puesto más alto para tenerlo, en lugar de usarlo para conseguir logros. En consecuencia, sus posturas políticas han reflejado, en general, los altibajos de su carrera política, y no su visión de futuro a largo plazo.

El ejemplo más conocido fue cuando algunas personas pensaron que, en el referéndum de 2016, Johnson haría campaña a favor de permanecer en la Unión Europea, hasta que, para colmar sus aspiraciones de liderar el partido, resultó conveniente defender la salida de la Unión. Dimitió del gabinete de Theresa May por oposición a la política de la primera ministra relativa al Brexit y votó dos veces contra su acuerdo de retirada en el Parlamento, para luego apoyarlo la tercera vez.

Como alcalde de Londres entre 2008 y 2016, Johnson se vio envuelto en ardides destinados a llamar la atención, como los nuevos (y costosos) “autobuses Boris” de Routemaster, el teleférico Aerolínea Emirates del Támesis, acusado por sus detractores de ser un costoso elefante blanco, y el desafortunado “puente-jardín” sobre el Támesis. Si bien en el Ayuntamiento Johnson ensalzó las virtudes del sector empresarial, más recientemente se ha mostrado crítico.

En la aparente ausencia de ideología, Johnson se hizo famoso como “personaje”. Sus errores, su lenguaje colorido (en ocasiones insensible) y su caótica vida personal han sido también centro de atención.

El exceso de ambición de Johnson también ha hecho que se le considere poco fiable y poco escrupuloso y que los opositores lo acusen con frecuencia de mentiroso.

Por otra parte, gracias a esa ambición no solo ha llegado a la cima, sino que ha logrado su acuerdo sobre el Brexit.

Entre las señas de identidad de su primer mandato hasta la fecha cabe mencionar su crueldad y su asunción de riesgos.

Nada más estrenarse como primer ministro, en julio, emprendió una remodelación de gabinete tan amplia que creó un gobierno completamente nuevo. Retiró la citación para que acudieran a votar (el whip) a los diputados conservadores que habían votado en su contra en el Parlamento, entre ellos el exministro de Hacienda, Philip Hammond. Johnson tampoco dudó en sacrificar a sus aliados parlamentarios, el Partido Unionista Democrático, para asegurarse un acuerdo sobre el Brexit que dejó a Irlanda del Norte en la situación de hacer frente a fricciones comerciales con Gran Bretaña. Luego se lo jugó todo en unas elecciones anticipadas.

¿Quiénes son los conservadores ahora?


Ahora que ha vuelto al cargo con mayoría, a Johnson le saldrán las cuentas en el Parlamento para marcar su propia dirección política. Los detalles de esa dirección no están claros, y el manifiesto conservador, aparte de propugnar que “la seguridad es lo primero”, da pocas pistas. Sin embargo, cuando el Brexit esté asegurado, se abrirán grandes debates políticos en el seno del partido para decidir el tipo de país en el que pretende convertirse Gran Bretaña después del Brexit.

Algunos integrantes de la derecha partidaria del libre mercado defenderán un modelo “Singapur a orillas del Támesis”, que promueve una reducción del sector público, grandes recortes de impuestos y una “hoguera de papeleo burocrático”. Esta tendencia podría vincularse con una orientación estratégica que se aleje de la Unión Europea y se oriente hacia Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Mientras tanto, algunos conservadores seguirán insistiendo en mantener estrechos vínculos comerciales con la Unión Europea, aunque eso signifique aceptar sus exigencias de igualdad de condiciones en las futuras conversaciones comerciales.

Otros conservadores, como el antiguo asesor de May, Nick Timothy, han hecho un llamamiento en favor de un Estado más intervencionista y un mayor gasto público, una postura más adecuada para mantener la nueva coalición electoral de los conservadores, que incluye a antiguos votantes laboristas en las zonas que apoyan el Brexit.

También habrá debates sobre inmigración, en particular para dirimir hasta qué punto el modelo económico del Reino Unido debería seguir dependiendo de la migración a gran escala.

No está nada claro cuál de estas posiciones promovería Johnson en última instancia, si es que promueve alguna. Ha hablado de celebrar acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Ha prometido más dinero para los servicios públicos, pero se ha comprometido a no aumentar los impuestos. Sin embargo, su débil orientación ideológica —y su aparente falta de interés en los detalles de la política— generan mucha incertidumbre en lo referente a su programa.

“Hacer efectivo el Brexit” le dio a Johnson una misión, un objetivo que alcanzar, un grito de guerra para movilizar partidarios con el fin de ganar, primero, el liderazgo tory y, luego, las elecciones generales.

Pero una vez que se haya asegurado el cargo de primer ministro y que se haya llevado a cabo el Brexit, ¿qué querrá Johnson que suceda a continuación? Si no adopta posiciones claras sobre los grandes temas, se expone a que lo vean como un líder de la era del Brexit, necesario para rematar el trabajo que May no pudo terminar, pero sin una perspectiva clara para el futuro.

Pese a ser uno de los personajes más conocidos y más importantes de la política británica, todavía hay mucha incertidumbre en torno a Boris Johnson. Su ambición desmedida, su reputación como ganador de las elecciones y una desesperación generalizada por hacer efectivo el Brexit lo han traído hasta aquí. Ahora que ha alcanzado su mayoría parlamentaria, debe decidir lo que quiere hacer con ella.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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