La fallida adquisición del inmueble desató una crisis política y jurídica en el Gobierno, con cuestionamientos al rol de las instituciones intervinientes y posibles infracciones constitucionales de la ministra de Defensa y la senadora Isabel Allende.
El Ejecutivo retrocede en la adquisición de la histórica residencia tras cuestionamientos sobre los beneficios económicos para la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende.