El Gobierno de Chile anunció la cancelación de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, debido a un conflicto de interés relacionado con la copropiedad del inmueble.
Este proceso de adquisición, impulsado bajo la Ley de Presupuestos 2024, buscaba preservar el patrimonio histórico del país, pero generó fuertes críticas debido a las ganancias económicas que habrían recibido la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, ambas herederas del expresidente.
El Ministerio de Bienes Nacionales, liderado por Marcela Sandoval, informó que la cancelación se decidió al considerar que la estructura de copropiedad de la residencia contraviene disposiciones constitucionales que prohíben a funcionarios públicos celebrar contratos con el Estado. La adquisición habría implicado un gasto estatal de $993 millones, de los cuales $496 millones habrían beneficiado a las autoridades mencionadas.
En un comunicado, la cartera enfatizó que el proceso "se desarrolló conforme a la legalidad vigente" y aclaró que "no ha habido una ilegalidad". Sin embargo, optaron por frenar la operación de manera responsable. A pesar de la controversia, el Ejecutivo confirmó que la compra de la residencia del expresidente Patricio Aylwin en Arturo Medina 3678 sí continuará.
La polémica generó duras críticas desde la oposición, que calificó la situación como un "despilfarro" y acusó al Gobierno de priorizar intereses ideológicos en lugar de atender las verdaderas necesidades de los chilenos. Por su parte, el PS lamentó la decisión, señalando que la residencia de Allende representa un patrimonio invaluable para la historia del país.
