En conversación con El Mercurio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, de 52 años, se muestra tranquilo al abordar los efectos del caso Hermosilla, que ha sacudido al sistema de justicia y generado un fuerte debate en el ámbito político.
Aunque hace unos días se vio envuelto en un intercambio de declaraciones con Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del implicado, el ministro subraya que su prioridad es mantener una postura institucional. “Tengo perfectamente claro que uno no es monedita de oro para nadie, pero tengo un rol institucional. Las descalificaciones personales hablan más de quien las emite”, declaró Cordero.
“El Gobierno está tranquilo”
Consultado sobre el impacto político y comunicacional del caso, Cordero enfatiza que el Gobierno no se siente afectado por lo ocurrido, aunque reconoce que este tipo de situaciones generan desafíos en la administración pública. “El Gobierno está muy tranquilo sobre este caso. Creo que el caso Hermosilla no afecta al Gobierno, pero sí impone desafíos al sistema de justicia y al sistema político”, afirmó el ministro, agregando que las investigaciones del Ministerio Público seguirán revelando nuevos elementos en el caso. 
Cordero también abordó las críticas hacia el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, por su rol en la designación del fiscal nacional. “El ministro Elizalde ha sido transparente. Ha hablado de su amistad con el fiscal Valencia y aseguró que siempre votó conforme a la propuesta del Gobierno”, dijo, refiriéndose a las especulaciones que vinculaban a Elizalde con el abogado Luis Hermosilla.
Comparaciones con Penta y SQM
Al ser consultado sobre posibles comparaciones entre el caso Hermosilla y los casos Penta y SQM, Cordero fue categórico: “Este es un caso distinto de SQM”, afirmó, aunque reconoció que hay lecciones que se deben aprender. Subrayó que el gobierno está enfocado en respaldar el rol del Ministerio Público y las investigaciones en curso. “El impacto de este caso sobre el sistema político es serio. La percepción pública no hará distinciones entre los involucrados, solo verá un sistema político con problemas”, explicó el ministro.
Cordero también destacó las reformas recientes en el Congreso como un factor clave para evitar la dilación de los juicios, lo que había ocurrido en casos anteriores. “Las investigaciones tienen que ser completas, aunque sean dolorosas, porque es la única manera de recuperar la confianza y fortalecer el sistema institucional”, subrayó.
Reflexiones sobre el rol del Presidente
El ministro fue consultado sobre las declaraciones del Presidente Gabriel Boric tras la detención de Luis Hermosilla, quien celebró que “los que se creían poderosos vayan a la cárcel”. Cordero defendió al mandatario, explicando que su comentario fue una expresión de severidad ante los delitos de cuello y corbata. “El Presidente manifestó una opinión política sobre la percepción de desigualdad en cómo funciona el sistema de justicia respecto a estos delitos”, señaló.
Crisis institucional en la Corte Suprema
En cuanto a los recientes cuestionamientos sobre la Corte Suprema a raíz del caso Hermosilla, el ministro recordó que la Corte ya ha enfrentado momentos críticos en el pasado, pero aseguró que hoy cuenta con mecanismos de escrutinio más robustos. “La Corte vivió un proceso de transformación muy significativo desde los años 90. Hoy, el desafío es que pueda enfrentar esta crisis manteniendo su autonomía y con un proceso de nombramientos adecuado”, apuntó Cordero, haciendo referencia a los tres jueces propuestos para la Corte: Jessica González, Mireya López y Jorge Pizarro.
El ministro se mostró confiado en que las designaciones judiciales serán aprobadas por el Senado y destacó la importancia de proyectar los próximos diez años de la Corte Suprema. “Si fracasan estos nombramientos, la señal que daríamos sería desastrosa para la Corte Suprema”, advirtió.
Problemas en el sistema penitenciario
En cuanto a la situación penitenciaria, Cordero describió un panorama complejo. Desde diciembre de 2021, la población penal ha aumentado en un 47%, lo que ha generado un déficit crítico de plazas penitenciarias. Para abordar este problema, el ministro señaló que se ha planteado a los parlamentarios un “fast track permisológico” para construir rápidamente 14.000 plazas penitenciarias.
“Tenemos una ventana acotada para discutir esto antes del receso legislativo de enero“, explicó, dejando claro que el objetivo es abordar este tema de manera urgente y evitar que la situación se agrave.
