Cerca de un total de 400 abogados a lo largo de Chile firmaron un documento en el cual se aseguraba la utilización de noticias falsas o también denominadas como “fake news” con el fin de evadir la firma del Pacto Migratorio llevado a cabo por las Naciones Unidas. Oficio en donde también formaron parte figuras políticas como Soledad Alvear, Ignacio Walker, la ex subsecretaria de los DDHH, Lorena Fries; la directora del Espacio Público, María Jaraquemada; y el senador Felipe Harboe, entre otros más.
El texto publicado por Emol titulado como “Pacto Migratorio y fake news”, señala que el grupo de juristas advierten que las informaciones entregadas por el gobierno “no sostiene en los hechos ni tampoco en conceptos básicos de derecho internacional”. También dentro de las preocupaciones que llevan consigo los abogados es que los “argumentos jurídicos esgrimidos descansen sobre premisas falsas”.
Como primera instancia, advierten que “el pacto ha sido caracterizado como si fuese un tratado”, un llamado del todo incorrecto, ya que este mismo “realza su carácter no vinculante en al menos dos oportunidades”, al momento de indicar que “es solamente un ‘marco de cooperación‘”. Dentro de otras explicaciones está que “el instrumento que lo contiene” es solo “una resolución ordinaria de la Asamblea General de tipo recomendación“. Inclusive se explica que al tratarse de una “simple resolución no es posible, en estricto rigor, ‘ratificar’ más tarde”, como suceden en los casos de un tratado. 
Entre los otros datos catalogados como falacias, están que “el pacto ‘permitiría arrastrar a Chile a tribunales internacionales’ y ‘con el tiempo generaría normas vinculantes'” o “soft law”. Respecto a eso, hacen ver que “la propia cabeza del pacto, Louise Arbour, quien además fue jueza ad-hoc de Chile ante La Haya en el caso con Bolivia, ha reiterado que el texto ni siquiera es ‘soft law‘” agregando que “si en todos los documentos políticos estuviera latente el peligro de deberes jurídicamente exigibles, Chile tendría que marginarse de toda instancia diplomática“.
Finalmente, se destacó la finalidad de este documento no firmado, quienes señalaron que este Pacto Migratorio tiene como objetivo reiterar los derechos humanos que ya existen, no promoviendo de esta misma forma la inmigración de manera irregular, sino que más bien funcionando como un auxiliar al momento de legislar dentro de la realidad política de cada país.
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