Una semana negra vivió la Región de Valparaíso tras suspender las clases el martes y jueves. Esto, debido a una nube tóxica que causó problemas de salud a casi 200 personas.
Todas las miradas apuntan a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) como la responsable de la crisis ambiental que mantiene en alerta amarilla a las comunas de Quintero y Puchuncaví. A raíz de esto, el Gobierno y la Intendencia de Valparaíso ordenaron suspender las labores de la compañía estatal por emisión de gases tóxicos. Sin embargo, la empresa se defendió por medio de un comunicado.
“Todas las investigaciones que hemos realizado muestran que ENAP no es responsable de estos lamentables sucesos (…) continuaremos con las indagaciones necesarias para despejar cualquier duda al respecto”, señaló la compañía en la misiva.
A raíz de lo anterior, el senador Francisco Chahuán (RN) junto a los alcaldes de las zonas afectadas presentaron un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el que solicitan una investigación de los últimos episodios de contaminación, así como las responsabilidades en cada hecho. 
“Hemos entregado los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que se inicie el proceso investigativo y que sea la justicia la que clarifique quiénes son los responsables”, dijo Chahuán.
El parlamentario fue más allá, y señaló que el cierre de las faenas es solo “el primer paso”. “ENAP ha contribuido a generar una deuda del Estado de Chile con Puchuncaví y Quintero y debe contribuir a pagar esa deuda. Antes fue Codelco y ahora fue ENAP”, zanjó.
Jornada de protestas
La jornada del viernes pasado estuvo marcada por las protestas ciudadanas contra varias empresas del cordón industrial del sector y por lo que consideran “la emergencia ambiental y de salud más grave en la historia de los 54 años de esta zona de sacrificio”. La movilizaciones terminaron con la entrega de un petitorio con 19 puntos en La Moneda.
El documento asegura que hace más de 50 años que los habitantes de las comunas han luchado por “soluciones, un plan de descontaminación, fiscalizaciones ambientales, y por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Dentro de las exigencias destaca la elaboración de una Ley Especial para Quintero y Puchuncaví con la participación de la sociedad civil que contemple las demandas y el cierre de la fundición CODELCO en el sector.
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