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Las condiciones del Plan Humanitario de regreso para Haití; No se podría volver a Chile en 9 años

Gobierno presentará este miércoles el "Plan Humanitario de Regreso Ordenado". El cual funciona para migrantes haitianos que se encuentren tanto en situación regular como irregular en Chile.

El plan permite el traslado de migrantes haitianos a su país, solos o con sus familias, utilizando los aviones de la Fuera Aérea. Para participar en el programa, las personas deben firmar una declaración ante notario voluntariamente, solicitando el viaje a Haití, y deben aceptar la prohibición de volver a Chile por un plazo de nueve años.

También los migrantes que tengan cónyuge, conviviente civil o hijos, deben abandonar Chile con todo su grupo familiar, sin opción de irse individualmente. Ambos puntos han generado controversia tanto desde la oposición como de la comunidad haitiana.

Line François, representante de la Organización Sociocultural de los haitianos en Chile, fue crítico con la medida. Acusando incluso, que es una deportación encubierta.  “La prioridad no es mandar a la persona a su país. Es una forma de deportación. No es un tema de buena voluntad”, declaró.

Opiniones políticas


El subsecretario Ubilla declaró a La Tercera que el Plan Humanitario “no tiene que ver con una sanción, sino que tiene que ver con el sentimiento voluntario, por eso se firma un documento notarial respecto de renunciar a viajar a Chile en ese período de nueve años”. Agregando que “cuando se hace este tipo de ayuda comunitaria también el país puede establecer un período, en este caso por nueve años, en donde la persona voluntariamente renuncia a venir nuevamente al país”.

Por otra parte, el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, también declaró a favor de la medida. “Hablar de deportación implica una obligatoriedad y en este caso cada una de las personas tiene que manifestar expresamente su voluntad de retornar a su país”, aseguró.

Si bien el Gobierno, aseguró que la prohibición "no es una sanción", la oposición ha cuestionado duramente la medida.
La diputada Marcela Hernando (PRSD), declaró a La Tercera “me parece que es injusto a priori, en el sentido de que las personas están abandonando el país por motivo propio y nadie los está expulsando y que, por lo tanto, del punto de vista legal, no sé si se justifican los nueve años”.

Añadiendo que, “este no fue un tema que hayamos hablado en la comisión, y a mí me gustaría primero entender qué es lo que busca el gobierno y por qué estima que nueve años debería ser un límite al que se deberían comprometer”.

De esta forma, la decisión es sometida a diversas críticas. Sin embargo por el momento, no está en discusión su pronta implementación.

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