Se ha constatado que dichos documentos se realizan de manera poco rigurosa, y que en estos se basan los jueces de familia para aprobar o rechazar la internación de menores en centros que son administrados por instituciones colaboradoras, las cuales reciben grandes cantidades de dinero en fondos estatales por este servicio.
La investigación realizada por T13, aseguró que estos informes son elaborados sin rigurosidad, y que no son fiscalizados externamente. Los oficios son importantes para que los jueces de familia decidan el futuro de los menores.
Y no sólo estarían mal hechos sino que son copiados para usarlos en múltiples ocasiones.
"Es una audiencia donde el principal respaldo es un informe escrito, por lo tanto, todos hablan de ese informe sin tener al niño al frente y sin tener a los profesionales que lo hicieron y que puedan responder (por lo concluido)", aseguró Claudio Valdivia, director de la Clínica Jurídica UC
T13 señaló que las tres instituciones que concentran más de estos recursos son: Opción, Ciudad del Niño y Mi Casa.
Según la investigación, las razones que llevan a hacer estos informes irregulares, se deben a los dineros que reciben estos organismos colaboradores por el ingreso de un menor a los centros. Asimismo, el Estado paga 150 mil pesos por cada informe, solo con esto, se utilizan 1.350 millones de pesos en recursos anualmente.
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En relación a esto, el Ministerio de Justicia entregó los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los hechos, con el fin de determinar si son constitutivos de delito.
"Se me obligó a mentir con respecto a intervenciones que no se estaban realizando para poder cobrar los recursos. Subir información falsa en la plataforma. Se le mentía a los tribunales". Relata un ex psicólogo de una de estas entidades.
Ante las demandas por la poca rigurosidad y falta de fiscalización externa, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirma que, “el Sename está haciendo la supervisión extraordinaria de estos programas ambulatorios de manera de poder investigar y contratar cualquier irregularidad que en ellos pudiera haberse cometido”
Susana Tonda, directora del Sename, afirmó que es un problema que les preocupa y que podrían constituir muchas cosas, tienen que investigarlo y analizarlo.
"Se ha planteado el Ministerio Público, y nosotros en el Sename estamos dedicados a trabajar, evaluar. Le estamos pidiendo ayuda también a Unicef, que nos ayude a evaluar todos los programas ambulatorios, estamos haciendo supervisiones extraordinarias y estamos abocados con mucha fuerza a ir mejorando junto con los organismos colaboradores, todas aquellas cosas que podamos mejorar para que de verdad el bienestar de los niños que están bajo protección este cada día mejor, esa es nuestra tarea", sentenció Tonda.
