Ariqueño es el primer imputado por "Ley cholito"
La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, detuvo en Arica a un sujeto por el delito de maltrato animal contra “Danka”, un perro galgo hembra de 12 años de edad.
Tras una denuncia anónima, los detectives hallaron al ejemplar en un domicilio de la población Luis Beretta Porcel con profundas llagas en su piel y extremo estado de desnutrición y deshidratación, como consecuencia de la falta de cuidados.
El dueño del can, un hombre de 51 años, se convirtió en el primer formalizado de la región por la nueva Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, popularmente conocida como “Ley Cholito”, que entró en vigencia a principios de agosto de este año.
La situación del imputado se resolverá el 11 de octubre en una audiencia de juicio simplificado, decretó el Juzgado de Garantía de Arica.
El subcomisario de la Bidema, médico veterinario Javier Zamorano, detalló que “la estructura anatómica de los perros galgos es delgada, pero éste ejemplar es aún más delgado. Está con desnutrición y deshidratación severas. Además, tiene mucha signología asociada a la piel: sarna, tiña, dermatitis secundaria, heridas erosivas y sangrantes, alopecia y llagas en casi todo el cuerpo. Está en muy malas condiciones, con problemas de desplazamiento”.
Tras su detención, el propietario señaló a la policía que la última vez que brindó tratamiento veterinario al animal fue hace dos años, sin embargo, no contaba con los certificados que respaldaran esta versión.
“El daño y la extrema desnutrición que se ven en este caso, probablemente sean signos de otro cuadro que requiere exámenes de sangre y una atención clínica veterinaria completa”, señaló el subcomisario de la Bidema Arica.
El delito de maltrato animal, contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal, se complementa desde agosto 2017 con la nueva Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que sanciona el daño que éstas puedan sufrir producto de la “acción u omisión” de sus dueños. La normativa establece penas que pueden llegar a presidio menor en su grado medio y multas de hasta 30 UTM, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.