En un nuevo episodio de tensión en La Araucanía, el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, anunció que impedirán el ingreso de funcionarios del Estado, incluyendo a los censistas del Censo 2025, tras el traslado disciplinario de dos comuneros mapuches.
Los internos Juan Queipul Millanao y Antu Llanca Quidel fueron enviados desde Temuco a cárceles de Concepción y Valdivia luego de presuntas agresiones a gendarmes. La comunidad interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco para revertir la medida.
Advertencias del lonko Queipul
Queipul fue enfático: “No vamos a permitir el ingreso”, recordando el portazo dado a la exministra Izkia Siches en 2022. Aseguró que los mapuches deben organizarse de forma autónoma, sin depender del Estado: “Eso ya pasó”.
Paradójicamente, el lonko también manifestó su apoyo a que la Conadi adquiera el fundo Pidenco, actualmente usurpado y donde yacen los restos de Pablo Marchant de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Críticas políticas a la postura de Temucuicui
El diputado Miguel Mellado (RN) y la senadora Carmen Aravena (Republicanos) criticaron la contradicción de solicitar recursos estatales mientras se rechaza su presencia. Mellado instó a fiscalizar el armamento y drogas en Temucuicui, mientras Aravena pidió respaldo a las policías para desbaratar las orgánicas violentas.
Por su parte, Andrés Jouannet (Amarillos) advirtió que la Conadi no puede comprar predios tomados ilegalmente y exigió el desalojo inmediato del fundo Pidenco.
Estado y seguridad: debate abierto
El delegado presidencial Eduardo Abdala aclaró que la ley impide comprar terrenos "perturbados" por violencia, mientras la ONG Campo Seguro llamó a recuperar incluso tierras entregadas anteriormente si han caído en manos de grupos radicales.
La Fiscalía Regional de La Araucanía recordó que sigue abierta la investigación por el ataque a la comitiva de la exministra Siches en marzo de 2022, indagando delitos como atentado a la autoridad y disparos injustificados.
Este nuevo episodio refleja el creciente desafío de reestablecer el Estado de derecho en zonas marcadas por el control territorial de grupos radicales.
