A pesar de las modificaciones introducidas a la Ley 21.234 en 2023, que limitaban la responsabilidad de los usuarios en casos de fraudes bancarios, muchos afectados denuncian que siguen enfrentando trabas judiciales y burocráticas para recuperar su dinero.
Testimonios de víctimas que reflejan un problema sistémico
Clientes como Roberto Weissenberg y Patricio Burg León relatan cómo sus cuentas fueron hackeadas, enfrentando no solo la pérdida de fondos sino también demandas judiciales por parte de los propios bancos, quienes los acusan de dolo para no restituir los montos.
Weissenberg debió contratar abogados para enfrentar la judicialización tras sufrir 33 transacciones fraudulentas por más de $8 millones, sin recibir alertas de seguridad por parte de su banco.
La respuesta de la banca y el efecto en el sistema judicial
Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), el nuevo mecanismo ha fomentado una "industria de autofraudes", y aseguran haber desembolsado US$250 millones en reembolsos solo en el primer semestre de 2024.
No obstante, cifras de la Abif muestran que apenas un 3,5% de los casos se canalizan hacia los Juzgados de Policía Local (JPL), mientras que un 96,5% se resuelve mediante acuerdo.
Jurisprudencia: la Corte Suprema protege al consumidor
En junio de 2024, la Corte Suprema sentó precedentes al ordenar a un banco pagar $15 millones a un cliente víctima de fraude, señalando que la entidad incumplió su deber de seguridad.
Otro fallo de marzo del mismo año condenó a un banco al pago de $4.998.620 por daño emergente, reforzando el principio de protección al consumidor frente a prácticas negligentes de las entidades financieras.
¿Protección real o burocracia disfrazada?
El abogado Alejandro Gómez critica la implementación de la ley, calificándola como un caso de "ilusión normativa", donde el texto legal no logra materializar protección efectiva frente a estructuras bancarias que judicializan a las víctimas.
"Más que garantías, la ley ha provocado la revictimización de los usuarios, obligándolos a defenderse contra el aparato económico y jurídico de los bancos", advierte.
¿Qué dice la ley actualmente?
- Reclamo: 30 días para identificar y reclamar operaciones no autorizadas.
- Presunción de inocencia: El banco debe probar que hubo dolo del cliente.
- Responsabilidad: Operaciones posteriores al aviso de fraude son responsabilidad de la entidad financiera.
- Restitución: Montos hasta 35 UF deben ser devueltos en 10 a 15 días hábiles; montos superiores en 7 días adicionales.
- Judicialización: El banco puede demandar si prueba dolo o culpa grave.
Consejos para protegerse de fraudes electrónicos
- Proteja su información: Nunca entregue su RUT, claves o números de tarjeta en canales no oficiales.
- Verifique destinatarios: Antes de transferir, confirme la legitimidad de la cuenta receptora.
- Use contraseñas seguras: Active autenticación multifactor siempre que sea posible.
- Revise sus movimientos: Mantenga un control frecuente sobre sus cuentas bancarias.
La protección ante fraudes bancarios en Chile no debería depender solo de la resiliencia del usuario, sino de un sistema realmente garantista que impida que la burocracia complique aún más a quienes ya han sido víctimas.
