Gobierno defiende buena fe de Allende tras nuevos antecedentes por casa de expresidente
El Gobierno de Chile debió salir a referirse, tras más de 24 horas de silencio, a la polémica filtración de una llamada entre Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, donde se señala que Isabel Allende habría presionado por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, subrayó que las escuchas telefónicas "deben estar muy justificadas" y que los detalles sobre su autorización deben ser explicados por la fiscalía y los tribunales.
Defensa oficialista y críticas de la oposición
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la buena fe de la exsenadora socialista, señalando que la conversación filtrada se dio "en un contexto de cotidianeidad" y que Isabel Allende actuó de manera correcta. También respaldó la idea de preservar el patrimonio histórico mediante la compra de propiedades pertenecientes a expresidentes.
Sin embargo, en la oposición, líderes como Rodrigo Galilea (RN) y Guillermo Ramírez (UDI) exigen aclaraciones urgentes, señalando que "todavía no se ha respondido quién tuvo la idea y quién empujó la operación más allá de la legalidad".
Oposición acusa "pacto de silencio" y exige explicaciones
Diputados como Andrés Longton (RN) y Luis Fernando Sánchez (Republicanos) acusaron un "pacto de silencio" del Gobierno. Sostienen que la responsabilidad podría incluso llegar al Presidente Gabriel Boric y critican la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores en La Moneda pese a las advertencias.
Desde la Democracia Cristiana, Eric Aedo también pidió mayor transparencia, cuestionando los plazos en la toma de decisiones respecto a Crispi y la insistencia en continuar con la operación.
Carolina Tohá y la polémica sobre las escuchas
Desde el oficialismo, Carolina Tohá (PPD) planteó dudas sobre la legalidad de las escuchas al teléfono de Miguel Crispi, cuestionando por qué se seguían interviniendo sus comunicaciones años después de iniciada la investigación por el caso Convenios.
La candidata presidencial llamó a la fiscalía a dar explicaciones públicas sobre los procedimientos usados en esta polémica causa que sigue tensionando el escenario político.