Agenda legislativa de seguridad se traba en el Congreso tras cambios de gabinete
La agenda legislativa de seguridad en Chile enfrenta un escenario complejo en el Congreso Nacional. Proyectos claves como las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), infraestructura crítica y la Ley de Inteligencia han experimentado un notable retraso, situación que se atribuye en parte a los recientes cambios en el gabinete de La Moneda.
Tras la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior y la llegada de Álvaro Elizalde, la tramitación de estas iniciativas ha perdido impulso. El proyecto de inteligencia, por ejemplo, fue remitido a tres comisiones —Defensa, Hacienda y Seguridad— lo que dilata su despacho.
Intentos por destrabar la tramitación
El senador Kenneth Pugh (ind.-RN) planteó la opción de enviar la Ley de Inteligencia directamente a una comisión mixta para agilizar su avance. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, expresó su preocupación por la congestión legislativa y llamó a no seguir dilatando proyectos prioritarios.
A pesar de los esfuerzos, legisladores reconocen que la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad y la reorganización tras la salida de Tohá han generado un "rodaje" en el proceso legislativo que debe ser revertido cuanto antes.
Disputas internas y veto presidencial en debate
Paralelamente, una nueva disputa surgió al interior del oficialismo. El Partido Comunista y el Frente Amplio solicitaron al Presidente Gabriel Boric un veto presidencial para reponer aspectos eliminados de las RUF, como el principio de proporcionalidad y el deber de gradualidad, generando tensiones con el Socialismo Democrático.
El diputado Jorge Brito (FA) advirtió que la exclusión de estos principios podría generar problemas legales en tribunales y dificultades en la incorporación de herramientas como las pistolas taser.
Preocupación por el avance legislativo
La falta de tiempo preocupa a los parlamentarios, considerando que el Gobierno de Gabriel Boric entra en su último año de mandato, el llamado período del “pato cojo”. En este contexto, se programó una sesión especial en el Senado para el 14 de mayo, enfocada en la crisis de seguridad en zonas rurales, especialmente en la macrozona sur.
De no revertirse pronto el actual atasco legislativo, varios proyectos cruciales para combatir el crimen organizado podrían quedar pendientes hasta la próxima administración.