La diputada Karol Cariola (PC) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando una vulneración de derechos fundamentales en el marco de la diligencia de incautación de su teléfono celular, ocurrida el 3 de marzo, el mismo día en que daba a luz a su primer hijo.
En la presentación, patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, se señala que la Policía de Investigaciones (PDI), bajo instrucciones de la Fiscalía Regional de Coquimbo, ejecutó un allanamiento “vejatorio, desproporcionado y carente de urgencia” en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Acusan “información errónea” y falta de enfoque de género
La defensa alega que la orden judicial que permitió el allanamiento fue emitida el 26 de febrero, con base en un informe de la PDI que contenía errores graves en tiempos, diálogos y personas. Este informe, número 487, es parte de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, donde se vincula a Cariola con una gestión de patente de alcohol para el empresario Bo Yang.
“La orden se ejecutó sin considerar que era una mujer en parto, en estado de especial vulnerabilidad”, se lee en el escrito, donde además se denuncia la ausencia de perspectiva de género y el incumplimiento de códigos éticos y legales en el actuar de la Fiscalía y de la PDI.
Fiscalía defiende la diligencia y niega arbitrariedad
El fiscal regional Patricio Cooper justificó la diligencia, señalando que se realizó con “prudencia”, que participó mayoritariamente personal femenino, y que se cumplió con los protocolos necesarios dada la alta probabilidad de pérdida de evidencia.
Según Cooper, el plazo de reserva del informe de la PDI expiraba el mismo día del parto, y existía el riesgo de que otras personas involucradas fueran alertadas si no se actuaba a tiempo.
Cariola pide garantías de no repetición y revisión del procedimiento
En su solicitud, Cariola exige que la CIDH pida al Estado de Chile un informe oficial y formule recomendaciones para garantizar sus derechos, así como medidas de no repetición. También cuestiona la formación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y solicita una revisión institucional del caso.
Además, se critica que, junto con el hospital, se allanara también su domicilio en Providencia en busca de dispositivos electrónicos. La defensa insiste en que el procedimiento no era urgente y que la solicitud a la jueza Carla Capello se basó en antecedentes sesgados.
