La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó este lunes que Cristina Vilches, exjefa nacional de Inteligencia, renunció a la asesoría profesional por la cual fue recontratada en abril, luego de haber sido retirada en octubre de 2024 tras su participación en las diligencias del Caso Monsalve.
La noticia de su reincorporación generó amplia controversia política, luego de conocerse que Vilches había sido contratada como asesora externa para la Escuela de Inteligencia, con funciones docentes hasta diciembre de 2025. Su salida, sin embargo, fue confirmada mediante un comunicado oficial de la institución.
Antecedentes del caso: vínculos con diligencias por denuncia de violación
El cuestionamiento a la asesora surgió luego de que se revelara que, en su rol anterior, habría dirigido una operación para revisar cámaras de seguridad y rastrear el recorrido de Manuel Monsalve —exsubsecretario del Interior— y su denunciante, el 22 de septiembre de 2024, día en que ocurrieron los hechos que mantienen al exautoridad en prisión preventiva por presuntos delitos sexuales.
Además, la Fiscalía Centro Norte investiga una posible intervención telefónica al celular de Monsalve por parte del área de Inteligencia de la PDI. Estos antecedentes fueron clave en la decisión del director general Eduardo Cerna, quien en octubre pasado ordenó el “retiro absoluto” de Vilches por razones de “prudencia” y cumplimiento de la Ley de Inteligencia.
Reacciones desde el Gobierno: esperan explicaciones de la PDI
La recontratación de Vilches generó cuestionamientos desde el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el Gobierno solicitó al director Cerna una explicación formal por su decisión: “Dado que es una asesoría personal, le corresponde a él justificarla pública y oficialmente”, declaró.
El secretario de Estado indicó que se espera un documento formal que explique la necesidad y el alcance de la asesoría contratada. “No anticiparé opiniones mientras no exista una explicación escrita”, agregó el ministro.
Contexto institucional y reacción pública
Desde la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI se informó que la asesora fue contratada por su “experiencia de siete años en Inteligencia” y que su labor estaba restringida al ámbito docente. No obstante, la presión mediática y política motivó su renuncia, aceptada inmediatamente por la institución.
El caso ha reabierto el debate sobre los estándares de transparencia y la independencia institucional en las decisiones administrativas de las policías. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias en el marco del caso Monsalve, uno de los más sensibles del último año en materia de delitos sexuales y uso de recursos públicos.
