El reciente recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público, anunciado como parte de un ajuste global de $544 mil millones para 2025, ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores políticos.
Legisladores y expertos advierten sobre el impacto negativo que esta decisión tendrá en la capacidad operativa de la fiscalía, especialmente en el combate contra el crimen organizado y delitos de alta complejidad.
Un golpe a la persecución penal en plena crisis de inseguridad
El recorte, que afecta áreas críticas como la contratación de personal, implementación tecnológica y medidas de seguridad para fiscales, ha generado preocupación entre legisladores. Según documentos internos obtenidos por El Mercurio, la reducción presupuestaria afectará directamente:
- Persecución del crimen organizado:
La falta de reemplazo de fiscales y personal comprometerá la capacidad de investigación y generará retrasos en los juicios. Esto limita seriamente la respuesta ante delitos de alto impacto. - Innovación tecnológica:
La imposibilidad de implementar software de trazabilidad para proteger documentos sensibles pone en riesgo investigaciones estratégicas. - Seguridad de los fiscales:
Equipos esenciales como chalecos antibalas y cámaras de vigilancia no podrán adquirirse, exponiendo al personal a mayores riesgos en investigaciones sensibles.
Críticas desde el Congreso
El ajuste presupuestario ha sido calificado como “inadmisible” por parlamentarios como Jaime Araya, quien señaló que “en plena crisis de inseguridad, recortar recursos al Ministerio Público es una irresponsabilidad”.
Por su parte, Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, enfatizó. "Cómo el ministro de Hacienda y la Dirección de Presupuestos no supieron calcular, tuvieron que recortar presupuesto, y, ¿saben a quién le recortaron $7 mil millones? Al Ministerio Público. ¡En qué cabeza cabe!”, sentenció.
Exclusiones cuestionadas
Mientras otros estamentos, como servicios de salud, Carabineros y Gendarmería, fueron eximidos de las reducciones presupuestarias, el Ministerio Público no recibió este beneficio. Legisladores han solicitado sesiones conjuntas de las comisiones de Seguridad y Hacienda para revertir la decisión.
