El informe de Contraloría reveló una serie de irregularidades administrativas durante la gestión de Emilia Ríos como alcaldesa de Ñuñoa, situación que ha generado una enérgica reacción del actual alcalde, Sebastián Sichel.
Entre las anomalías expuestas se encuentran el uso indebido de plataformas institucionales para promover la figura de la exalcaldesa, pagos de horas extraordinarias sin respaldo de asistencia, y deficiencias en las rendiciones de cuentas, entre otros.
Querellas por fraude al Fisco y posibles delitos adicionales
En conversación con Radio Duna, Sichel fue categórico al afirmar que las irregularidades detectadas no solo constituyen faltas administrativas, sino también posibles responsabilidades penales.
“Existió una intención de alterar el déficit, de disfrazarlo a través de entrega de información falsa ante el concejo, esconder facturas y pagos en los cajones para no tenerlos acreditados en el balance”, denunció Sichel.
El alcalde confirmó que presentará dos querellas, una por fraude al Fisco y otra en evaluación por maquinación fraudulenta, además de iniciar sumarios administrativos por el uso indebido de recursos públicos.
Corporaciones bajo escrutinio
El informe de Contraloría también señala deficiencias en la gestión de las corporaciones de Cultura, Desarrollo Social y Deporte. Sichel destacó que, durante la administración de Ríos, hubo un notable aumento en la contratación de personal, que estaría vinculado, según el alcalde, al pago de “favores políticos”.
“Considero que ella estaba al tanto del aumento de contrataciones para pagar favores políticos”, sostuvo Sichel, aunque dejó claro que será la justicia la que determine el grado de conocimiento y responsabilidad de Ríos en estas irregularidades.
Reacciones y próximos pasos
La presentación de las querellas está programada para el próximo viernes, y Sichel aseguró que, además de las acciones penales, los sumarios administrativos buscarán determinar responsabilidades internas por el manejo inadecuado de los recursos municipales.
Este caso podría sentar un precedente en la fiscalización de administraciones municipales, en especial en temas de transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.
