El Congreso despachó a ley el proyecto que regula los funerales de alto riesgo, conocidos como “narcofunerales”, en respuesta a la creciente crisis de seguridad en el país. La normativa fija un plazo máximo de 24 horas para la inhumación o cremación de fallecidos vinculados a bandas criminales, narcotráfico o barras bravas, medida que busca reducir los incidentes de violencia y delincuencia que rodean estas ceremonias.
Para clasificar el nivel de riesgo, el delegado presidencial considerará un informe técnico de Carabineros que, en un plazo de dos horas, debe presentar antecedentes delictuales y circunstancias del deceso. La PDI y Gendarmería también podrán contribuir información relevante. Este informe ayudará a determinar el tipo de despliegue y recursos necesarios para el resguardo de la seguridad pública.
La ley estipula que los delitos cometidos en el marco de estos funerales, ya sea dentro del cementerio, en sus inmediaciones (hasta mil metros perimetrales), o durante el traslado del cortejo, recibirán penas sin grado mínimo. Así, se agravan infracciones a la Ley de Armas y al tráfico de estupefacientes.
Carabineros tendrá la facultad de controlar el trayecto y resguardar la seguridad durante toda la ceremonia, incluso con revisiones de identidad y restricción de acceso a elementos peligrosos. También se prohibirá la entrada de personas bajo los efectos de alcohol o drogas. Quienes infrinjan las restricciones impuestas recibirán penas de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años y un día) y multas entre 10 y 20 UTM.
