Este martes, el Gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un año adicional para cumplir con el desalojo de la megatoma en el Cerro La Virgen en San Antonio, atendiendo al fallo de la Corte Suprema que establecía el desalojo de 9.845 personas que ocupan ilegalmente el predio, entre ellos, tres mil niños.
La Delegación Presidencial de Valparaíso, encabezada por Sofía González, argumentó que no cuentan con infraestructura ni recursos para albergar temporalmente a las 3.945 familias afectadas y que se requiere un plazo extra para avanzar en una solución habitacional definitiva, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu.
Propuesta de cooperativas para la compra del terreno
La estrategia del Gobierno se centra en la creación de cooperativas de vivienda entre los ocupantes, permitiéndoles adquirir lotes del predio de manera colaborativa. Según la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, esta medida permitirá que los residentes adquieran el terreno sin que el Estado deba realizar la compra directa. “No estamos comprando el terreno, sino impulsando a las familias a crear cooperativas para adquirir el espacio”, explicó Paredes.
Hasta la fecha, 59 grupos de familias han manifestado su interés en comprar el terreno mediante cooperativas, lo que posibilitaría la integración de estos asentamientos a la ciudad y daría paso a un proyecto habitacional formal.
Resistencia de los propietarios del predio
Sin embargo, la constructora San Antonio, propietaria de las 210 hectáreas, no ha sido involucrada en las negociaciones por parte del Gobierno y expresó su oposición a la estrategia de cooperativas sin un acuerdo previo. Diego Pereira, abogado de la constructora, afirmó que “nadie nos ha consultado si estamos de acuerdo con la venta a través de cooperativas” y añadió que los propietarios prefieren una compra directa por parte del Estado.
Pereira destacó que el plazo inicial de seis meses, que vence el 6 de noviembre, fue otorgado para coordinar el desalojo de las familias, y sostuvo que la falta de avances no debería justificar una nueva extensión. “El fallo debe cumplirse, no es requisito copulativo coordinar las acciones entre las autoridades”, expresó el abogado.
Argumentos del Gobierno para la prórroga
El Ejecutivo solicitó los 12 meses adicionales para realizar un diagnóstico socioterritorial que determine el número exacto de cooperativas a constituir, evaluar las condiciones del terreno y resolver aspectos normativos y ambientales.
La delegada Sofía González justificó la solicitud de prórroga afirmando que, al evaluar “los diversos escenarios y herramientas institucionales”, se concluyó que es necesario un aplazamiento para “continuar avanzando en las estrategias de solución”.
Reacciones y el papel del Estado
Ante la complejidad del conflicto, el diputado Tomás de Rementería (PS) medió entre las partes y solicitó a los propietarios postergar el desalojo hasta fin de mes, tiempo en el cual buscará una solución junto al Gobierno. Rementería indicó que el Estado debe asumir un rol activo en la resolución del conflicto habitacional. “Esto no es solo un conflicto entre privados; es un reflejo de la política de vivienda del Estado en San Antonio y el país”, señaló.
El legislador también insistió en que cualquier solución debe contar con el consentimiento de los propietarios sobre el mecanismo de adquisición. “Los dueños quieren recibir un pago justo por su patrimonio, y esto no se puede ignorar”, enfatizó.
Diagnóstico y condiciones del predio
En los próximos meses, el Minvu y el Serviu, bajo el Programa de Asentamientos Precarios, trabajarán en afinar el diagnóstico del terreno y las familias que lo ocupan. La solicitud de prórroga plantea que este análisis es fundamental para evaluar los riesgos y condiciones del predio y planificar una integración urbana adecuada.
La Corte de Apelaciones deberá decidir en las próximas horas si acepta la solicitud del Gobierno, cuyo plan busca resolver de forma colaborativa una situación que afecta a miles de familias vulnerables en San Antonio.
