La reciente explosión en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a 22 estudiantes hospitalizados y suspendió las clases en el establecimiento, ha reabierto el debate en torno a medidas de control y seguridad en colegios. Parlamentarios y académicos han planteado la posibilidad de implementar revisiones de mochilas y detectores de metales en la entrada de los liceos, especialmente en aquellos con antecedentes de violencia.
El alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su intención de promover un mayor control en los liceos emblemáticos. Sin embargo, un dictamen de la Superintendencia de Educación de 2022 prohíbe estas medidas, argumentando que atentan contra la dignidad, intimidad y derecho a la educación de los estudiantes.
Para la coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, esta normativa obstaculiza a los colegios en su lucha contra la violencia, señalando que “bajo la excusa de defender derechos” se han debilitado herramientas fundamentales para mantener la seguridad. La diputada Karen Medina también ha cuestionado al Ministerio de Educación, afirmando que se ha evitado implementar medidas de seguridad efectivas.
El superintendente de Educación, Mauricio Farías, reafirmó que el uso de detectores de metales y revisiones de mochilas vulnera los derechos de los escolares, respaldado por organismos como la Defensoría de la Niñez y la Contraloría, que sostienen que estas medidas pueden violar el derecho de los estudiantes a una educación digna y respetuosa.
