.Este martes, la reconocida abogada penalista María Elena Santibáñez asumió la representación de la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de violación. La decisión se produjo tras la renuncia del abogado Roberto Ávila, quien inicialmente lideraba la querella.
Santibáñez es conocida por su vasta trayectoria en la investigación de delitos sexuales y su labor como académica en la Universidad Católica. Durante su carrera, ha participado en casos de alto perfil, como la denuncia contra el sacerdote Felipe Berríos y la querella en el caso Sename por la muerte de Lissette Vega. Además, fue querellante en el caso Bombas II y la investigación contra el condenado Rafael Garay.
Una carrera marcada por la protección de víctimas
María Elena Santibáñez, oriunda de Concepción, ha destacado en su labor como abogada especializada en delitos sexuales desde su paso por el Ministerio Público, donde fue directora de la Unidad Nacional de Delitos Sexuales y Violentos entre 2003 y 2008. Desde entonces, ha ejercido como abogada particular y académica, ganando notoriedad por su trabajo en la protección de víctimas.
Su nuevo rol en la querella contra Manuel Monsalve representa otro desafío importante en su carrera, en un contexto en el que las denuncias por delitos sexuales han cobrado mayor relevancia en el sistema judicial chileno. Según Santibáñez, el sistema de justicia "no está dando el mismo tratamiento a los delitos sexuales en relación con el resto de los delitos", lo que considera un aspecto preocupante en la protección de las víctimas.
La salida de Roberto Ávila y la continuidad del caso
El abogado Roberto Ávila, quien representaba a la denunciante, dejó el caso debido a su afiliación al mismo partido político que Monsalve. Ante su salida, la llegada de Santibáñez fue recibida con expectación, dada su amplia experiencia en casos de connotación sexual y su trayectoria académica.
Actualmente, Santibáñez es miembro del directorio de la Fundación Amparo y Justicia. Además es consejera de la Fundación Ciudad del Niño, organismos dedicados a la defensa de los derechos de las víctimas. Su trabajo académico continúa en la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez, donde imparte clases sobre derecho penal y delitos sexuales.
La jurista deberá coordinar con la víctima las próximas acciones judiciales para seguir adelante con la denuncia contra Manuel Monsalve, un caso que ha captado la atención pública por la gravedad de las acusaciones.
