En la víspera del 18 de octubre, cuando se cumplen cinco años del estallido social en Chile, La Moneda ha decidido evitar conmemoraciones masivas y ha centrado su mensaje en la seguridad pública y en cuestionar el rol de la oposición. Este enfoque responde a la percepción mayoritaria de que el estallido trajo consecuencias negativas y al desafío de las próximas elecciones municipales.
Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo destacó que es posible condenar la violencia ocurrida en 2019 sin dejar de reconocer las demandas sociales que surgieron. "Todo el oficialismo ha hecho una autocrítica sobre cómo se actuó en ese momento", señaló Vallejo, agregando: “Queremos saber qué lecciones ha aprendido la oposición. Aquellos que antes valoraban la movilización pacífica parecen haber olvidado sus propias palabras".
Con el foco puesto en la seguridad, el Gobierno busca mitigar los posibles focos de violencia este 18 de octubre, especialmente entre jueves y viernes. La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó sobre las coordinaciones realizadas con Carabineros, PDI y la ANI para asegurar un desarrollo pacífico de las jornadas. Por su parte, el subsecretario Manuel Monsalve liderará el monitoreo desde La Moneda junto a las policías.
En paralelo, el Ejecutivo ha intensificado sus críticas a la oposición, destacando la falta de respuesta a las demandas sociales. Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, enfatizó que muchos de los problemas actuales se deben a los intereses que han primado en proyectos impulsados por sectores como las AFP y la industria pesquera, responsabilizando a parlamentarios de la UDI.
Reacciones de la oposición
Desde la oposición, la estrategia de La Moneda ha sido duramente criticada. El diputado Stephan Schubert, del Partido Republicano, respondió a Vallejo afirmando: “Ahora en el poder tienen un discurso de no violencia, pero deberían pedir disculpas por los daños causados por esa violencia”.
Por su parte, el senador José Miguel Insulza recordó sus declaraciones de 2019, cuando expresó su apoyo a la represión de los desórdenes. “No lo pasé bien en ese tiempo, pero tengo que decir que tenía razón, porque la violencia arruinó demandas legítimas”, señaló Insulza, aludiendo al desgaste social que provocó el estallido.
