En una nueva audiencia por la causa que investiga la responsabilidad de mando en Carabineros durante el estallido social, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. La fiscal Ximena Chong justificó la decisión en un acuerdo con las defensas de los imputados, descartando la prisión preventiva que por meses fue tema de especulación.
Chong señaló que los exgenerales han colaborado con la investigación al mantenerse disponibles, a pesar de que dos de ellos hicieron uso de su derecho a guardar silencio. “Estas circunstancias satisfacen las finalidades esenciales de las medidas cautelares, que buscan asegurar que los imputados se mantengan a disposición de la justicia”, declaró Chong.
El caso se enfoca en el presunto incumplimiento del mandato sobre derechos humanos durante las protestas, incluyendo el uso indebido de escopetas antimotines. La fiscalía presentó testimonios de exautoridades, como el expresidente Sebastián Piñera, quien aseguró haber instruido a Carabineros a respetar los derechos fundamentales y realizar sumarios administrativos por denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Querella y diferencias en la audiencia
Aunque la fiscalía optó por medidas cautelares menos restrictivas, la abogada querellante Karinna Fernández solicitó la prisión preventiva de los exuniformados, argumentando que “no han colaborado con la investigación”. Fernández cuestionó particularmente a Yáñez, quien, en su rol como general director, habría dilatado su declaración, dificultando el avance del proceso.
La audiencia, que había sido suspendida el 2 de octubre para dar tiempo a las defensas de estudiar el expediente, se retomó ayer con la resolución de las medidas cautelares.
Implicaciones del caso y contexto
La investigación busca determinar la responsabilidad de mando en los abusos policiales ocurridos durante el estallido social. La causa ha generado gran expectación, dado el impacto de las protestas y el rol de Carabineros en la represión, lo que ha motivado querellas desde el INDH y otros organismos.
Los tres exgenerales se encuentran en retiro, lo que, según la fiscalía, reduce el riesgo de obstrucción a la investigación. No obstante, la discusión sobre la gravedad de los hechos sigue vigente, con los querellantes insistiendo en la necesidad de medidas más estrictas.
