Defensa de Ángela Vivanco analiza recurrir a justicia internacional tras destitución por Corte Suprema
La remoción de Ángela Vivanco por la Corte Suprema de Chile podría tener un nuevo capítulo en la justicia internacional, según lo anticipado por sus abogados. La defensa de la ahora exministra estudia presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando violaciones al debido proceso y falta de legalidad en la sanción.
El abogado Cristóbal Osorio ya adelantó algunos de los cuestionamientos en los alegatos realizados el jueves, incluyendo la falta de pruebas suficientes, la existencia de “testigos sin rostro” y la supuesta falta de imparcialidad de los jueces que tomaron la decisión. Estos argumentos, que fueron rechazados por el máximo tribunal chileno, serán fundamentales en la posible presentación internacional.
Caso de estudio: La destitución de jueces en Perú
La defensa de Vivanco analiza un caso similar ocurrido en Perú en 1997, cuando tres magistrados del Tribunal Constitucional fueron destituidos por oponerse a la reelección del expresidente Alberto Fujimori. La CIDH falló a favor de los jueces, ordenando su restitución y una indemnización por violación al debido proceso y falta de acceso a pruebas.
“Existen elementos comunes entre ambos casos, como la fricción entre poderes del Estado y la vulneración de la imparcialidad en la toma de decisiones”, señaló el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a Vivanco. Sin embargo, Manríquez evitó revelar la estrategia completa, afirmando que aún deben esperar el fallo final del Pleno del máximo tribunal chileno.
El camino a la justicia internacional y sus desafíos
Para que el caso llegue a la CIDH, la defensa de Vivanco deberá primero agotar las instancias judiciales en Chile. De concretarse, el proceso ante el organismo internacional podría extenderse por más de una década, tal como ocurrió en casos similares, como el del juez Daniel Urrutia, que tardó 15 años en resolverse a su favor.
Gabriel Boric, presidente de la República, será el encargado de ejecutar la remoción de Vivanco. En paralelo, la ministra también enfrenta investigaciones penales por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos, lo que podría complicar aún más su situación.
Impacto de la investigación penal
El proceso penal en curso será determinante tanto a nivel nacional como internacional. Si la investigación demuestra culpabilidad, los argumentos ante la CIDH podrían debilitarse. “Las investigaciones penales y su resultado tendrán un impacto directo en la presentación del caso ante la justicia internacional”, agregó Manríquez.
El ejemplo peruano demuestra que, incluso en situaciones adversas, la restitución es posible. En el año 2000, el Congreso peruano anuló la destitución de los jueces del TC, un desenlace que la defensa de Vivanco buscaría replicar en su caso.