Gobierno evalúa implementación de vigilantes privados en centros de salud para proteger a funcionarios y pacientes
En las últimas semanas, varios centros de salud en Chile han sido escenario de violentos incidentes, lo que ha llevado al Gobierno a considerar la posibilidad de implementar vigilantes privados en estos recintos. Hechos como un intento de homicidio en San Bernardo y una balacera en Puente Alto han expuesto la inseguridad a la que se enfrentan los trabajadores de la salud y los pacientes. A raíz de estas situaciones, Ximena Aguilera, ministra de Salud, mencionó que contar con vigilantes armados en los centros de salud podría ser una solución para garantizar la seguridad.
“Es una prioridad para nosotros garantizar la seguridad de los funcionarios”, señaló Aguilera, quien sugirió que la presencia de vigilantes privados, similar a los que operan en bancos, podría tener un efecto disuasivo y permitiría controlar de mejor manera situaciones de violencia.
Ley de seguridad privada y nuevos estándares
La nueva Ley de Seguridad Privada, promulgada en marzo y que entrará en vigor en 2025, actualiza los criterios para la designación de entidades obligadas a adoptar medidas de seguridad, incluyendo la posibilidad de contar con vigilantes privados en recintos de alto riesgo. Estos vigilantes, a diferencia de los guardias de seguridad, están autorizados para portar armas, lo que ha generado debate sobre los riesgos de su implementación en centros de salud.
Aldo Vidal, coordinador técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y ex general de Carabineros, menciona que “si un centro de salud se define como de alto riesgo, será declarado entidad obligada, y deberán adoptarse medidas de seguridad especiales, incluyendo la figura del vigilante privado”.
Medidas de seguridad en comunas afectadas
Algunas comunas ya han tomado medidas adicionales para enfrentar la inseguridad en los centros de salud. En Puente Alto, el alcalde Germán Codina anunció el refuerzo de las instalaciones de los Cesfam Karol Wojtyla y Cardenal Silva Henríquez mediante la instalación de láminas antiimpacto, alarmas de agresiones y cierres perimetrales. Ambos centros cuentan también con puntos fijos de Carabineros disponibles las 24 horas.
Por su parte, en Alto Hospicio, donde las agresiones a trabajadores de la salud han aumentado considerablemente, se han instalado cámaras de vigilancia, botones de pánico en los boxes de atención, y se ha implementado el uso de chalecos antibalas y cascos para el personal de ambulancias.
Debates sobre la efectividad de la medida
A pesar de estas iniciativas, algunos expertos señalan que la implementación de vigilantes armados puede no ser la solución más efectiva a largo plazo. Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, advierte que contar con armas en los centros de salud podría ser peligroso tanto para los funcionarios como para los pacientes. “Poner vigilantes privados en los recintos es más bien una solución parche, con riesgos para los funcionarios y los pacientes”, señala Alcorta.
Asimismo, Mauricio Osorio, secretario nacional del Colegio Médico, sostiene que medidas como el blindaje de puertas y la presencia de vigilantes privados no abordan el problema de fondo. “La gente va a trabajar para ayudar a la comunidad, no puede ser que tenga que preocuparse por su seguridad personal de esta manera”, comenta Osorio, haciendo un llamado a soluciones más profundas.
Mesa de trabajo y coordinación con autoridades
Con el fin de buscar soluciones a largo plazo, se ha reactivado una mesa de seguridad entre autoridades y trabajadores de la salud. Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, anunció que el próximo 21 de octubre se llevará a cabo una reunión con Carabineros, la PDI y el Fiscal Nacional para abordar los problemas de seguridad en los centros de salud. “La falta de funcionarios y el retraso en llegar a lugares violentos están generando dificultades”, comentó Flores, quien destacó la necesidad de aplicar la Ley de Consultorio Seguro y asignar más recursos en la Ley de Presupuestos para mejorar la infraestructura y los planes de seguridad en los recintos asistenciales.
A medida que crecen los desafíos en materia de seguridad en el sector salud, el debate sobre la implementación de vigilantes armados sigue abierto, con opiniones encontradas sobre la factibilidad y los riesgos de la medida.