El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la oficialización de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago, específicamente como una ampliación de la cárcel Santiago 1. La decisión ha generado desacuerdo público por parte de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien ha manifestado su descontento con la medida.
El ministro Cordero afirmó que sostuvo una conversación con la alcaldesa Hassler, admitiendo su disconformidad, y anunció una próxima reunión con ella para discutir los temas pendientes. Además, se reunió con legisladores de las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado para abordar los detalles del proyecto que busca albergar a los reos más peligrosos del país en medio de la crisis de seguridad actual.
Las explicaciones de Cordero
Uno de los principales argumentos para elegir esta ubicación es que el área ya se ha consolidado como un barrio judicial y penitenciario. “Es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”, explicó Cordero. La zona ya alberga la Penitenciaría, el Centro de Justicia de Santiago, la primera cárcel de alta seguridad y la cárcel Santiago 1, lo que facilita el desarrollo de este nuevo proyecto.
El terreno destinado a la nueva cárcel es un predio fiscal, ya que pertenece a Gendarmería y al Ejército, lo cual facilita el acceso inmediato a servicios básicos como electricidad y agua. “Lo que se está haciendo es tratar de fusionar esos dos predios para poder desarrollar la ampliación de Santiago 1”, detalló Cordero.
Otro factor considerado fue la existencia de inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios del cuadrante, aunque se anunciaron ajustes para mejorar su efectividad, como la automatización del sistema de detección y bloqueo de señales.
La cercanía con los tribunales del Centro de Justicia reduce los riesgos de fuga de condenados e imputados. Se proyecta que el traslado de los internos se realice a través de túneles, ofreciendo mayores garantías de seguridad en comparación con los traslados en vehículos.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo aplicar la Ley 21.636, que permite modificar planes reguladores para la ampliación y construcción de recintos penitenciarios en casos de seguridad nacional y pública. “Estamos ejerciendo esta atribución para habilitar este proceso excepcional en lo que está vinculado a la ampliación de establecimientos penales”, explicó Cordero.
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley para eximir los trámites administrativos necesarios para la construcción de la nueva cárcel. “Vamos a enviar un proyecto de ley para excepcionar esos trámites específicos”, concluyó el ministro Cordero.
