Desde el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana, el debate y la incertidumbre han dominado la discusión pública. Aunque el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó recientemente en una entrevista con Mega que “el lugar está definido” y que se están ultimando los aspectos presupuestarios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha mantenido en suspenso la ubicación exacta del recinto penitenciario.
En los últimos días, el sector de Pedro Montt ha sido mencionado como una posible ubicación para el nuevo penal, lo que generaría una convivencia con otros establecimientos como Santiago 1, Santiago Sur y el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). En el programa “Estado Nacional” de TVN, Cordero indicó que “dados los requerimientos de oportunidad que nosotros tenemos hoy día, eso significa la urgencia, (Santiago) es la zona más atractiva”.
Sin embargo, esta posible ubicación ha sido recibida con resistencia por parte de varios alcaldes de la región, incluida la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien se ha manifestado en contra de la instalación del nuevo recinto en su comuna. Cordero, en respuesta a estas preocupaciones, destacó la necesidad de encontrar un consenso: “Si estamos de acuerdo que este es uno de los problemas urgentes del país, que no podemos seguir dándole eficacia al sistema de enjuiciamiento criminal sin ampliar el sistema penitenciario, entonces nos tenemos que poner de acuerdo dónde”.
Protestas y Manifestaciones
El pasado domingo, vecinos del sector de Rondizonni, lugar donde más se ha ideado el penal, realizaron una manifestación y recolectaron firmas para evitar su construcción. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se unió a la protesta y declaró que utilizará cualquier herramienta disponible para evitar que el nuevo recinto penitenciario se instale en su comuna.
A pesar de las discusiones y las posibles ubicaciones, el avance del proyecto de construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad depende de la aprobación del Congreso Nacional. La implementación de este proyecto es vista como una medida crucial para combatir el crimen organizado y mejorar el sistema penitenciario del país, pero la falta de consenso sobre su ubicación sigue siendo un obstáculo significativo.
