El controversial proyecto minero-portuario Dominga ha generado un debate medioambiental que se arrastra hace más de cinco años. El foco principal del problema es su cercanía a una de las zonas de mayor biodiversidad marina en el mundo. A pesar de esto, el proyecto descansa en la Corte Suprema.
Cada Estudio de Impacto Ambiental para ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debe establecer una línea base. Es decir, “la extensión geográfica de cada uno de los componentes ambientales que potencialmente pueden ser afectados por el proyecto”.
Según un reportaje de Mongabay Latam, Dominga ha excluído de la línea base zonas que se verían afectadas por el proyecto. Además de irregularidades y presiones para su pronta aprobación.
Sin embargo, en abril el Tribunal Ambiental falló a favor de Andes Iron, matriz de la minera. El proyecto se encuentra en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal.
Liesbeth van der Meer, Directora de Oceana Chile, señaló que “la sentencia del Tribunal Ambiental no se pronunció sobre el fondo del asunto. Nada dijo sobre si es o no viable en términos ambientales”.
Proyecto Dominga
Si Dominga se aprueba, anualmente 12 millones de toneladas de hierro serán extraídas desde el interior de la tierra, más otras 150 mil toneladas de concentrado de cobre, durante 26,5 años.
El proyecto contempla también el procesamiento y embarque del concentrado de hierro en un puerto propio. Desde ahí, tres a cuatro barcos mensuales transportarían el mineral para su comercialización.
La iniciativa promete generar 10.000 puestos de trabajo durante la construcción y 1450 empleos permanentes durante la operación.
Biodiversidad en la zona
La área donde se emplazaría el proyecto forma parte de una región conocida como el archipiélago de Humboldt. Esta área es Sitio Prioritario para la Conservación puesto que aquí ocurre el fenómeno oceanográfico llamado Surgencia. Este fenómeno consiste en el movimiento de masas de agua profundas que ascienden a la superficie, fertilizándola.
En la zona existe una biodiversidad única. Además, se encuentran los niveles más altos de los alimentos de los mamíferos y aves protegidas en las reservas.
Hasta 560 especies marinas son posibles de encontrar en este lugar. El 50 % de estos animales se encuentran en estado Vulnerable y algunos de ellos En Peligro de extinción. El Pingüino de Humboldt es una de estas especies, y la reserva cuenta con el 80 % de su población total.
Una larga travesía
Andes Iron, presentó el estudio ante el SEA en 2013. En el estudio se detalló que la línea base comprendía la Bahía Totoralillo, donde “no existen áreas bajo protección oficial”.
Sin embargo, la respuesta de los organismos competentes fue que la línea base subestimaba los impactos del proyecto. El servicio nacional de pesca (SERNAPESCA) solicitó “incluir en el área de influencia a la reserva Marina Isla Choro y Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”.
La razón para proteger esta franja es que, según explica el científico especializado en conservación marina Dr. Carlos Gaymer, todos los animales que viven en las Reservas Pingüino de Humboldt, Isla Chañaral e Isla Choros y Damas, no se alimentan en dichas islas. Sino que su principal zona de alimentación es Totoralillo Norte, Chungungo y toda el área costera que va desde Caleta de Hornos hasta Punta de Choros.
“las zonas de alimentación de las especies que están siendo protegidas por la reserva, no están protegidas. Y ningún sentido tiene proteger las áreas de nidificación si no proteges sus áreas de alimentación”, señaló el científico.
Teniendo esto en cuenta, CONAF y SERNAPESCA pidieron a la empresa incluir las reservas dentro del área de influencia.
En febrero del 2017, Dominga presentó por cuarta vez su apelación para la aprobación del proyecto. Esta vez con un gran argumento a favor, la aprobación de Cruz Grande. Sin embargo, Dominga no se aprobó.
La empresa acudió al Tribunal Ambiental, acusando arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de rechazar su proyecto, puesto que “tenemos una línea base que fue la misma aceptada en el caso del proyecto Cruz Grande”.
A su vez, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo denunció recibir presiones desde Santiago para la aprobación del proyecto. Un sumario interno se abrió para investigar el caso. Según el sumario, el cuarto informe se envió a Coquimbo con la orden de publicarlo sin realizar cambios.
Tras la investigación, el SEA estimó que no habían fundamentos para considerar irregularidades en el proceso.
Vinculación con Sebastián Piñera
El año pasado BíoBío sacó un reportaje que remeció el mundo político chileno. Sebastián Piñera durante su primer mandato bajó la Central Termoeléctrica Barrancones. El proyecto se pensaba instalar en la misma zona donde el mandatario mantenía un conflicto de interés.
“Me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, mencionó.
Pero, evadió un detalle. Él, sus cuatro hijos y tres de sus cercanos, eran de los principales accionistas de Andes Iron, matriz de Dominga.
Nicolás Noguera, socio de Piñera, también invertía en Dominga a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera. Sociedad que compartía con Juan de Dios Larraín, hijo del actual ministro de justicia, Hernán Larraín.
Otro cercano al presidente involucrado en el proyecto es Santiago Valdés. Valdés está formalizado por su participación en el Caso SQM tras emitir 16 facturas de Bancorp, empresa perteneciente a Sebastián Piñera, por asesorías sin respaldo que suman $340 millones.
Caso Penta
El proyecto se presentó como la incursión minera de Carlos Alberto Délano, controlador del Grupo Penta y socio de Piñera.
Cuando se detectaron pagos irregulares del holding por $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público los interpretó como un soborno para favorecer la tramitación de Minera Dominga.
A pesar del revuelo que provocó esto, hubo una arista que no se tocó, la participación de Délano en el proyecto Dominga era menor que la de la familia Piñera, concentrando entre ambos cerca del 55% de las acciones de Minería Activa Uno SpA.
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