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Reportajes

¿Quién ‘roba’ el agua de los acuíferos?

Los usos indebidos, la especulación y los conflictos de intereses ponen en entredicho la legitimidad de las concesiones para uso de agua que no priorizan los aspectos sociales y medioambientales.

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El agua no es un bien como los demás, sino un patrimonio que hay que conservar al ser fundamental para la vida. El cambio climático está haciendo que se incrementen los eventos de inundaciones y sequías en muchos lugares del planeta y aumenten los problemas para satisfacer las necesidades de la población al cambiar las condiciones y la cuantía del agua disponible.

El agua se convierte en un recurso escaso cuando la demanda supera a su disponibilidad. Es entonces cuando aparecen los conflictos entre los potenciales usuarios y el necesario equilibrio social, económico y medioambiental del uso sostenible del agua, que desgraciadamente no siempre se cumple.

La agricultura de regadío es el principal consumidor de agua en el mundo. Resulta imprescindible para generar suficientes alimentos para una población mundial creciente, supone más del 70% del consumo de agua en el mundo (en las regiones más áridas puede superar el 90%), aunque su prioridad de uso está por detrás del abastecimiento urbano y del medio ambiente.

Porcentaje de superficie regada por superficie total de las comunidades autónomas.MAPA

La principal distorsión para la gestión sostenible del agua se debe al valor económico generado con su uso. Cuando los intereses económicos de unos pocos especuladores del agua se ponen por delante de los intereses sociales y medioambientales, se rompe el necesario equilibrio entre los tres. Este equilibrio es, al menos en teoría, el principal objetivo de los planes hidrológicos (PH), que en el caso de España, cuando la falta de consensos políticos no lo retrasan, se revisan cada seis años de acuerdo con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Los PH estiman los recursos hídricos renovables disponibles y los reparten entre los demandantes que tengan otorgados derechos de uso del agua, aunque en ellos suelen introducirse condicionantes, normas y enfoques según la visión y prioridades del Gobierno y la mayoría parlamentaria que tiene que aprobarlos.

De la abundancia a la escasez


Para entender mejor qué son los acuíferos y cómo se gestionan, es conveniente recordar que el agua en el planeta sigue el denominado ciclo hidrológico. Este puede resumirse en que el agua se evapora a la atmósfera, precipita con la lluvia y la nieve, y la parte que cae en la superficie terrestre se infiltra en profundidad (recargando los acuíferos, considerados aguas subterráneas) o escurre por los ríos hasta llegar al mar.

En el pasado, la demanda de agua para los diferentes usos (urbanos, industriales, agrícolas y medioambientales) era normalmente inferior a la fácilmente accesible para cubrir las necesidades. Pero a mediados de los 70, coincidiendo con la aparición de tecnologías para realizar sondeos de captación de aguas subterráneas profundas y la necesidad de aumentar la producción de alimentos, se inicia en España un incremento muy significativo del uso de aguas subterráneas en varias zonas (fundamentalmente en La Mancha y en Levante) que generan los primeros síntomas de sobreexplotación de acuíferos.

Esto, entre otras cosas, dio lugar a la aparición de la nueva Ley de Aguas de 1985, que sustituía a otra de 1879 y a un conjunto de reales decretos complementarios. Todas las aguas, incluidas las subterráneas y no solo las superficiales como hasta entonces, pasaron a ser de dominio público.

Proporción de agua extraída respecto a la capacidad de recarga de los acuíferos en tanto por uno.IGN

Los dueños y ladrones del agua


En países como España, donde el agua es de dominio público, las concesiones para uso del agua eran otorgadas por la Administración de forma gratuita, según se iban pidiendo, cuando no había restricción en la disponibilidad.

Pero al convertirse en un recurso escaso, como ha ocurrido en los últimos 25 años en la mayor parte de territorio nacional, las pocas concesiones que se dispensan suelen dar prioridad a los nuevos usuarios con mayor repercusión social. Aunque la mayor parte del agua ya estaba repartida. Buena parte de ella se encuentra en manos de aguatenientes que, en ocasiones, especulan para sacar la mayor rentabilidad privada a un agua que les fue concedida gratuitamente.

Los que llegan tarde al reparto legal del agua, cada vez más escasa debido a su priorización para usos urbanos y medioambientales, además de por una menor disponibilidad ligada al cambio climático, tienden a robarla, es decir, a utilizarla sin concesión.

Resulta imprescindible un equilibrio de justicia social, económica y medioambiental en el reparto de los derechos de uso del agua, que choca en muchos casos con los derechos consolidados de los primeros concesionarios. Para conseguirlo, al igual que se hizo al pasar la utilización de las aguas subterráneas del derecho privado al público en 1985, habría que establecer un periodo transitorio (en aquel caso fue de 50 años) y otro conjunto de medidas.

Estas últimas permitirían ir reduciendo concesiones a los que más tienen, aprovechando por ejemplo la modernización del regadío y la mejor eficiencia en el uso del agua que con ello se puede conseguir; utilizando el riego deficitario controlado, que permite aproximarnos al óptimo económico y social por unidad de agua aplicada. Se liberaría así agua de los que más tienen para reasignarla a nuevos usuarios con criterios sociales de reparto de riqueza.

El precio del agua


La gestión del agua en España establece un canon para el uso de aguas superficiales que solo corresponde al mantenimiento y la gestión del sistema de distribución de agua. En general, la Administración pública es la encargada de afrontar las inversiones de las infraestructuras necesarias. En cambio, para el uso de las aguas subterráneas, los usuarios privados (más del 75% de los casos) soportan todos los costes y solo en las obras de interés social se hace lo mismo que con las aguas superficiales.

Las tarifas del agua de riego suelen variar entre 0,01 y 0,18 €/m³, siendo normalmente constantes para todo el volumen de agua otorgado en su concesión. Las tarifas urbanas, que normalmente contemplan al menos tres tramos con diferente coste según el consumo, suelen ser entre tres y seis veces más caras que las de riego, ya que incluyen el tratamiento, distribución y depuración. Existe en este sentido gran variabilidad entre las diferentes ciudades españolas, con diferencias que pueden llegar a ser más del doble.

La gestión del agua de riego suele ser responsabilidad de las confederaciones hidrográficas, con ayuda de las comunidades de regantes. El agua urbana suele corresponder a los ayuntamientos, normalmente con ayuda de empresa privadas o público-privadas, al funcionar mejor que la gestión únicamente pública.

Asesoramiento para un uso racional


Un problema añadido a la escasez de agua es la falta de concienciación y conocimiento, tanto de los que tienen concesión como de los que no la tienen, sobre la necesidad de un uso racional del agua. Para evitarlo, el asesoramiento técnico enfocado a conseguir la máxima productividad económica por cada metro cúbico de agua de riego resulta fundamental. Los propios usuarios del agua reclaman esta ayuda, ante una situación con cada vez menos agua disponible para la agricultura.

En el desarrollo del conocimiento para este asesoramiento y su transferencia al sector productivo juegan un papel fundamental las universidades y centros de investigación. Tras la crisis económica que se inicia en 2010, los recortes económicos para investigación (entre el 60% y el 100%), tanto a nivel nacional como regional en el caso de España, han mermado muchísimo la generación y transferencia de conocimiento en este y otros muchos campos.

Hoy en día, el agua es un recurso escaso y estratégico en la mayor parte de los países. Podría decirse que “quien tiene agua, tiene un tesoro”, por lo que cada vez hay más presiones políticas, económica y sociales para poder disponer, controlar y gestionar el agua. Desgraciadamente, esto produce también un aumento de la especulación y las artes oscuras que ello conlleva.The Conversation


José María Tarjuelo Martín-Benito, Catedrático en el Área de Ingeniería Agroforestal, Universidad de Castilla-La Mancha

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.


 

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La histórica discriminación hacia las mujeres en la universidad

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Las medidas de acción positivas para fomentar la presencia de mujeres en los órganos de decisión de las instituciones universitarias suscitan debate sobre si son o no justificadas.

Según la Real Academia Española de la Lengua la definición de discriminación positiva es la siguiente: “Protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social”.

¿Qué ocurre con otros grupos discriminados?


Bien. Pensemos ahora en un grupo históricamente discriminado. Por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad. Las dificultades para su integración laboral en el mercado de trabajo justificaron la reserva obligatoria de puestos en la empresa pública y privada para favorecer su acceso al empleo y, por ende, su inclusión social.

Parece que estas medidas de acción positiva han sido interiorizadas por la sociedad actual, que las considera proporcionadas al objetivo que pretende conseguir y sin que haya una contestación relevante por “discriminar” a las personas sin discapacidad.

Hablemos ahora de mujer y universidad. Del último informe “Científicas en Cifras 2017”, publicación que analiza la presencia relativa de mujeres en los distintos niveles y ámbitos de la ciencia en España, con especial atención a la carrera investigadora en universidades y organismos públicos de investigación, a la composición de órganos de gobierno y evaluación y a los resultados de la participación en convocatorias de financiación de la I+D+i.

Si ese informe destaca “la escasa presencia de mujeres en los cargos de gobierno, que se mantiene el techo de cristal en la carrera investigadora respecto a los hombres y que continúa la brecha de género en los proyectos de I+D+i”, ¿se puede considerar a la mujer en la universidad como un grupo históricamente discriminado?

Teniendo en cuenta que en la universidad española son ya mayoría las egresadas, pero tan solo un 21 % han alcanzado la categoría de catedráticas, ¿están justificadas las medidas de discriminación positiva como para otros colectivos en situación similar?

Brecha de género


La acción positiva se legitima, no en función de la persona beneficiaria, sino en función de su pertenencia a un grupo poblacional discriminado –en este caso, nosotras, las mujeres–.

El Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española nos recuerda que la Estrategia del Espacio Europeo de Investigación, adoptada en 2010, señala como objetivo para el año 2030 que la mitad de todo el personal científico, en todas las disciplinas y en todos los niveles del sistema científico en Europa y, por tanto, en España, sean mujeres. ¡Nos quedan tan solo 11 años y tantísimos obstáculos para conseguir este objetivo!

La inmensa mayoría de las instituciones científicas europeas y españolas implementan medidas de acción positiva para eliminar la brecha de género.

Eliminarla en la ciencia es inaplazable. E imperante. Tan importante en la gobernanza de una universidad es la atención de políticas que conlleven a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como la aplicación de medidas de acción positiva que nos lleven hacia la equidad de género.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptan las medidas de acción positiva –cuya definición se encuentra en el art. 11 de la Ley Orgánica de Igualdad (que no hace sino trasponer el contenido de las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE– a favor de las mujeres declarando legítima su aplicación para compensar la brecha de género patente.

A modo de ejemplo, en la universidad donde trabajo, la Universidad de Castilla La Mancha, un 45 % de las personas susceptibles de dirigir tesis somos mujeres, pero solo accedemos a dirigir tesis el 20 % en 2018, frente al 28 % en 2017. Estas medidas, en el ámbito de actuación de la Universidad de Castilla La Mancha, han supuesto un incremento del 12 % en proyectos de investigación dirigidos por mujeres, acortando la brecha de género existente, pasando de 29 a 43 científicas el número de investigadoras principales en Castilla-La Mancha.

Debate equivocado


El Programa FEDER 2014-2020 de la Unión Europea establece como criterio básico para la selección de operaciones financiables “la incorporación de la perspectiva de género y el principio de igualdad de oportunidades a fin de contribuir a la reducción de la brecha de género y a la prevención de posibles brechas de género futuras o, cuando esto no sea posible, deberá justificar al menos que la acción en concreto no contribuye a profundizar en una brecha de género preexistente”.

Y esta línea incide el reciente Plan Estatal de I+D+i, reconociéndonos hasta 10 puntos a los proyectos liderados por mujeres: ahora bien, vinculados a la existencia de políticas de igualdad de género en la universidad.

El debate sobre la necesidad o no de medidas de discriminación positiva no nos puede hacer mirar en la dirección equivocada ante la evidente brecha de género en la ciencia. Ello tiene consecuencias y, sobre todo, nos impide entender que la vida y sus circunstancias y escenarios se pueden transformar en busca de sociedades que ponderen ante todo, la igualdad, la equidad y la justicia social.

No le faltan razones a la antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde al señalar que “en la construcción de la democracia genérica, una manera de concebir la perspectiva de género es comprenderla como una herramienta científica, política, ideológica y cultural, que puede permitir la superación de la intolerancia a la diversidad humana, de todas las manifestaciones del sexismo, del dominio, la opresión y la explotación en que se cultiva la desigualdad social”.

La perspectiva de género es la respuesta más acertada y democrática que hoy se perfecciona para alcanzar el objetivo de la igualdad real.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Renacimiento de las Humanidades: el valor de enseñar para el mañana

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Educar para el hoy es caminar al revés. Como educadores necesitamos estar al tanto no solo de las tendencias actuales, sino de las evoluciones que las mismas podrían tener. Anticiparnos a las necesidades de los estudiantes, así como la mejor manera de enseñarles y prepararlos para el mercado laboral del futuro es crucial para mantener el valor agregado y la utilidad de la educación universitaria.

El filósofo John Dewey afirmaba en 1916: “Si hoy enseñamos a los estudiantes como enseñábamos ayer, los despojamos del futuro”. Más de un siglo después, esta frase sigue vigente. Ante los cambios acelerados en nuestra sociedad, muchos de ellos propulsados por nuevas tecnologías, necesitamos cambiar la educación.

Sube la demanda de educación universitaria


La demanda de educación universitaria en el mundo se ha multiplicado por catorce en los últimos cincuenta años. En América Latina estimamos que esta demanda se multiplicará por quince en los próximos treinta años. ¿Cómo haremos frente a ello? Definitivamente, con más inversión pero, de una manera más eficiente, haciendo las cosas de forma diferente y adaptándonos a esta nueva realidad de la demanda educativa.

Otro problema importante en la educación superior radica en la incapacidad que tienen los estudiantes de transferir lo aprendido a situaciones reales y complejas. Su forma de aprender favorece la memorización.

La opinión pública de que la mejor inversión es la educación universitaria va en declive en muchos lugares del mundo. La brecha entre los que estudiaron un grado universitario de cuatro años y los que solo estudiaron el Bachillerato se ha incrementado en EE UU, y ha pasado del 65 % en 1960 al 98 % en 2013, según reporta la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos en 2013. Esta brecha es similar en otros países.

Empleos automatizados


Por último, la IV Revolución Industrial, con la automatización, la robótica y la inteligencia artificial provocará pérdidas de empleos cualificados, y no solo de manufactura. Diversos estudios señalan que en los próximos años empleos en todas las escalas actualmente ocupados por seres humanos serán automatizados. A nivel mundial, se estima que el 60 % de todas las ocupaciones tienen al menos un 30 % de posibilidades de automatizarse. En México se cree que se perderán nueve millones de empleos en los próximos diez años.

Estos cambios traen consigo oportunidades, y las universidades deben estar preparadas para formar a los profesionales que se requerirán en estos nuevos esquemas laborales. Es difícil anticipar estos cambios y prever los nuevos empleos.

Viajemos a 2030


Le invito a coger conmigo una máquina del tiempo y viajar al año 2030. En este año encontraríamos un escenario en el que las universidades ya no tienen el monopolio de la credencialización, es decir, ya no tienen el monopolio de entregar un diploma que habilita a las personas para decir “yo sé hacer este trabajo”.

En el 2030 existen empresas que se encargan también de acreditar para el ejercicio laboral. Ofrecen certificados e insignias a través de cursos presenciales, híbridos o en línea. Este fin de la hegemonía universitaria se logró porque algunas start-ups lograron disminuir el tiempo y el costo de dar estas acreditaciones.

En el 2030 las empresas valoran más un portafolio de evidencias del desempeño profesional de una persona que su grado universitario. El fin de la hegemonía de las universidades para otorgar credenciales comenzó en 2017, cuando compañías como PricewaterhouseCoopers, empezaron a contratar a egresados del Bachillerato para formarlos como analistas de riesgo. En 2018, Facebook, Amazon y Google hicieron un anuncio similar.

En 2030 se usan intensivamente tecnologías para la educación que permiten personalizar el aprendizaje y hacerlo más eficiente, tales como la inteligencia artificial aplicada a la educación, la realidad aumentada y la realidad virtual, que permiten desarrollar cualidades como la empatía y las analíticas de aprendizaje.

Además, las trayectorias curriculares y contenidos son cada vez más personalizados, en gran parte gracias al aprendizaje vivencial. Este aprendizaje reduce la brecha entre teoría y práctica, permite desarrollar las competencias blandas. Estas competencias son tan importantes que ahora las llamamos power skills o competencias “poderosas”.

Ante el acelerado desarrollo tecnológico, vemos un renacimiento de las humanidades en las universidades. Todo lo que es inherente a lo humano es lo más difícil de automatizar: la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de inspirar y de trabajar colaborativamente y otras habilidades humanas nos distinguen de las máquinas.

Además, las Humanidades nos dan habilidades para aprender a aprender. Esta habilidad es esencial en el 2030, tenemos que ser capaces de reinventarnos y las artes y humanidades lo hacen posible.

Un estudiante que egresa del Bachillerato en el 2030 tiene dos opciones enfrente. La primera consiste un grado universitario con una carga importante de Humanidades. Los que eligen este camino tendrán que invertir menos tiempo y esfuerzo cuando se tengan que reinventar. La segunda es un programa similar a una carrera técnica corta. Los que eligen este camino hacen una pequeña inversión inicial, pero tendrán que invertir más tiempo y esfuerzo cuando se tengan que reinventar.

Responder a las demandas actuales


Tomemos de nuevo la máquina del tiempo y viajemos de regreso a la actualidad. Al volver a nuestra realidad, surge una pregunta: ¿cómo respondemos a las demandas actuales de educación universitaria? y ¿cómo nos preparamos para estos escenarios de futuro?

En el Tecnológico de Monterrey nos hemos hecho esta pregunta y hemos respondido con dos modelos de innovación, uno para atender a las demandas del contexto actual y otro en el que estamos innovando para prepararnos y seguir siendo relevantes en el 2030 y más allá.

Para responder a las necesidades actuales hemos creado el modelo educativo Tec21. El diseño de este modelo arrancó en el 2013 y desde entonces hemos estado experimentando y refinándolo de acuerdo a los resultados de estos pilotos.

Tec21 se implementará al 100 % para la generación de alumnos que inicia sus estudios en agosto de 2019. En este nuevo modelo, los alumnos se van a inscribir para resolver retos del mundo real.

Estos retos fueron previamente definidos por sus profesores para desarrollar ciertas competencias disciplinares y transversales (competencias “poderosas”) con la participación de un socio formativo, un cliente real de una empresa, gobierno u ONG. Cada reto es interdisciplinar porque la realidad no está dividida en silos de conocimiento.

Además, los alumnos tendrán más flexibilidad para escoger su área de estudio gracias a un modelo de trayectorias que tiene pocas entradas y muchas salidas. En este modelo, el alumno escoge una de nueve áreas disciplinares de entrada y tiene hasta dos años para escoger que licenciatura o pregrado de esa disciplina quiere terminar.

Modelo educativo Tec21. Tecnológico de Monterrey.

Preparándonos para ser relevantes


Con el 2030 en mente, formamos TecLabs, área de innovación disruptiva del Tecnológico de Monterrey que mira hacia el 2030. TecLabs observa tendencias, realiza pilotos que permiten visualizar cómo será la educación en el futuro, mide el impacto de estos pilotos y transfiere lo aprendido a la sociedad.

Una manera de observar las tendencias educativas es a través del Observatorio de Innovación Educativa, creado para que profesores y directivos puedan acceder fácilmente a lo que está pasando el mundo de la innovación educativa.

Este observatorio está abierto al público para que cualquier persona se pueda inscribir y se mantenga informada con lo más actual en educación e innovación educativa. La otra manera de observar estas tendencias es a través del Congreso Internacional de Innovación Educativa, que en 2018 recibió a más de 3.500 personas de treinta países.

TecLabs tiene un área de Credenciales Alternativas que a través de MOOC y Bootcamps (cursos intensivos orientados al mercado laboral) busca otras maneras de ofrecer crédito académico a los estudiantes.

Una manera muy importante para generar la innovación es el programa Novus, que otorga fondos a profesores innovadores.

Otra de las actividades clave de TecLabs es la evaluación de proyectos de innovación educativa y la generación de conocimientos. Para la evaluación, diseñamos un marco de referencia para evaluar proyectos de tecnología educativa que se llama Escala i. La guía de Escala i tiene licencia Creative Commons y describe los cinco criterios de Escala i, las rúbricas para evaluar estos proyectos, así como la metodologías de pares para la evaluación.

Por último, para transferir a la sociedad estos conocimientos, TecLabs Startups tiene una incubadora y aceleradora de tecnología educativa que ofrece sus servicios a profesores, alumnos y al público en general.

La universidad del futuro será distinta


En TecLabs creemos que la universidad del futuro será completamente distinta a la que conocemos hoy aunque no sabemos exactamente cómo va a ser. Este futuro no se adivina en una bola de cristal, se crea. Estamos en un momento de la historia que será recordado por grandes cambios en la educación. Este futuro, aunque incierto, es intrigante y motivador a la vez, pues tenemos en nuestras manos la posibilidad de participar e incidir en su diseño.


La versión original de este artículo fue publicada en el suplemento Enlighted de la Revista Telos, de Fundación Telefónica.The Conversation


 

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El rechazo familiar, principal causa del sinhogarismo entre la comunidad LGBTIQ+

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Rawpixel.com / Shutterstock

Son jóvenes y sufren discriminación múltiple. Se ve con especial claridad en el caso de las mujeres trans, quienes muchas veces acaban ejerciendo la prostitución como única fuente de ingresos viable. Esta y otras conclusiones se extraen de un reciente estudio en el que queda patente que la población LGTBIQ+ sufre en altos porcentajes delitos de odio. Sus integrantes piden respeto y aceptación para poder llevar una vida digna y feliz.

El por qué de una investigación


En el Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión social de la Universidad Rey Juan Carlos acabamos de terminar un estudio sobre las personas LGTBIQ+ sin hogar en la Comunidad de Madrid, financiado por la Red FACIAM en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Esta investigación surge como consecuencia de la intuición de los profesionales que trabajan día a día con personas sin hogar, quienes observaban que un nuevo perfil, personas LGTBIQ+ relativamente jóvenes, parecía emerger entre esta población. Si bien en otros países esta realidad ya estaba constatada con datos (EE.UU, Canadá o Europa), en España hasta el momento no había datos al respecto, por lo que se trata de un estudio pionero y, aunque se circunscribe solo a la región de Madrid, es el comienzo para llegar a la recogida de datos estatales.

Objetivos y resultados


Se llevó a cabo una investigación cuantitativa a través de una encuesta a entidades de la red pública y privada de personas sin hogar de la Comunidad de Madrid. 23 centros accedieron a participar y 112 personas en situación de calle se identificaron como LGTBIQ+: 10% lesbianas, 44% gais, 20% bisexuales, 24% heterosexuales en cuanto a su orientación sexual y 58% hombres, 13% mujeres, 18% mujeres trans, 8% hombres trans y 3% intersexuales, en cuanto a identidad de género.

Finalmente completamos la encuesta con personas sin hogar no LGTBIQ+ con el mismo criterio de exclusión residencial para poder comparar. 205 personas cumplimentaron el cuestionario, de las cuales 112 se identificaron LGTBIQ+ sin hogar (55%) y 93 no LGTBIQ+ sin hogar (45%). Posteriormente, llevamos a cabo 10 entrevistas en profundidad para matizar los datos de la encuesta, por lo que el diseño metodológico fue mixto, cuantitativo y cualitativo.

Los objetivos que nos planteamos en el estudio fueron conocer los factores de exclusión social y riesgo de sinhogarismo en la población LGTBIQ+, así como las barreras que bloqueaban su inclusión social.

En cuanto a los resultados más relevantes de la encuesta, encontramos que la muestra LGTBIQ+ sin hogar es más joven. Si bien no se observan diferencias en el nivel educativo de ambas muestras, las personas LGTBIQ+ dicen tener más ingresos por su trabajo y prestaciones sociales. Destaca el ingreso por el ejercicio de la prostitución, que solo se da en esta población. En concreto, así lo manifiestan un 25% de mujeres trans, que encuentran muchas dificultades en el acceso al mercado laboral y consideran la prostitución su única vía posible de obtención de ingresos para sobrevivir.

Razones de la situación


La causa principal de la pérdida de alojamiento de la población LGTBIQ+ que resulta significativa es la expulsión del domicilio como consecuencia de la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, especialmente entre las mujeres trans jóvenes. Los conflictos familiares y pérdida de pareja también vinculados a juventud son la segunda causa .

Un dato preocupante es el relacionado con los delitos de odio. Un 74% de las personas LGTBIQ+ de nuestra muestra dicen haberlos sufrido, frente a un 26% no LGTBIQ+. Aquí destacan las agresiones sexuales, sufridas por un 14% del primer grupo frente al 1% no LGTBIQ+.

Discriminación percibida por identidad de género en las personas LGTBI. Giménez,S.et al.(2019),p.32, Author provided

Discriminación percibida por identidad de género en las personas LGTBI. Giménez,S.et al.(2019),p.32, Author provided

Según los perfiles que encontramos más significativos en el análisis cuantitativo mediante el método de encuesta, seleccionamos a diez personas a las que posteriormente entrevistamos.

Tras hacer un análisis narrativo temático, observamos que su percepción de discriminación estaba basada en hechos concretos vividos (agresiones físicas o verbales) o relativos a la invisibilización, que conlleva la negación de su realidad.

Estos episodios tuvieron lugar en la escuela, llevados a cabo tanto por algunos de sus compañeros como por algunos profesores. Esta discriminación vivida en el ámbito educativo les generaba desmotivación hacia los estudios, lo que incidía en la no obtención de la formación adecuada para poder acceder al mercado laboral con las mismas oportunidades que el resto de la población.

De la misma manera, sus narraciones se centraban en las vivencias de rechazo por parte de la familia, así como las vividas en la calle al abandonar el hogar. Se concretan las dificultades de inserción laboral, fundamentalmente de las mujeres trans, y se observa una discriminación múltiple al confluir el ser mujer, homosexual, trans y tener problemas de salud mental. La interseccionalidad en esta población se constata como factor de exclusión social.

Para el equipo de investigación resultaba importante ir más allá de las circunstancias objetivas de exclusión de las personas LGTBIQ+ sin hogar, por lo que les preguntamos sobre su percepción de felicidad y esperanza de inclusión social. Las respuestas, si bien consideraban que su situación cambiaría cuando la sociedad les aceptase, no eludían su responsabilidad personal apostando por una inclusión activa al tomar las riendas de su propia vida, estando dispuestas a construir su propia felicidad con una actitud proactiva.

Si la sociedad no les coloca impedimentos en este camino, estas personas apuestan esperanzadas por su felicidad, que pasa por poder trabajar y disfrutar de la vida en libertad y respeto mutuo.

Conclusiones


Como conclusiones a este estudio podemos destacar:

  1. Existe un perfil emergente de personas sin hogar con una identidad de género y orientación sexual no binaria, que presentan necesidades específicas en aras de una intervención social que facilite con mayor éxito su inclusión social.
  2. Las causas que se aprecian como significativas en la pérdida de la residencia de estas personas LGTBIQ+ sin hogar hacen referencia a procesos estructurales (culturales, sociales y económicos) de exclusión social que generan discriminación por identidad de género y/u orientación sexual.
  3. Si bien existe un marco jurídico suficiente, al menos en la Comunidad de Madrid, ha de ser desarrollado y concretado para no caer en los llamados “derechos de papel”, conforme a los principios de universalidad, prevención, globalidad, normalización-integración, participación, descentralización, coordinación y planificación, por los que se aboga en cualquier Sistema de Servicios Sociales. La provisión de recursos al respecto es fundamental.

Simultáneamente, tanto el artículo 14 de la Constitución Española que garantiza la igualdad de todas las personas ante la Ley, como el artículo 47 que garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos, siguen siendo vulnerados.

Al final del estudio se hicieron diferentes propuestas a nivel general. Entre ellas se pueden resaltar la promoción de la continuidad en el diagnóstico del problema, con más estudios como el realizado, o la inclusión de programas que atiendan a la diversidad desde pequeños, de manera que se acepte cualquier realidad (también acompañados de formación a padres, profesores y de apoyo psicosocial).

A la hora de asistir a la población LGTBIQ+ sintecho se recomienda agilizar los procesos burocráticos y contar con centros específicos para el colectivo o centros donde se trabaje en la diversidad e inclusión de todas las personas, entre otras.

También se recomienda, desde los puntos de vista jurídico y social, trabajar en la elaboración de políticas reales que favorezcan la inclusión laboral de las personas trans.

Tras la investigación, organizamos paneles de expertos que, a través de diálogos apreciativos, completaron y concretaron más propuestas. Estos paneles estaban compuestos por personas LGTBIQ+ sin hogar, profesionales que trabajan con ellas y los investigadores del equipo.

The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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