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El nuevo orden mundial se juega en Internet

Quién controla, supervisa o es dueña de Internet, es una duda que muy pocos se la realizan, pero la verdad es que la gran mayoría de la infraestructura de Internet está bajo el poder de empresas privadas sobre públicas.

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Internet, como máximo exponente de los avances en la globalización económica y política, ha desarrollado un modelo de gobierno particular. El modelo ha resultado capaz de lidiar con los conflictos que inevitablemente surgen ante una tecnología tan disruptiva y de mantener su naturaleza global.

Aunque Internet es a menudo percibida como un bien público mundial, sus recursos críticos –la infraestructura que hace que Internet funcione como una sola red– están en manos de organizaciones principalmente privadas, que conviven con otros actores del ecosistema, incluidos los gobiernos.

Comencemos por recordar qué es lo que hace que Internet se mantenga funcionando como una red técnicamente única.

Internet se concibe como una red diseñada para permitir la interconexión de diferentes equipos, con el único requisito de utilizar como protocolo de comunicación el Internet Protocol (IP) y tener asignada una dirección IP, que sirve como identificador único para la máquina. Para que una red funcione correctamente y los paquetes de información sepan a dónde deben dirigirse, las direcciones IP tienen que ser necesariamente únicas y, consecuentemente, deben ser gestionadas de manera centralizada.

Así, cuando queremos acceder o enviar un contenido a través de Internet, debemos conocer la dirección IP del destinatario. En realidad, las direcciones IP se traducen, por ejemplo, a direcciones web –como telos.fundaciontelefonica.com–, más fáciles de recordar para los humanos. Para que no haya conflictos, esta conversión también debe hacerse de manera coordinada a nivel mundial.

En los albores de Internet, la labor de coordinar el uso de las direcciones IP era realizada por un estudiante de la Universidad de California, Jon Postel, que registraba y anotaba manualmente cada nueva máquina que se conectaba a la red. A medida que internet fue adquiriendo mayores dimensiones, se hizo imprescindible la creación de un sistema de gestión más escalable y global. En 1998, se constituyó la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una entidad privada sin ánimo de lucro, que aún en la actualidad continúa realizando las tareas de coordinación de la asignación y adjudicación de identificadores que deben ser únicos, como las direcciones IP y los nombres de dominio –las direcciones web–.

Quién controla Internet


La pregunta de quién controla Internet no tiene una respuesta inmediata. Internet ha desarrollado un ecosistema y una estructura de gobernanza muy complejos.

Los gobiernos y los parlamentos tienen, por supuesto, un papel muy importante en lo que podríamos denominar la gobernanza socioeconómica de Internet, en el ejercicio de sus competencias para elaborar normas y regular el funcionamiento de los agentes económicos, y a través de su participación en organismos multilaterales como Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la gobernanza técnica de Internet –la que controla los recursos críticos y mantiene la coordinación de direcciones IP y nombres de dominio a nivel mundial– se ha desarrollado con cierta independencia de los gobiernos, o al menos de la mayoría de los gobiernos.

Desde sus inicios, ICANN fue plenamente consciente de que su misión fundamental era eminentemente técnica, pero que su papel trascendía estas cuestiones y tenía implicaciones políticas, y que, a medida que Internet expandía su alcance geográfico, debería esforzarse en involucrar en sus procesos a participantes de todas las partes del mundo.

Por ello, ICANN utiliza una estructura organizativa conocida como multistakeholder o de múltiples partes interesadas en la que la sociedad civil, la comunidad técnica, los gobiernos y el sector privado son tratados en pie de igualdad. El modelo multistakeholder ha resultado exitoso, en tanto en cuanto ha conseguido mantener una red abierta y segura funcionando a nivel global.

Por otro lado, la gobernanza socioeconómica de Internet se encuentra tremendamente fragmentada y lejos de encontrar una solución para abordar los desafíos a los que se enfrenta. Sí ha consolidado un mecanismo asesor muy relevante a través de instituciones como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés, Internet Governance Forum), que sirve de dinamizador de los debates. Sin embargo, el establecimiento de mecanismos sólidos de cooperación transnacional para cuestiones de privacidad, seguridad, derechos humanos o economía digital, es aún limitado.

ICANN y el Gobierno de Estados Unidos


Que internet surge en Estados Unidos seguramente sea conocido por muchos lectores. Podríamos decir que la NSFNet, una red que creó la National Science Foundation para conectar universidades y centros de investigación, es la internet primigenia.

Con la creación de la World Wide Web, una tecnología que se construye sobre Internet y facilita el acceso a la información al ciudadano medio a través de direcciones y enlaces por los que se puede navegar, la internet comercial experimenta un crecimiento acelerado a partir de 1995. Ante esta situación, el Gobierno de Estados Unidos privatizó la NSFNet y delegó la gestión de los identificadores únicos de internet en 1998 a ICANN, organismo fundado a tal efecto.

Sin embargo, el Gobierno de EEUU se reservó una función supervisora a través de un contrato entre ICANN y el Departamento de Comercio (DoC). En este contrato, ICANN se comprometía a continuar siendo una corporación sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos, transparente, responsable y multistakeholder.

El resto de Gobiernos han participado históricamente en ICANN como un grupo de interés más dentro de la comunidad internacional, representados en el GAC (Governmental Advisory Group). El GAC desempeña una labor muy importante asesorando a la junta directiva en cuestiones en las que se intersectan las actividades y políticas de ICANN y las leyes nacionales o los tratados internacionales.

A pesar de que la función del Gobierno de Estados Unidos ha sido puramente supervisora y nunca ha emprendido acciones sobre el control de los recursos críticos de internet, el vestigial poder de supervisión de Estados Unidos resultaba incómodo para muchos otros gobiernos.

En 2014 el Gobierno de Estados Unidos anunció su intención de renunciar a su contrato con ICANN siempre y cuando se encontrara un mecanismo que sirviera de reemplazo y se mejorara el sistema de rendición de cuentas. Entre las exigencias de Estados Unidos, el mecanismo de reemplazo debía mantener la naturaleza abierta de internet y el modelo multistakeholder. Dicho de otra forma, la solución no podía consistir en sustituir al Gobierno de Estados Unidos por un conjunto de gobiernos.

La solución adoptada ha consistido en la creación de una nueva entidad legal filial de ICANN que gestiona los recursos críticos a nivel mundial. La nueva fórmula ha encontrado un gran apoyo tanto del sector privado como de las asociaciones representantes de la sociedad civil, además obviamente de haber tenido el aval del Gobierno de Estados Unidos, que valoró que la posibilidad de que un gobierno o grupo de gobiernos tomaran el control de ICANN en las nuevas circunstancias era extremadamente remota.

El Foro de Gobernanza


Que se haya creado exitosamente una organización internacional privada sin ánimo de lucro e independiente de los gobiernos para la gestión de los recursos críticos de internet, no quiere decir que los gobiernos hayan quedado al margen de internet. De hecho, Internet ha puesto patas arriba el sistema de organización política establecido hace casi 400 años en torno al concepto de soberanía nacional.

Ya en 2003 el inicio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (World Summit on the Information Societ, WSIS) canalizaba las preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo por los interrogantes que surgían en torno a la gobernanza de una red cada vez más global. Esta cumbre fue auspiciada por Naciones Unidas en dos fases, en 2003 y 2005, celebradas respectivamente en Ginebra y Túnez.

La WSIS culminó con la conocida Agenda de Túnez y el acuerdo para celebrar todos los años, al amparo de Naciones Unidas, un foro de gobernanza de Internet, el IGF, que reuniera a los distintos grupos de interés y que sirviera como espacio abierto y descentralizado para el debate sobre políticas que favorecieran la sostenibilidad y solidez de Internet. El mandato inicial encomendado a la ONU fue de 10 años, que se renovó en 2015 durante otros diez años.

El IGF ha sido una buena plataforma de debate sobre los no pocos desafíos que ha generado internet, en cuestiones como la protección de los menores, la propiedad intelectual, la privacidad, la seguridad, la brecha digital, etcétera. Sin embargo, existe una creciente visión dentro de la comunidad global multistakeholder que cree que es el momento de buscar mecanismos para generar resultados más tangibles.

El propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, decía en la última edición del IGF en París que los “debates sobre gobernanza de Internet no pueden quedarse solo en debates”. Y es que durante los últimos años se han sucedido una serie de acontecimientos que han hecho sumar adeptos a tal visión evolutiva de la gobernanza de Internet.

Espionaje masivo


Podríamos decir que estos acontecimientos se inician en 2013 con las revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden sobre los programas de espionaje del Gobierno de Estados Unidos. El escándalo de espionaje masivo fue el inicio de la manifestación pública de la magnitud del campo de batalla que Internet había venido siendo para la geopolítica.

En 2014, Brasil –cuya presidenta había sido víctima del escándalo de espionaje masivo– acogió una Cumbre Global multistakeholder sobre gobernanza de internet llamada NetMundial, cuyo objetivo fue elaborar la Declaración Multisectorial de Sao Paulo con una serie de principios fundamentales en Internet y una hoja de ruta para el futuro de su gobernanza. A pesar del carácter no vinculante de la declaración, muchos valoraron NetMundial como un paso en la buena dirección por su formato multistakeholder y sus resultados tangibles.

Los escándalos están ayudando a impulsar la búsqueda de mecanismos para la cooperación transnacional y la coordinación de las normas en Internet. Así, el reciente caso Cambridge Analytica volvió a poner el tema en las agendas políticas. Este escándalo puso de manifiesto que la empresa dedicada a las campañas comerciales y políticas había utilizado indebidamente información personal de al menos 50 millones de usuarios de Facebook para favorecer la campaña de Donald Trump. De hecho, en 2018 hemos presenciado diversas llamadas a consolidar los esfuerzos realizados todos estos años en los mecanismos de gobernanza de Internet.

Otra llamada a consolidar los esfuerzos realizados en gobernanza de Internet ha venido por parte de Tim Berners-Lee, inventor de la Web, que presentó su proyecto de “Contrato para la Web” durante la ceremonia de apertura de la Web Summit en noviembre de 2018. Este documento contiene unos principios a los que se pueden comprometer los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo para proteger una web abierta y para contribuir en la elaboración de un verdadero “contrato para la web”, que “establecerá las funciones y las responsabilidades de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos”.

Multilateralismo


Entre las últimas propuestas, cabe destacar la del presidente francés Emmanuel Macron, que anunció una “llamada para la confianza y la seguridad en el ciberespacio” en la decimotercera edición del IGF, que se celebró en París en noviembre de 2018. En su llamada, Macron acuñaba un nuevo término, el multilateralismo innovador, porque “necesitamos inventar nuevas formas de cooperación multilateral que no solo impliquen a los estados, sino a todos los actores”.

La llamada de París abre una nueva vía en la búsqueda de un cambio de paradigma para la gobernanza socioeconómica de Internet que, con la creciente hibridación entre el mundo físico y el digital, podríamos decir que es la gobernanza socioeconómica sin más.

Sin embargo, existen importantes diferencias culturales y relevantes intereses geoestratégicos que no harán fácil el camino. La llamada de París ha sido firmada por más de cien gobiernos y más de mil actores no gubernamentales, entre ellos empresas como Facebook, Google y Microsoft, y todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entre los no firmantes están los gigantes tecnológicos chinos, los Gobiernos de Rusia y China, y también el de los Estados Unidos.


Zoraida Frías, Profesora Ayudante en la ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.


 

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La histórica discriminación hacia las mujeres en la universidad

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Las medidas de acción positivas para fomentar la presencia de mujeres en los órganos de decisión de las instituciones universitarias suscitan debate sobre si son o no justificadas.

Según la Real Academia Española de la Lengua la definición de discriminación positiva es la siguiente: “Protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social”.

¿Qué ocurre con otros grupos discriminados?


Bien. Pensemos ahora en un grupo históricamente discriminado. Por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad. Las dificultades para su integración laboral en el mercado de trabajo justificaron la reserva obligatoria de puestos en la empresa pública y privada para favorecer su acceso al empleo y, por ende, su inclusión social.

Parece que estas medidas de acción positiva han sido interiorizadas por la sociedad actual, que las considera proporcionadas al objetivo que pretende conseguir y sin que haya una contestación relevante por “discriminar” a las personas sin discapacidad.

Hablemos ahora de mujer y universidad. Del último informe “Científicas en Cifras 2017”, publicación que analiza la presencia relativa de mujeres en los distintos niveles y ámbitos de la ciencia en España, con especial atención a la carrera investigadora en universidades y organismos públicos de investigación, a la composición de órganos de gobierno y evaluación y a los resultados de la participación en convocatorias de financiación de la I+D+i.

Si ese informe destaca “la escasa presencia de mujeres en los cargos de gobierno, que se mantiene el techo de cristal en la carrera investigadora respecto a los hombres y que continúa la brecha de género en los proyectos de I+D+i”, ¿se puede considerar a la mujer en la universidad como un grupo históricamente discriminado?

Teniendo en cuenta que en la universidad española son ya mayoría las egresadas, pero tan solo un 21 % han alcanzado la categoría de catedráticas, ¿están justificadas las medidas de discriminación positiva como para otros colectivos en situación similar?

Brecha de género


La acción positiva se legitima, no en función de la persona beneficiaria, sino en función de su pertenencia a un grupo poblacional discriminado –en este caso, nosotras, las mujeres–.

El Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española nos recuerda que la Estrategia del Espacio Europeo de Investigación, adoptada en 2010, señala como objetivo para el año 2030 que la mitad de todo el personal científico, en todas las disciplinas y en todos los niveles del sistema científico en Europa y, por tanto, en España, sean mujeres. ¡Nos quedan tan solo 11 años y tantísimos obstáculos para conseguir este objetivo!

La inmensa mayoría de las instituciones científicas europeas y españolas implementan medidas de acción positiva para eliminar la brecha de género.

Eliminarla en la ciencia es inaplazable. E imperante. Tan importante en la gobernanza de una universidad es la atención de políticas que conlleven a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como la aplicación de medidas de acción positiva que nos lleven hacia la equidad de género.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptan las medidas de acción positiva –cuya definición se encuentra en el art. 11 de la Ley Orgánica de Igualdad (que no hace sino trasponer el contenido de las Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE– a favor de las mujeres declarando legítima su aplicación para compensar la brecha de género patente.

A modo de ejemplo, en la universidad donde trabajo, la Universidad de Castilla La Mancha, un 45 % de las personas susceptibles de dirigir tesis somos mujeres, pero solo accedemos a dirigir tesis el 20 % en 2018, frente al 28 % en 2017. Estas medidas, en el ámbito de actuación de la Universidad de Castilla La Mancha, han supuesto un incremento del 12 % en proyectos de investigación dirigidos por mujeres, acortando la brecha de género existente, pasando de 29 a 43 científicas el número de investigadoras principales en Castilla-La Mancha.

Debate equivocado


El Programa FEDER 2014-2020 de la Unión Europea establece como criterio básico para la selección de operaciones financiables “la incorporación de la perspectiva de género y el principio de igualdad de oportunidades a fin de contribuir a la reducción de la brecha de género y a la prevención de posibles brechas de género futuras o, cuando esto no sea posible, deberá justificar al menos que la acción en concreto no contribuye a profundizar en una brecha de género preexistente”.

Y esta línea incide el reciente Plan Estatal de I+D+i, reconociéndonos hasta 10 puntos a los proyectos liderados por mujeres: ahora bien, vinculados a la existencia de políticas de igualdad de género en la universidad.

El debate sobre la necesidad o no de medidas de discriminación positiva no nos puede hacer mirar en la dirección equivocada ante la evidente brecha de género en la ciencia. Ello tiene consecuencias y, sobre todo, nos impide entender que la vida y sus circunstancias y escenarios se pueden transformar en busca de sociedades que ponderen ante todo, la igualdad, la equidad y la justicia social.

No le faltan razones a la antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde al señalar que “en la construcción de la democracia genérica, una manera de concebir la perspectiva de género es comprenderla como una herramienta científica, política, ideológica y cultural, que puede permitir la superación de la intolerancia a la diversidad humana, de todas las manifestaciones del sexismo, del dominio, la opresión y la explotación en que se cultiva la desigualdad social”.

La perspectiva de género es la respuesta más acertada y democrática que hoy se perfecciona para alcanzar el objetivo de la igualdad real.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Renacimiento de las Humanidades: el valor de enseñar para el mañana

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Educar para el hoy es caminar al revés. Como educadores necesitamos estar al tanto no solo de las tendencias actuales, sino de las evoluciones que las mismas podrían tener. Anticiparnos a las necesidades de los estudiantes, así como la mejor manera de enseñarles y prepararlos para el mercado laboral del futuro es crucial para mantener el valor agregado y la utilidad de la educación universitaria.

El filósofo John Dewey afirmaba en 1916: “Si hoy enseñamos a los estudiantes como enseñábamos ayer, los despojamos del futuro”. Más de un siglo después, esta frase sigue vigente. Ante los cambios acelerados en nuestra sociedad, muchos de ellos propulsados por nuevas tecnologías, necesitamos cambiar la educación.

Sube la demanda de educación universitaria


La demanda de educación universitaria en el mundo se ha multiplicado por catorce en los últimos cincuenta años. En América Latina estimamos que esta demanda se multiplicará por quince en los próximos treinta años. ¿Cómo haremos frente a ello? Definitivamente, con más inversión pero, de una manera más eficiente, haciendo las cosas de forma diferente y adaptándonos a esta nueva realidad de la demanda educativa.

Otro problema importante en la educación superior radica en la incapacidad que tienen los estudiantes de transferir lo aprendido a situaciones reales y complejas. Su forma de aprender favorece la memorización.

La opinión pública de que la mejor inversión es la educación universitaria va en declive en muchos lugares del mundo. La brecha entre los que estudiaron un grado universitario de cuatro años y los que solo estudiaron el Bachillerato se ha incrementado en EE UU, y ha pasado del 65 % en 1960 al 98 % en 2013, según reporta la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos en 2013. Esta brecha es similar en otros países.

Empleos automatizados


Por último, la IV Revolución Industrial, con la automatización, la robótica y la inteligencia artificial provocará pérdidas de empleos cualificados, y no solo de manufactura. Diversos estudios señalan que en los próximos años empleos en todas las escalas actualmente ocupados por seres humanos serán automatizados. A nivel mundial, se estima que el 60 % de todas las ocupaciones tienen al menos un 30 % de posibilidades de automatizarse. En México se cree que se perderán nueve millones de empleos en los próximos diez años.

Estos cambios traen consigo oportunidades, y las universidades deben estar preparadas para formar a los profesionales que se requerirán en estos nuevos esquemas laborales. Es difícil anticipar estos cambios y prever los nuevos empleos.

Viajemos a 2030


Le invito a coger conmigo una máquina del tiempo y viajar al año 2030. En este año encontraríamos un escenario en el que las universidades ya no tienen el monopolio de la credencialización, es decir, ya no tienen el monopolio de entregar un diploma que habilita a las personas para decir “yo sé hacer este trabajo”.

En el 2030 existen empresas que se encargan también de acreditar para el ejercicio laboral. Ofrecen certificados e insignias a través de cursos presenciales, híbridos o en línea. Este fin de la hegemonía universitaria se logró porque algunas start-ups lograron disminuir el tiempo y el costo de dar estas acreditaciones.

En el 2030 las empresas valoran más un portafolio de evidencias del desempeño profesional de una persona que su grado universitario. El fin de la hegemonía de las universidades para otorgar credenciales comenzó en 2017, cuando compañías como PricewaterhouseCoopers, empezaron a contratar a egresados del Bachillerato para formarlos como analistas de riesgo. En 2018, Facebook, Amazon y Google hicieron un anuncio similar.

En 2030 se usan intensivamente tecnologías para la educación que permiten personalizar el aprendizaje y hacerlo más eficiente, tales como la inteligencia artificial aplicada a la educación, la realidad aumentada y la realidad virtual, que permiten desarrollar cualidades como la empatía y las analíticas de aprendizaje.

Además, las trayectorias curriculares y contenidos son cada vez más personalizados, en gran parte gracias al aprendizaje vivencial. Este aprendizaje reduce la brecha entre teoría y práctica, permite desarrollar las competencias blandas. Estas competencias son tan importantes que ahora las llamamos power skills o competencias “poderosas”.

Ante el acelerado desarrollo tecnológico, vemos un renacimiento de las humanidades en las universidades. Todo lo que es inherente a lo humano es lo más difícil de automatizar: la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de inspirar y de trabajar colaborativamente y otras habilidades humanas nos distinguen de las máquinas.

Además, las Humanidades nos dan habilidades para aprender a aprender. Esta habilidad es esencial en el 2030, tenemos que ser capaces de reinventarnos y las artes y humanidades lo hacen posible.

Un estudiante que egresa del Bachillerato en el 2030 tiene dos opciones enfrente. La primera consiste un grado universitario con una carga importante de Humanidades. Los que eligen este camino tendrán que invertir menos tiempo y esfuerzo cuando se tengan que reinventar. La segunda es un programa similar a una carrera técnica corta. Los que eligen este camino hacen una pequeña inversión inicial, pero tendrán que invertir más tiempo y esfuerzo cuando se tengan que reinventar.

Responder a las demandas actuales


Tomemos de nuevo la máquina del tiempo y viajemos de regreso a la actualidad. Al volver a nuestra realidad, surge una pregunta: ¿cómo respondemos a las demandas actuales de educación universitaria? y ¿cómo nos preparamos para estos escenarios de futuro?

En el Tecnológico de Monterrey nos hemos hecho esta pregunta y hemos respondido con dos modelos de innovación, uno para atender a las demandas del contexto actual y otro en el que estamos innovando para prepararnos y seguir siendo relevantes en el 2030 y más allá.

Para responder a las necesidades actuales hemos creado el modelo educativo Tec21. El diseño de este modelo arrancó en el 2013 y desde entonces hemos estado experimentando y refinándolo de acuerdo a los resultados de estos pilotos.

Tec21 se implementará al 100 % para la generación de alumnos que inicia sus estudios en agosto de 2019. En este nuevo modelo, los alumnos se van a inscribir para resolver retos del mundo real.

Estos retos fueron previamente definidos por sus profesores para desarrollar ciertas competencias disciplinares y transversales (competencias “poderosas”) con la participación de un socio formativo, un cliente real de una empresa, gobierno u ONG. Cada reto es interdisciplinar porque la realidad no está dividida en silos de conocimiento.

Además, los alumnos tendrán más flexibilidad para escoger su área de estudio gracias a un modelo de trayectorias que tiene pocas entradas y muchas salidas. En este modelo, el alumno escoge una de nueve áreas disciplinares de entrada y tiene hasta dos años para escoger que licenciatura o pregrado de esa disciplina quiere terminar.

Modelo educativo Tec21. Tecnológico de Monterrey.

Preparándonos para ser relevantes


Con el 2030 en mente, formamos TecLabs, área de innovación disruptiva del Tecnológico de Monterrey que mira hacia el 2030. TecLabs observa tendencias, realiza pilotos que permiten visualizar cómo será la educación en el futuro, mide el impacto de estos pilotos y transfiere lo aprendido a la sociedad.

Una manera de observar las tendencias educativas es a través del Observatorio de Innovación Educativa, creado para que profesores y directivos puedan acceder fácilmente a lo que está pasando el mundo de la innovación educativa.

Este observatorio está abierto al público para que cualquier persona se pueda inscribir y se mantenga informada con lo más actual en educación e innovación educativa. La otra manera de observar estas tendencias es a través del Congreso Internacional de Innovación Educativa, que en 2018 recibió a más de 3.500 personas de treinta países.

TecLabs tiene un área de Credenciales Alternativas que a través de MOOC y Bootcamps (cursos intensivos orientados al mercado laboral) busca otras maneras de ofrecer crédito académico a los estudiantes.

Una manera muy importante para generar la innovación es el programa Novus, que otorga fondos a profesores innovadores.

Otra de las actividades clave de TecLabs es la evaluación de proyectos de innovación educativa y la generación de conocimientos. Para la evaluación, diseñamos un marco de referencia para evaluar proyectos de tecnología educativa que se llama Escala i. La guía de Escala i tiene licencia Creative Commons y describe los cinco criterios de Escala i, las rúbricas para evaluar estos proyectos, así como la metodologías de pares para la evaluación.

Por último, para transferir a la sociedad estos conocimientos, TecLabs Startups tiene una incubadora y aceleradora de tecnología educativa que ofrece sus servicios a profesores, alumnos y al público en general.

La universidad del futuro será distinta


En TecLabs creemos que la universidad del futuro será completamente distinta a la que conocemos hoy aunque no sabemos exactamente cómo va a ser. Este futuro no se adivina en una bola de cristal, se crea. Estamos en un momento de la historia que será recordado por grandes cambios en la educación. Este futuro, aunque incierto, es intrigante y motivador a la vez, pues tenemos en nuestras manos la posibilidad de participar e incidir en su diseño.


La versión original de este artículo fue publicada en el suplemento Enlighted de la Revista Telos, de Fundación Telefónica.The Conversation


 

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El rechazo familiar, principal causa del sinhogarismo entre la comunidad LGBTIQ+

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Rawpixel.com / Shutterstock

Son jóvenes y sufren discriminación múltiple. Se ve con especial claridad en el caso de las mujeres trans, quienes muchas veces acaban ejerciendo la prostitución como única fuente de ingresos viable. Esta y otras conclusiones se extraen de un reciente estudio en el que queda patente que la población LGTBIQ+ sufre en altos porcentajes delitos de odio. Sus integrantes piden respeto y aceptación para poder llevar una vida digna y feliz.

El por qué de una investigación


En el Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión social de la Universidad Rey Juan Carlos acabamos de terminar un estudio sobre las personas LGTBIQ+ sin hogar en la Comunidad de Madrid, financiado por la Red FACIAM en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Esta investigación surge como consecuencia de la intuición de los profesionales que trabajan día a día con personas sin hogar, quienes observaban que un nuevo perfil, personas LGTBIQ+ relativamente jóvenes, parecía emerger entre esta población. Si bien en otros países esta realidad ya estaba constatada con datos (EE.UU, Canadá o Europa), en España hasta el momento no había datos al respecto, por lo que se trata de un estudio pionero y, aunque se circunscribe solo a la región de Madrid, es el comienzo para llegar a la recogida de datos estatales.

Objetivos y resultados


Se llevó a cabo una investigación cuantitativa a través de una encuesta a entidades de la red pública y privada de personas sin hogar de la Comunidad de Madrid. 23 centros accedieron a participar y 112 personas en situación de calle se identificaron como LGTBIQ+: 10% lesbianas, 44% gais, 20% bisexuales, 24% heterosexuales en cuanto a su orientación sexual y 58% hombres, 13% mujeres, 18% mujeres trans, 8% hombres trans y 3% intersexuales, en cuanto a identidad de género.

Finalmente completamos la encuesta con personas sin hogar no LGTBIQ+ con el mismo criterio de exclusión residencial para poder comparar. 205 personas cumplimentaron el cuestionario, de las cuales 112 se identificaron LGTBIQ+ sin hogar (55%) y 93 no LGTBIQ+ sin hogar (45%). Posteriormente, llevamos a cabo 10 entrevistas en profundidad para matizar los datos de la encuesta, por lo que el diseño metodológico fue mixto, cuantitativo y cualitativo.

Los objetivos que nos planteamos en el estudio fueron conocer los factores de exclusión social y riesgo de sinhogarismo en la población LGTBIQ+, así como las barreras que bloqueaban su inclusión social.

En cuanto a los resultados más relevantes de la encuesta, encontramos que la muestra LGTBIQ+ sin hogar es más joven. Si bien no se observan diferencias en el nivel educativo de ambas muestras, las personas LGTBIQ+ dicen tener más ingresos por su trabajo y prestaciones sociales. Destaca el ingreso por el ejercicio de la prostitución, que solo se da en esta población. En concreto, así lo manifiestan un 25% de mujeres trans, que encuentran muchas dificultades en el acceso al mercado laboral y consideran la prostitución su única vía posible de obtención de ingresos para sobrevivir.

Razones de la situación


La causa principal de la pérdida de alojamiento de la población LGTBIQ+ que resulta significativa es la expulsión del domicilio como consecuencia de la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, especialmente entre las mujeres trans jóvenes. Los conflictos familiares y pérdida de pareja también vinculados a juventud son la segunda causa .

Un dato preocupante es el relacionado con los delitos de odio. Un 74% de las personas LGTBIQ+ de nuestra muestra dicen haberlos sufrido, frente a un 26% no LGTBIQ+. Aquí destacan las agresiones sexuales, sufridas por un 14% del primer grupo frente al 1% no LGTBIQ+.

Discriminación percibida por identidad de género en las personas LGTBI. Giménez,S.et al.(2019),p.32, Author provided

Discriminación percibida por identidad de género en las personas LGTBI. Giménez,S.et al.(2019),p.32, Author provided

Según los perfiles que encontramos más significativos en el análisis cuantitativo mediante el método de encuesta, seleccionamos a diez personas a las que posteriormente entrevistamos.

Tras hacer un análisis narrativo temático, observamos que su percepción de discriminación estaba basada en hechos concretos vividos (agresiones físicas o verbales) o relativos a la invisibilización, que conlleva la negación de su realidad.

Estos episodios tuvieron lugar en la escuela, llevados a cabo tanto por algunos de sus compañeros como por algunos profesores. Esta discriminación vivida en el ámbito educativo les generaba desmotivación hacia los estudios, lo que incidía en la no obtención de la formación adecuada para poder acceder al mercado laboral con las mismas oportunidades que el resto de la población.

De la misma manera, sus narraciones se centraban en las vivencias de rechazo por parte de la familia, así como las vividas en la calle al abandonar el hogar. Se concretan las dificultades de inserción laboral, fundamentalmente de las mujeres trans, y se observa una discriminación múltiple al confluir el ser mujer, homosexual, trans y tener problemas de salud mental. La interseccionalidad en esta población se constata como factor de exclusión social.

Para el equipo de investigación resultaba importante ir más allá de las circunstancias objetivas de exclusión de las personas LGTBIQ+ sin hogar, por lo que les preguntamos sobre su percepción de felicidad y esperanza de inclusión social. Las respuestas, si bien consideraban que su situación cambiaría cuando la sociedad les aceptase, no eludían su responsabilidad personal apostando por una inclusión activa al tomar las riendas de su propia vida, estando dispuestas a construir su propia felicidad con una actitud proactiva.

Si la sociedad no les coloca impedimentos en este camino, estas personas apuestan esperanzadas por su felicidad, que pasa por poder trabajar y disfrutar de la vida en libertad y respeto mutuo.

Conclusiones


Como conclusiones a este estudio podemos destacar:

  1. Existe un perfil emergente de personas sin hogar con una identidad de género y orientación sexual no binaria, que presentan necesidades específicas en aras de una intervención social que facilite con mayor éxito su inclusión social.
  2. Las causas que se aprecian como significativas en la pérdida de la residencia de estas personas LGTBIQ+ sin hogar hacen referencia a procesos estructurales (culturales, sociales y económicos) de exclusión social que generan discriminación por identidad de género y/u orientación sexual.
  3. Si bien existe un marco jurídico suficiente, al menos en la Comunidad de Madrid, ha de ser desarrollado y concretado para no caer en los llamados “derechos de papel”, conforme a los principios de universalidad, prevención, globalidad, normalización-integración, participación, descentralización, coordinación y planificación, por los que se aboga en cualquier Sistema de Servicios Sociales. La provisión de recursos al respecto es fundamental.

Simultáneamente, tanto el artículo 14 de la Constitución Española que garantiza la igualdad de todas las personas ante la Ley, como el artículo 47 que garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos, siguen siendo vulnerados.

Al final del estudio se hicieron diferentes propuestas a nivel general. Entre ellas se pueden resaltar la promoción de la continuidad en el diagnóstico del problema, con más estudios como el realizado, o la inclusión de programas que atiendan a la diversidad desde pequeños, de manera que se acepte cualquier realidad (también acompañados de formación a padres, profesores y de apoyo psicosocial).

A la hora de asistir a la población LGTBIQ+ sintecho se recomienda agilizar los procesos burocráticos y contar con centros específicos para el colectivo o centros donde se trabaje en la diversidad e inclusión de todas las personas, entre otras.

También se recomienda, desde los puntos de vista jurídico y social, trabajar en la elaboración de políticas reales que favorezcan la inclusión laboral de las personas trans.

Tras la investigación, organizamos paneles de expertos que, a través de diálogos apreciativos, completaron y concretaron más propuestas. Estos paneles estaban compuestos por personas LGTBIQ+ sin hogar, profesionales que trabajan con ellas y los investigadores del equipo.

The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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