¿Cómo afrontar la inmigración? La respuesta parecer ser una gobernanza global
En torno a la gestión de la movilidad humana se polariza la opinión pública en apasionadas discusiones. Aunque con frecuencia las percepciones priman sobre los datos contrastados, son debates que se refieren a una realidad ya presente, pero que adquirirá aún mayor relevancia en un futuro próximo. En un escenario de crecimiento de la población mundial, de agudas desigualdades económicas entre los países y de reducción de la superficie útil para la vida humana a causa del cambio climático, los flujos demográficos continuarán in crescendo.
Precisamente porque no caben muchas dudas acerca de la dimensión rigurosamente planetaria del asunto, sorprende que no se haya articulado aún un sistema supranacional de gobernanza de los movimientos transfronterizos de migrantes y refugiados que permita actuar de forma coordinada a nivel global. Como en tantas otras materias, aquí también se hace valer la evidencia de que no existen soluciones locales para problemas globales.
El problema de escala se agudiza por la vigencia de un marco estrictamente estatal –el denominado nacionalismo metodológico– que interpone obstáculos a la hora de avanzar en este terreno. El enfoque, como siempre, predetermina el tipo de medidas que se plantean y acaban poniéndose en práctica. Desde hace ya demasiado tiempo, los esfuerzos de los distintos países se dirigen a intentar contener los flujos y es ahí donde el cierre de las fronteras aparece para muchos como la solución mágica, por más que resulte completamente impracticable e inútil, además de profundamente insolidaria con los desheredados del planeta, esa parte no tan pequeña de la humanidad.
Estas políticas restrictivas pretenden dar respuesta a ansiedades y temores de los sectores más vulnerables de la sociedad receptora (que penan por acceder a unos recursos sociales cada vez más limitados). El precio no lo pagan los promotores de tales políticas, sino los inmigrantes, que acaban convertidos en el nuevo chivo expiatorio de las frustraciones internas. Este discurso demagógico - en el que prima el interés nacional por encima de cualquier otra consideración - resulta plausible en la medida en que la gestión de los movimientos migratorios por parte de los países de destino sigue siendo básicamente unilateral o, a lo sumo, bilateral. Los pocos mecanismos de coordinación multilateral existentes adolecen de inoperancia.
El Pacto de Marrakech
En este escenario, resulta alentadora la firma en Marrakech el pasado 10 de diciembre de 2018 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular por parte de más de 150 países, un pacto que previamente había sido acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata, no obstante, de un acuerdo internacional no vinculante en términos jurídicos y que en absoluto cuestiona la soberanía de los Estados en materia migratoria y de control de fronteras.
Pese a que el pacto tan sólo establece un marco para cooperar, varios países se han desvinculado del texto, que no cuenta con la firma de Estados Unidos, Israel, Australia, Chile ni la de nueve Estados de la Unión Europea. Esta renuencia de ciertos gobiernos indica también que, por poco valor que tengan estos acuerdos, siempre pueden tornarse en referencia crítica para medir las políticas que cada cual sigue.
El Pacto de Marrakech establece tan sólo una serie de vagos compromisos sobre derechos humanos y, en especial, sobre los derechos de los menores y los inmigrantes indocumentados. Se estructura en torno a veintitrés grandes objetivos, algunos tan genéricos como la cooperación para recopilar datos fiables sobre la materia (menos inocuo de lo que parece, sobre todo en tiempos en los que priman los bulos y la manipulación del lenguaje) o reducir las vulnerabilidades en la migración. Hay también obligaciones algo más concretas, como medidas para evitar la separación de las familias o usar el internamiento de migrantes exclusivamente como última opción.
Insuficiencias relevantes
Las insuficiencias del pacto son múltiples. La más relevante probablemente sea que se centra en los migrantes y deja fuera a los refugiados. Hoy en día, la práctica de la movilidad humana a escala global incluye ambas categorías, cuyos límites cada vez resultan más difusos, e intentar dar respuesta a una sola es un modo de legitimar un trato diferenciado, algo que difícilmente puede estar justificado cuando son la necesidad y la desesperación las que acucian tanto a unos como a otros, que yerran igualmente desprotegidos por el mundo.
Otra insuficiencia igual de relevante o más de este pacto es que no establece un marco global que permita articular canales regulares y previsibles para poder migrar. Si, como es el caso, las economías de los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera, un mínimo de pragmatismo exigiría que la migración no fuera obstaculizada, sino más bien encauzada. Es más, si los Estados no abren con determinación este tipo de vías, deberían ser consecuentes y no reprochar a nadie que haya llegado ilegalmente cuando nunca se le dio oportunidad de hacerlo regularmente.
La voluntad de cooperación que revela la firma del Pacto de Marrakech es digna de ser celebrada en la medida que constituye un paso en la dirección correcta, aunque sea insuficiente. Una gobernanza global de los movimientos internacionales de personas sólo será factible si se logra un acuerdo realmente vinculante que abarque todas las dimensiones de la movilidad humana, incluyendo tanto migrantes como refugiados. No menos decisivo será disponer de marcos claros, supervisados por una organismo supraestatal competente, que permita los movimientos transfronterizos y vele por el efectivo respeto de los derechos humanos de quienes los protagonizan, el eslabón siempre más débil.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
