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Internacional

Italia enfrenta ola de tormentas que ya ha cobrado un saldo de 10 muertos

Nicolás Fuentes

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rtve.es
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El país europeo se encuentra en una ola de tormentas que ya cumple 3 días seguidos, siendo declarada en alerta máxima por parte de las autoridades italianas en varias regiones del país. Hasta el momento, las agresivas tormentas han cobrado un saldo de 12 personas muertas, la mayoría por caída de arboles junto a graves daños estructurales.

La localidad costera de Rapallo ubicado al noreste de Italia ha sufrido las fuerte tormentas, donde los vientos destruyeron los muros rompeolas a horas de la madrugada, generando una fuerte avalancha de agua que dañó gravemente el puerto y que se llevó consigo gran cantidad de los navíos.

Entre otras ciudades afectadas, la histórica ciudad de Venecia no perdió protagonismo dentro de las inundaciones, lugar donde el agua alcanzó niveles históricos con un máximo de 156 cm, todo debido a las altas marejadas y los fuertes vientos que obligaron la cancelación de las actividades laborales, turísticas y escolares dentro de la ciudad. Dentro de los daños estructurales sufridos se encuentran las clásicas pasarelas venecianas, la cuales dejaron de ser seguras y tuvieron que ser cerradas para los turistas al igual que la plaza de San Marcos.

Lluvia en Italia, al menos 12 muertos. 2018

El estado actual de Italia frente a esta situación es de alerta roja en las zonas del centro y norte, específicamente en Liguria, Lombardía, Véneto, Friuli, Trento y Abruzos, y en alerta naranja en el resto de la península italiana y en la isla de Sicilia.

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Al momento, se espera que en el noreste las ráfagas de viento alcancen los 100 km/h en la zona costera, y los 150 km/h en las zonas de cordilleranas.

En pocos días las precipitaciones fueron el equivalentes a las lluvias de varios meses. Algunas zonas de montaña del norte de la región de la localidad de Véneto, ya han superado los 400 mm de lluvia desde el día sábado. Según las declaraciones del presidente de la región de Veneto, Luca Zaia,  declaró que existe una preocupación “porque la situación es igual, incluso peor, a la que se vivió en Véneto en 1966 y en 2010. Los terrenos ya están llenos de agua, los ríos crecidos y debido al siroco el mar no absorbe”.

Historia de lluvias en Italia


Según los datos históricos, es la sexta vez que en Venecia el “acqua alta” supera los 150 cm. En el año 1951 las lluvias alcanzaron una altura de 151 cm, cifra que fue superada unos años después en 1976, donde el agua alcanzo hasta los 166 cm. Pero la cifra récord reciente de este fenómeno ocurrió en noviembre de 1966 donde el agua alcanzó los 194 cm.

Internacional

Alejandro Giammattei: Corrupción e inseguridad son los retos del nuevo presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei es un ex director de sistema penitenciario cuyo mandato se vio empañado por el asesinato de siete prisioneros en 2006 durante una redada policial. Fue acusado, pero nunca enfrento cargos relacionados con esas muertes.

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CNN Español

El próximo presidente de Guatemala será Alejandro Giammattei, un derechista ex director del sistema penitenciario nacional.


Con el 58% de los votos, Giammattei venció a la ex primera dama Sandra Torres por 16 puntos en la segunda ronda de las elecciones de Guatemala el 11 de agosto. Fue su cuarta candidatura a la presidencia.

Como candidato, Giammattei habló de crear empleos y de luchar contra el crimen en este país centroamericano pobre y asolado por la violencia. Pero su campaña ofreció pocas propuestas políticas excepto adoptar mano dura contra las pandillas como la MS-13 que operan con impunidad en Guatemala, construir nuevas cárceles y restablecer la pena de muerte.

Giammattei aún no ha acordado implementar el polémico acuerdo reciente de su país con la administración Trump para evitar que los migrantes centroamericanos atraviesen Guatemala.

Entre los partidarios de Giammattei, de 63 años de edad, se incluyen ex militares, la extrema derecha, evangélicos y líderes empresariales — esencialmente el mismo electorado que llevó al poder al presidente saliente Jimmy Morales. Pero las encuestas sugieren que Giammattei ganó principalmente gracias a la extrema impopularidad de su oponente, que tiene un historial de acusaciones de corrupción.

Muchos guatemaltecos expresaron su temor de que, independientemente de quién ganara la segunda ronda, esta elección representaría el final de la década de lucha de Guatemala por erradicar la enorme corrupción gubernamental.

No habrá más justicia


Giammattei es aliado del presidente Morales, quien es objeto de investigación por financiamiento ilícito de campaña.

Su círculo de allegados de ex generales y miembros de la élite que han gobernado el país durante décadas también respaldaron al desacreditado ex presidente Otto Pérez Molina, quien renunció durante un escándalo en 2015 y fue encarcelado horas después por corrupción.

Giammattei está estrechamente ligado a los viejos grupos de inteligencia militar que han dominado la política guatemalteca entre bambalinas desde el fin en la década de 1990 de una sangrienta guerra civil que duró 36 años.

Su mandato como director del sistema penitenciario nacional se vio empañado cuando siete presos fueron asesinados en circunstancias sospechosas en 2006 en la prisión guatemalteca de Pavón, un sitio célebremente problemático.

Según los fiscales, los asesinatos los cometió un escuadrón de la muerte de la prisión que trabajaba dentro de las cárceles, con la aprobación explícita de los administradores, para exterminar la “escoria” de la sociedad y los “enemigos del estado”. Tres de los asesinos fueron condenados por asesinato en Guatemala por las muertes en las prisiones.

Giammattei fue acusado de conspiración, pero fue absuelto en 2013. El año pasado, un tribunal suizo de apelaciones condenó a su cómplice acusado, el ex director de la Policía Nacional, Edwin Sperisen, a 15 años de prisión por los asesinatos.

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverria

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverría

No se esperaba que Giammattei se convirtiera en el presidente de Guatemala.

Al principio de la contienda, la favorita era Thelma Aldana, la ex fiscal general de Guatemala, con un excelente historial en la lucha anticorrupción. Pero en mayo quedó excluida del proceso electoral por presunta malversación financiera. Eso llevó a Sandra Torres al primer lugar, y dejó a Giammattei en un distante segundo lugar.

Muchos consideraron que el dictamen contra Aldana tuvo motivos políticos.

Como fiscal general de 2014 a 2018, Aldana trabajó estrechamente con el panel anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas conocido como CICIG. Desde su creación en 2007, la CICIG ha enjuiciado a tres ex presidentes y a más de 600 altos funcionarios en Guatemala por varios delitos, desde lavado de dinero y malversación de fondos hasta lazos con el crimen organizado.

Cuando el presidente Morales expulsó al Comisionado de la CICIG a principios de este año, Aldana protestó vehementemente. Posteriormente, abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

Giammattei dice que continuará la lucha contra la corrupción endémica, pero se opone a la CICIG, la cual apoyó su enjuiciamiento en el caso de la prisión de Pavón. A pesar de un apoyo popular del 72%, la comisión se desintegrará en septiembre.

Giammattei no ha ofrecido ningún plan concreto para continuar la limpieza del gobierno de Guatemala. Sin los investigadores y fiscales de la CICIG, es poco probable que Giammattei saque el país del pantano de la cleptocracia, la violencia y la pobreza extrema que provoca que miles de guatemaltecos desesperados huyan a otros países cada año.

Problemas en el futuro, problemas en el pasado


Mediante el soborno, la coerción y la amenaza de violencia, los carteles criminales se han infiltrado en el gobierno de Guatemala en los últimos 20 años.

Una investigación de la CICIG reveló que la mitad del financiamiento de los partidos políticos proviene del crimen organizado y la corrupción. En el congreso de Guatemala, a los diputados corruptos, a quienes se les conoce por aceptar sobornos, se les conoce localmente como el “Pacto de corruptos”.

El bloque más grande en el congreso entrante, que asumirá el cargo el 1 de enero, será del partido Unidad Nacional de la Esperanza de Torres. Apenas 17 de los 158 diputados guatemaltecos pertenecen al Partido Vamos de Giammattei.

Un pequeño bloque de diputados procederá de un nuevo partido de centroizquierda llamado Semilla, el cual nominó a Aldana como su candidata a la presidencia. La presencia de Semilla garantiza que Giammattei tendrá una oposición vocal en el congreso.

Se espera que una mayoría conservadora de diputados intente nuevamente aprobar una polémica ley de amnistía que perdonaría a ex militares condenados por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil de Guatemala y evitaría que se enjuicie a los acusados de violaciones de derechos humanos.

Dados sus vínculos con el ejército, Giammattei probablemente apoyaría esa ley de amnistía.

Los jueces guatemaltecos que, con el apoyo de la CICIG, han encarcelado a ex militares y políticos corruptos y genocidas han enfrentado investigaciones infundadas contra ellos y amenazas a su seguridad. Lo mismo les ha sucedido a los activistas defensores de los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente.

Estos ataques al estado de derecho en Guatemala normalmente generarían críticas del gobierno estadounidense. Pero por el momento no reciben respuesta alguna, ni de la administración Trump ni del nuevo presidente electo de Guatemala.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Internacional

¿Cómo afrontar la inmigración? La respuesta parecer ser una gobernanza global

Juan Carlos Velasco, Investigador Científico del Instituto de Filosofía IFS-CSIC, hace un análisis de los puntos críticos de la inmigración y específicamente las zonas fronterizas, las cuales deben adoptar una forma no convencional para solucionar la crisis.

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En torno a la gestión de la movilidad humana se polariza la opinión pública en apasionadas discusiones. Aunque con frecuencia las percepciones priman sobre los datos contrastados, son debates que se refieren a una realidad ya presente, pero que adquirirá aún mayor relevancia en un futuro próximo. En un escenario de crecimiento de la población mundial, de agudas desigualdades económicas entre los países y de reducción de la superficie útil para la vida humana a causa del cambio climático, los flujos demográficos continuarán in crescendo.


Precisamente porque no caben muchas dudas acerca de la dimensión rigurosamente planetaria del asunto, sorprende que no se haya articulado aún un sistema supranacional de gobernanza de los movimientos transfronterizos de migrantes y refugiados que permita actuar de forma coordinada a nivel global. Como en tantas otras materias, aquí también se hace valer la evidencia de que no existen soluciones locales para problemas globales.

El problema de escala se agudiza por la vigencia de un marco estrictamente estatal –el denominado nacionalismo metodológico– que interpone obstáculos a la hora de avanzar en este terreno. El enfoque, como siempre, predetermina el tipo de medidas que se plantean y acaban poniéndose en práctica. Desde hace ya demasiado tiempo, los esfuerzos de los distintos países se dirigen a intentar contener los flujos y es ahí donde el cierre de las fronteras aparece para muchos como la solución mágica, por más que resulte completamente impracticable e inútil, además de profundamente insolidaria con los desheredados del planeta, esa parte no tan pequeña de la humanidad.

Estas políticas restrictivas pretenden dar respuesta a ansiedades y temores de los sectores más vulnerables de la sociedad receptora (que penan por acceder a unos recursos sociales cada vez más limitados). El precio no lo pagan los promotores de tales políticas, sino los inmigrantes, que acaban convertidos en el nuevo chivo expiatorio de las frustraciones internas. Este discurso demagógico - en el que prima el interés nacional por encima de cualquier otra consideración - resulta plausible en la medida en que la gestión de los movimientos migratorios por parte de los países de destino sigue siendo básicamente unilateral o, a lo sumo, bilateral. Los pocos mecanismos de coordinación multilateral existentes adolecen de inoperancia.

El Pacto de Marrakech


En este escenario, resulta alentadora la firma en Marrakech el pasado 10 de diciembre de 2018 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular por parte de más de 150 países, un pacto que previamente había sido acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata, no obstante, de un acuerdo internacional no vinculante en términos jurídicos y que en absoluto cuestiona la soberanía de los Estados en materia migratoria y de control de fronteras.

Pese a que el pacto tan sólo establece un marco para cooperar, varios países se han desvinculado del texto, que no cuenta con la firma de Estados Unidos, Israel, Australia, Chile ni la de nueve Estados de la Unión Europea. Esta renuencia de ciertos gobiernos indica también que, por poco valor que tengan estos acuerdos, siempre pueden tornarse en referencia crítica para medir las políticas que cada cual sigue.

El Pacto de Marrakech establece tan sólo una serie de vagos compromisos sobre derechos humanos y, en especial, sobre los derechos de los menores y los inmigrantes indocumentados. Se estructura en torno a veintitrés grandes objetivos, algunos tan genéricos como la cooperación para recopilar datos fiables sobre la materia (menos inocuo de lo que parece, sobre todo en tiempos en los que priman los bulos y la manipulación del lenguaje) o reducir las vulnerabilidades en la migración. Hay también obligaciones algo más concretas, como medidas para evitar la separación de las familias o usar el internamiento de migrantes exclusivamente como última opción.

Insuficiencias relevantes


Las insuficiencias del pacto son múltiples. La más relevante probablemente sea que se centra en los migrantes y deja fuera a los refugiados. Hoy en día, la práctica de la movilidad humana a escala global incluye ambas categorías, cuyos límites cada vez resultan más difusos, e intentar dar respuesta a una sola es un modo de legitimar un trato diferenciado, algo que difícilmente puede estar justificado cuando son la necesidad y la desesperación las que acucian tanto a unos como a otros, que yerran igualmente desprotegidos por el mundo.

Otra insuficiencia igual de relevante o más de este pacto es que no establece un marco global que permita articular canales regulares y previsibles para poder migrar. Si, como es el caso, las economías de los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera, un mínimo de pragmatismo exigiría que la migración no fuera obstaculizada, sino más bien encauzada. Es más, si los Estados no abren con determinación este tipo de vías, deberían ser consecuentes y no reprochar a nadie que haya llegado ilegalmente cuando nunca se le dio oportunidad de hacerlo regularmente.

La voluntad de cooperación que revela la firma del Pacto de Marrakech es digna de ser celebrada en la medida que constituye un paso en la dirección correcta, aunque sea insuficiente. Una gobernanza global de los movimientos internacionales de personas sólo será factible si se logra un acuerdo realmente vinculante que abarque todas las dimensiones de la movilidad humana, incluyendo tanto migrantes como refugiados. No menos decisivo será disponer de marcos claros, supervisados por una organismo supraestatal competente, que permita los movimientos transfronterizos y vele por el efectivo respeto de los derechos humanos de quienes los protagonizan, el eslabón siempre más débil.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Internacional

Bolsonaro amenaza de excluir a Brasil del Mercosur si gana el kirchnerismo en Argentina

El ministro de economía de Brasil había informado una salida del Mercosur si Argentina decidiera cerrar su economía.

Jean Muñoz Iturriaga

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REUTERS/Adriano Machado

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció que Brasil podría abandonar el Mercado Común del Sur (Mercosur), en caso que la oposición del kirchnerismo gane en las elecciones generales de octubre.


“No creo que vaya a seguir el camino de la democracia” y el libre comercio, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa al referirse del candidato presidencial Alberto Fernández.

Lo anterior se suma, que el ministro de Economía de Brasil ya había dado indicios de una salida del bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Bolsonaro mantiene fuerte su apoyo al presidente, debido a que "el mercado ha dado la señal de que no perdonará a la izquierda en Argentina de nuevo, los empresarios no invertirán hasta que no se resuelva la situación política allá".

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