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La encrucijada entre la ética y la inteligencia artificial

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La inteligencia artificial es una etiqueta compleja que tiende a generalizarse para aludir a cualquier capacidad mediante la que las máquinas pueden realizar tareas consideradas propiamente humanas. Se trata de un sintagma poliédrico en el que se suman fenómenos como el reconocimiento, la transcripción y la reproducción de la voz humana y los sonidos, del procesamiento del lenguaje y su generación, de la visión artificial y del reconocimiento automatizado de imágenes o de la voz, entre otros.


A todos ellos se añaden conceptos que salpican los artículos e informes de últimas tendencias, como el machine learning o aprendizaje automático, y el deep learning o aprendizaje profundo basado en la emulación de los sistemas del cerebro y la construcción de redes neuronales.

Estos términos confluyen mezclados con los datos a través múltiples formas: big data, data analytics, data visualization, data science y business intelligence, que hacen dificultoso, en muchos casos, vislumbrar sus usos y posibles aplicaciones en el mundo real y especialmente aclarar todos estos conceptos a la sociedad, poco versada en tecnología pero muy preocupada por cuestiones éticas, regulatorias, de privacidad y de transformación digital en todos los ámbitos.

Aunque el concepto de inteligencia artificial suena reciente, las tecnologías subyacentes a esta etiqueta llevan ya más de seis décadas en desarrollo. Hemos de remitirnos a 1950 para recordar la figura de Alan Turing, que en su artículo Computing Machinery and Intelligence, planteaba la pregunta: “¿Pueden las máquinas hablar como los hombres?”.

El Test de Turing

El Test de Turing sentó las bases del juego de la imitación de la máquina al hombre y pretendía analizar cuándo la máquina confundiría al ser humano emulando sus capacidades lingüísticas. Sobre los avances realizados en los años 50 de la mano de científicos como Marvin Minsky –fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology (MIT)– se han construido y mejorado muchos de los algoritmos que están en la base de nuestros sistemas de procesamiento de datos.

Sin embargo, la historia de la inteligencia artificial y de la tecnología aplicada al lenguaje ha estado llena de altibajos. Tras la revolución de Turing, los años dorados de la primera etapa se extendieron hasta 1975, época en la que los sistemas de procesamiento se basaban en algoritmos de reglas fundamentados sobre lógica, para pasar después a un invierno de silencio provocado por los límites del hardware, que volvería a gozar de auge a partir de los años 80 con la introducción del concepto de sistemas expertos.

Un segundo invierno llegó a finales de los años 80 y no ha vuelto a despertar hasta comienzos del presente siglo, pues con el cambio de milenio parece haber resucitado la moda de la inteligencia artificial. ¿Por qué?

Realmente no hay una sola razón sino la conjunción de varios factores que hacen que, para muchos, el actual sea el momento propicio de invertir, desarrollar y transformar la industria gracias a la transformación digital.

El primer revulsivo es la propia tecnología, pues nos encontramos en un momento en que las exponenciales mejoras, tanto a nivel de software –potencia y variedad de algoritmos, cantidad de código abierto u open-source, comunidades amplias de desarrollo…–, como de hardware –creación de máquinas potentes con unidades de procesamiento capaces de asumir la potencia de las multiplicidad de procesos en paralelo que requieren las redes neuronales–, han hecho posible que los procesos de analítica de datos que antes duraban horas, incluso días, arrojen resultados en tiempo real, utilizando espacios minúsculos y a muy bajo coste al alcance de cualquier usuario y desarrollador.

El segundo factor es la cantidad de datos masivos generados exponencialmente, de los cuales se calcula que un porcentaje de entre el 80 por ciento y el 90 por ciento no están estructurados. En 1992 el tráfico diario mundial de Internet era de 100 Gigabit/día y en 2015 ha pasado a ser de 15.000 millones de GB por día. Para 2020 se esperan alcanzar unos 44 zetabytes de datos diarios y, sin embargo, la realidad es que la mayoría de los datos que se producen no se analizan y los no estructurados –como el lenguaje– no se procesan.

Las tecnologías del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) podrían, en muchos casos, utilizarse para transformar estos datos no estructurados de tipo lingüístico en conocimiento y obtener valor añadido gracias a la clasificación, extracción y entendimiento de la información, que permitirán alcanzar las expectativas que el fenómeno del big data comenzó a prometer hace unos años.

Hay que añadir además un tercer factor, que es la proliferación de artefactos digitales, las denominadas “nuevas plataformas IoT (internet of things o internet de las cosas)”, que permiten a los usuarios interactuar constantemente con sus teléfonos inteligentes u ordenadores, pero mediante interfaces que en muchos casos van más allá de las tradicionales pantallas y se activan mediante la voz, como la tecnología ponible (wearables).

TELOS / Laura Pérez

Tecnologías del lenguaje

Las tecnologías del lenguaje se están convirtiendo en una de las áreas de mayor potencial dentro de la inteligencia artificial, gracias a su combinación con los sistemas tradicionales de Procesamiento del Lenguaje Natural basado en reglas.

Los algoritmos de PLN permiten lograr que la máquina interprete el texto más allá de una secuencia de caracteres binarios, convirtiéndolos en palabras, mediante procedimientos de lematización y stemming (agrupación de palabras de una misma raíz eliminando variantes de singular, femenino, tiempos verbales…), detección de estructuras sintácticas y funcionalidad de las palabras en la frase (POS o Part of Speech), desambiguación e identificación de referencias anteriores en el texto (en demostrativos, pronombres relativos, etcétera), y clasificación semántica utilizando diccionarios especializados (wordnets).

Para que estos funcionen, es necesario acompañarlos de una serie de librerías, gramáticas y diccionarios digitales asociados a cada lengua, que permiten que rápidamente el ordenador pueda codificar los términos existentes en un texto.

Entre los diferentes tipos de diccionarios, caben destacar también los denominados “corpus de polaridad”, que definen cada una de las palabras asociándolas a su carga semántica positiva o negativa, operación básica para poder detectar el proceso conocido como “análisis de sentimiento” que tan frecuentemente se utiliza en análisis de redes sociales –por ejemplo, para hacer minería de opinión en los debates políticos– o para medir la satisfacción de los clientes tras recibir un servicio.

Además de las reglas, otra de las técnicas que se ha empleado desde los años 80 es la aplicación de estadística al análisis lingüístico digital para detectar patrones y realizar inferencias a partir de los mismos. Estos sistemas funcionan en el momento que hay suficientes datos que permitan visibilizar la repetición de patrones mediante técnicas sencillas como el cómputo por frecuencia de palabras.

Nos encontramos ante un momento muy relevante en el que la inteligencia artificial y el lenguaje confluyen en el epicentro del debate, pues la eclosión de interfaces de voz en dispositivos, como los coches autónomos o los asistentes virtuales, ha creado la necesidad de mejora y de incorporación de los mismos a nuestro día a día, cuya funcionalidad es entender el lenguaje humano, procesarlo e interactuar en forma de voz y chatbots y asistentes virtuales como Alexa, Echo, Siri o Cortana.

Una gran brecha

Aunque a día de hoy, el mercado de la inteligencia artificial y específicamente de las tecnologías del lenguaje está dominado por las grandes empresas procedentes del mundo angloparlante –en el que las GAFAs: Google, Amazon, Facebook y Apple se baten con la competencia asiática para ostentar el liderazgo, y esto sin contar la gran competencia que se nos acerca por el sudeste asiático–, observamos que existe una gran brecha entre las soluciones angloparlantes y el resto de las lenguas, en un ámbito en el que en español son comparativamente mucho más débiles –menos de un 30 por ciento de facturación a pesar de ser el segundo idioma más hablado del mundo– y con un mercado muy fragmentado, tanto en empresas tecnológicas como en soluciones específicas aplicadas a la industria.

Nos encontramos en un momento de oportunidad, en el que algunos países de América Latina cuentan con grupos científicamente muy potentes que desarrollan soluciones competitivas en tecnologías del lenguaje de relevancia mundial, pero cuya implementación aún tendrá que realizar una importante transferencia al tejido empresarial para poder competir con uno de los grandes activos que puede ser el catalizador de nuestra competitividad en el ámbito de la inteligencia artificial: nuestra lengua, el español.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Salud

¿Por qué las farmacias piden receta para comprar un paracetamol?

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Pixabay

Muchos hemos recurrido al paracetamol en alguna ocasión para tratar algún dolor de cabeza, articular, por golpes o fiebre elevada. Este conocido medicamento pertenece al grupo terapéutico de los paraaminofenoles, y se caracteriza por sus efectos analgésicos y antipiréticos que calman el dolor y reducen la fiebre, respectivamente.

A diferencia del también muy empleado ibuprofeno, no posee propiedades antiinflamatorias. Esto limita su utilidad para el tratamiento de dolencias que cursen con inflamación como dolor de garganta, esguinces, y artritis, a pesar de las posibles creencias populares.

Este año se ha producido un gran revuelo sobre la aparente nueva necesidad de acudir al médico para conseguir una receta que permita comprar paracetamol en una oficina de farmacia. A continuación, descubriremos cuáles han sido las motivaciones y en qué consisten realmente las nuevas medidas de control sobre este afamado fármaco.

¿Qué peligros puede conllevar el uso de paracetamol?


Aunque el paracetamol goce de una elevada seguridad, avalada por los más de 30 años de experiencia desde el inicio de su aprobación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es importante tener en cuenta los peligros de un consumo superior a las dosis recomendadas.

Lo más habitual es tomar un comprimido o sobre (cuya composición en gramos puede variar) cada 8 horas, que coinciden aproximadamente con las tres comidas principales del día. Sin embargo, en dolores más acentuados se puede incrementar el número de tomas. Precisamente en estos casos debemos ceñirnos bien a lo que indique el médico o farmacéutico, o a lo que refleje el prospecto.

Debido a que el paracetamol se convierte en nuestro organismo en otro compuesto que puede ser muy dañino para el hígado, es muy importante saber que la dosis máxima que se puede ingerir dentro del margen de seguridad son 4 gramos. En la práctica equivaldría a tomar cuatro comprimidos de 1 gramo de paracetamol al día. Superada esta cantidad aumentaría de forma significativa la probabilidad de un fallo hepático que podría tener consecuencias fatales.

La importancia de la receta


En realidad, no es nada nuevo que un paciente deba acudir a la farmacia con receta para que le puedan dispensar paracetamol. La necesidad de disponer de la prescripción del médico depende principalmente de la dosificación y del número de comprimidos que contenga la caja.

Las presentaciones con comprimidos o sobres que contengan 500 o 650 miligramos de paracetamol o, de forma general, aquellas que contengan 1 gramo pero con un máximo de 10 comprimidos (salvo alguna excepción concreta), no necesitan receta.

Por el contrario, los medicamentos que contengan más de 10 comprimidos (habitualmente 20 o 40) de 1 gramo de paracetamol sí la requieren conforme a una normativa que entró en vigor en 2017.

¿Qué ha motivado las restricciones en farmacias?


Las cifras recientes indicaban una venta de las presentaciones de paracetamol que requieren prescripción médica muy superior a las recetas que se habían emitido. Este hecho sugería riesgos asociados a un uso indebido, especialmente por emplear dosis superiores a las que realmente son eficaces (500 o 650 miligramos) para la mayoría de dolencias en las que el paracetamol puede ser de ayuda.

Con el objetivo de evitar la aparición de efectos adversos asociados a la toma de dosis elevadas de paracetamol, las autoridades sanitarias decidieron incrementar la restricción a su acceso. De esta forma, no se exige al paciente que a partir de ahora aporte la receta (como si de un nuevo impedimento se tratase). Solo se asegura que lo haga conforme a la normativa que ya estaba vigente desde hace tiempo.

Este mayor control ahora se realiza gracias al nuevo Sistema Español de Verificación de Medicamentos, a pesar de que su objetivo principal es bien distinto al que nos atañe aquí.

Debemos ser racionales con el uso de los medicamentos


Es necesario recalcar que no siempre la mayor dosis de un fármaco va a ser la que controle los síntomas de forma más eficaz y segura. Ejemplos como el del paracetamol y el ibuprofeno evidencian la necesidad de hacer hincapié en conseguir una relación beneficio-riesgo adecuada. ¿Y esto qué implica? Seleccionar una pauta óptima. En otras palabras, una dosis, número de tomas al día y duración del tratamiento que permitan atajar eficazmente la dolencia y minimizar los posibles daños colaterales.

A pesar de ser muy evidente, no hay que dejar de insistir en la importancia de seguir siempre las recomendaciones del médico y farmacéutico para tomar paracetamol y cualquier medicamento a las dosis e intervalos de tiempo adecuados. Para ello, todos debemos ser coherentes y responsables y hacer un uso correcto, independientemente de si se requiere receta médica o no.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Política

"Una canallada inaceptable": la respuesta del senador Montes hacia el gobierno por dichos de Cecilia Pérez

Javier Negrete Yáñez

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esta imagen evidencia y facilita para el lector saber y conocer al involucrado en la noticia.

El senador Carlos Montes anunció que la bancada del Partido Socialista, en una reunión de ayer, decidieron suspender las relaciones con el Gobierno. Lo anterior, tras los dichos de Cecilia Pérez donde vinculaba al PS con el narcotráfico.

El acontecimiento se vio expuesto luego de que los socialistas evaluaran realizar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Quienes señalan, que hay una suerte de situación de abandono de deberes por parte de la ministra.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Montes mencionó que los hechos son una "canallada inaceptable" por parte del Gobierno, apuntando al mandatario de la república como gestor de esta ofensiva. El senador espera que el gabinete se retracte, especificando en que Piñera, si piensa lo mismo que Pérez, que lo diga abiertamente.

"Es propio de otro tipo de regímenes", explicó el parlamentario, luego de los dichos de una supuesta amenaza del Ministerio tras querer ejercer un derecho constitucional en contra de la secretaria de Educación. Por último sentenció de que este actuar no es democrático y no contribuye en la política de Estado.

El Partido Socialista ante estos acontecimientos analiza una acusación legal, donde ya tienen una aprobación de sus abogados, explicando que de igual modo sería un proceso extenso.

En consecuencia, los integrantes del Gobierno serán vetados por parte del conglomerado en instancias legislativas, no así los ministros.

Revisa los dichos de Cecilia Pérez en contra del Partido Socialista


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Internacional

Alejandro Giammattei: Corrupción e inseguridad son los retos del nuevo presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei es un ex director de sistema penitenciario cuyo mandato se vio empañado por el asesinato de siete prisioneros en 2006 durante una redada policial. Fue acusado, pero nunca enfrento cargos relacionados con esas muertes.

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CNN Español

El próximo presidente de Guatemala será Alejandro Giammattei, un derechista ex director del sistema penitenciario nacional.


Con el 58% de los votos, Giammattei venció a la ex primera dama Sandra Torres por 16 puntos en la segunda ronda de las elecciones de Guatemala el 11 de agosto. Fue su cuarta candidatura a la presidencia.

Como candidato, Giammattei habló de crear empleos y de luchar contra el crimen en este país centroamericano pobre y asolado por la violencia. Pero su campaña ofreció pocas propuestas políticas excepto adoptar mano dura contra las pandillas como la MS-13 que operan con impunidad en Guatemala, construir nuevas cárceles y restablecer la pena de muerte.

Giammattei aún no ha acordado implementar el polémico acuerdo reciente de su país con la administración Trump para evitar que los migrantes centroamericanos atraviesen Guatemala.

Entre los partidarios de Giammattei, de 63 años de edad, se incluyen ex militares, la extrema derecha, evangélicos y líderes empresariales — esencialmente el mismo electorado que llevó al poder al presidente saliente Jimmy Morales. Pero las encuestas sugieren que Giammattei ganó principalmente gracias a la extrema impopularidad de su oponente, que tiene un historial de acusaciones de corrupción.

Muchos guatemaltecos expresaron su temor de que, independientemente de quién ganara la segunda ronda, esta elección representaría el final de la década de lucha de Guatemala por erradicar la enorme corrupción gubernamental.

No habrá más justicia


Giammattei es aliado del presidente Morales, quien es objeto de investigación por financiamiento ilícito de campaña.

Su círculo de allegados de ex generales y miembros de la élite que han gobernado el país durante décadas también respaldaron al desacreditado ex presidente Otto Pérez Molina, quien renunció durante un escándalo en 2015 y fue encarcelado horas después por corrupción.

Giammattei está estrechamente ligado a los viejos grupos de inteligencia militar que han dominado la política guatemalteca entre bambalinas desde el fin en la década de 1990 de una sangrienta guerra civil que duró 36 años.

Su mandato como director del sistema penitenciario nacional se vio empañado cuando siete presos fueron asesinados en circunstancias sospechosas en 2006 en la prisión guatemalteca de Pavón, un sitio célebremente problemático.

Según los fiscales, los asesinatos los cometió un escuadrón de la muerte de la prisión que trabajaba dentro de las cárceles, con la aprobación explícita de los administradores, para exterminar la “escoria” de la sociedad y los “enemigos del estado”. Tres de los asesinos fueron condenados por asesinato en Guatemala por las muertes en las prisiones.

Giammattei fue acusado de conspiración, pero fue absuelto en 2013. El año pasado, un tribunal suizo de apelaciones condenó a su cómplice acusado, el ex director de la Policía Nacional, Edwin Sperisen, a 15 años de prisión por los asesinatos.

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverria

Una boleta anulada que demuestra el rechazo de los votantes a ambos candidatos presidenciales guatemaltecos, 11 de agosto de 2019. Reuters/Luis Echeverría

No se esperaba que Giammattei se convirtiera en el presidente de Guatemala.

Al principio de la contienda, la favorita era Thelma Aldana, la ex fiscal general de Guatemala, con un excelente historial en la lucha anticorrupción. Pero en mayo quedó excluida del proceso electoral por presunta malversación financiera. Eso llevó a Sandra Torres al primer lugar, y dejó a Giammattei en un distante segundo lugar.

Muchos consideraron que el dictamen contra Aldana tuvo motivos políticos.

Como fiscal general de 2014 a 2018, Aldana trabajó estrechamente con el panel anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas conocido como CICIG. Desde su creación en 2007, la CICIG ha enjuiciado a tres ex presidentes y a más de 600 altos funcionarios en Guatemala por varios delitos, desde lavado de dinero y malversación de fondos hasta lazos con el crimen organizado.

Cuando el presidente Morales expulsó al Comisionado de la CICIG a principios de este año, Aldana protestó vehementemente. Posteriormente, abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

Giammattei dice que continuará la lucha contra la corrupción endémica, pero se opone a la CICIG, la cual apoyó su enjuiciamiento en el caso de la prisión de Pavón. A pesar de un apoyo popular del 72%, la comisión se desintegrará en septiembre.

Giammattei no ha ofrecido ningún plan concreto para continuar la limpieza del gobierno de Guatemala. Sin los investigadores y fiscales de la CICIG, es poco probable que Giammattei saque el país del pantano de la cleptocracia, la violencia y la pobreza extrema que provoca que miles de guatemaltecos desesperados huyan a otros países cada año.

Problemas en el futuro, problemas en el pasado


Mediante el soborno, la coerción y la amenaza de violencia, los carteles criminales se han infiltrado en el gobierno de Guatemala en los últimos 20 años.

Una investigación de la CICIG reveló que la mitad del financiamiento de los partidos políticos proviene del crimen organizado y la corrupción. En el congreso de Guatemala, a los diputados corruptos, a quienes se les conoce por aceptar sobornos, se les conoce localmente como el “Pacto de corruptos”.

El bloque más grande en el congreso entrante, que asumirá el cargo el 1 de enero, será del partido Unidad Nacional de la Esperanza de Torres. Apenas 17 de los 158 diputados guatemaltecos pertenecen al Partido Vamos de Giammattei.

Un pequeño bloque de diputados procederá de un nuevo partido de centroizquierda llamado Semilla, el cual nominó a Aldana como su candidata a la presidencia. La presencia de Semilla garantiza que Giammattei tendrá una oposición vocal en el congreso.

Se espera que una mayoría conservadora de diputados intente nuevamente aprobar una polémica ley de amnistía que perdonaría a ex militares condenados por crímenes contra la humanidad durante la guerra civil de Guatemala y evitaría que se enjuicie a los acusados de violaciones de derechos humanos.

Dados sus vínculos con el ejército, Giammattei probablemente apoyaría esa ley de amnistía.

Los jueces guatemaltecos que, con el apoyo de la CICIG, han encarcelado a ex militares y políticos corruptos y genocidas han enfrentado investigaciones infundadas contra ellos y amenazas a su seguridad. Lo mismo les ha sucedido a los activistas defensores de los derechos humanos y a los defensores del medio ambiente.

Estos ataques al estado de derecho en Guatemala normalmente generarían críticas del gobierno estadounidense. Pero por el momento no reciben respuesta alguna, ni de la administración Trump ni del nuevo presidente electo de Guatemala.The Conversation

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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